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La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal denunció el miércoles 4 de septiembre que al menos 12 detenidos en Amazonas fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como cárcel de Tocorón.

Onal Ortiz, coordinador de derechos humanos de pueblos indígenas de Foro Penal, informó que entre los 12 amazonenses detenidos en las protestas poselectorales, seis son indígenas.

Nosotros abogamos por la libertad y por la garantía de sus derechos humanos, ya que nuestros hermanos indígenas tienen prerrogativa de derechos fundamentales y, como indígenas, el cual se le han sido violados”, expresó Ortiz.

Entre los detenidos que fueron trasladados se encuentra Henry Gómez, abogado y defensor de derechos humanos de pueblos indígenas.

De acuerdo con la información, con este traslado aumenta a siete el número de indígenas recluidos en la cárcel de Tocorón.

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Ortíz calificó la detención de los amazonenses como un “acto arbitrario” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, además exigió que se les garantice el debido proceso y se resguarde su integridad.

Al menos 700 presos políticos fueron trasladados a Tocorón y Tocuyito

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 31 de agosto que al menos 700 presos políticos en protestas poselectorales fueron traslados a la cárcel de Tocorón, en Aragua; y al Centro Penitenciario de Carabobo (Tocuyito) por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

“Observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales”, señaló el OVP en nota de prensa.

Además, el OVP indicó que el 25 de agosto recibió denuncias sobre el presunto traslado de detenidos al Internado Judicial Capital Yare III (estado Miranda), donde les habrían cortado el cabello y uniformados con franelas y pantalones azules.

“Posteriormente fueron trasladados en al menos 14 autobuses hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como Fénix Carabobo, y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito”, afirmó la organización.

El OVP también registró el 27 de agosto traslados de detenidos desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco, en el estado Zulia, y desde el Dirección de Investigaciones Penales de la PNB, en Barinas, hacia las cárceles de Tocorón y Tocuyito. 

Sumado a esto, la ONG documentó otras reubicaciones desde centros penitenciarios de Nueva Esparta, Táchira y Apure el 30 de agosto.

86 adolescentes excarcelados

El 1° de septiembre de 2024, distintos organismos defensores de derechos humanos reportaron la excarcelación de 86 adolescentes detenidos durante las protestas postelectorales que se registraron desde el 29 de julio. 

Se conoció que los adolescentes excarcelados tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años de edad (74 hombres y 12 mujeres).

Foro Penal reportó 429 detenidos y 11 muertos en el contexto de las protestas desde el 29 de julio
Foto: EFE

Violaciones a los derechos humanos

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado en reiteradas ocasiones que a los detenidos durantes las protesta poselectorales no les realizaron chequeos médicos físicos y psicológicos.

También alertaron que las autoridades los mantienen aislados y no les permiten comunicación con sus familiares o abogados privados.

“Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones será”, detalló la organización en sus redes sociales.

Asimismo, la ONG enfatizó su preocupación por el traslado irregular de los detenidos, debido a que los familiares no fueron debidamente notificados y se enteraron de la reubicación cuando les llevaron comida al centro penitenciario.