SOS Orinoco pidió que se renueve el mandato de la Misión de la ONU sobre Venezuela
- La ONG destacó que su labor debe continuar en el país debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos
03 · 09 · 2024
La organización no gubernamental (ONG) SOS Orinoco se pronunció el 3 de septiembre para pedir que se renueve el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que su mandato vence en septiembre de 2024.
“Hay que renovar la misión por las víctimas y los abusos ambientales en el sur de Venezuela”, se puede leer en el mensaje publicado por SOS Orinoco en X (Twitter).
Se trata de la segunda ONG que realiza esta solicitud a través de la redes sociales luego de que Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) hiciera un llamado el lunes 2 de septiembre.
La organización indicó que la labor de la misión fue “crucial” por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y de los pueblos indígenas en el Arco Minero. “El propio informe decía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. SOS Orinoco demostró que la política minera criminal de Nicolás Maduro sigue expandiéndose y fortaleciéndose”, se lee en el pronunciamiento.
La ONG compartió un video en el que Cristina Burelli, defensora de los Derechos Humanos y directora de SOS Orinoco, expresó que los pueblos indígenas en Venezuela están atrapados entre los “grupos armados organizados y las fuerzas de seguridad del estado”. Burelli indicó que la misión ha comprobado que esta población es víctima de violencia sexual, tortura y trabajo forzoso.
“Todo esto fue documentado por la misión en un informe que se enfocó en el Arco Minero y en ciertas regiones del estado Bolívar. Pero ese mismo documento concluye que hay mucho trabajo por hacer todavía y por eso es tan importante que se renueve la misión para Venezuela”, manifestó la defensora de DD HH.
La petición de Provea sobre la Misión de la ONU en Venezuela
Por su parte, Provea argumentó que el trabajo de la misión “ha sido clave para denunciar cadenas de mando, el control judicial, centros de tortura, Arco Minero y más”.
“Su mandato es más necesario que nunca porque la represión en Venezuela sigue”, escribió Provea en su cuenta oficial de X (Twitter).
La ONG precisó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe renovar la misión debido a la denuncias de violaciones de DD HH que, a su juicio, siguen ocurriendo en el país. Además, advirtieron que la sociedad civil está en riesgo por la aprobación de una “Ley Anti ONG de la Asamblea Nacional”.
“La Misión debe ser renovada por las víctimas, por la verdad, por la memoria y por la justicia”, cierra el comunicado.
Pronunciamientos de la Misión de la ONU sobre la situación en Venezuela
El 22 de agosto, la Misión de la ONU alertó sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela.
El organismo denunció que ambas instituciones han desempeñado un papel “dentro de la maquinaria represiva del Estado”.
“El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”, destacó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El 12 de agosto, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela publicó un comunicado para exigir al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El organismo describió que “las protestas en la calle y en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado”. En el texto, la Misión señaló que estas acciones ordenadas “desde sus más altas autoridades” han “creado un clima de temor generalizado”.
El panel de expertos también alertó que lleva un registro de 23 muertes en el contexto de protestas poselectorales y, advirtió, que la gran mayoría de las víctimas sufrieron “disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto”.
En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años de edad. “Las muertes denunciadas durante las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, dijo Marta Valiñas.
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