Terrorismo de Estado en Venezuela: informe documenta atropellos del gobierno de Maduro tras elecciones
El informe Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela, elaborado por la organización Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, revela que en el país hay terrorismo de Estado y que los atropellos a ciudadanos por el gobierno de Nicolás Maduro se han intensificado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Al menos 21,7% de los artículos de la Constitución venezolana han sido derogados por el gobierno, erosionando ampliamente la institucionalidad democrática y llevando a que no se puedan ejercer los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación, entre muchos otros, según un análisis del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina y las organizaciones que acompañaron este trabajo cuyo subtítulo es «El informe negro de la dictadura 2024″, en referencia al libro que editó de manera clandestina el periodista y escritor venezolano José Agustín Catalá en 1952.
El documento señala que antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, 169 personas fueron detenidas de manera arbitraria por razones políticas. Uno de estos casos es el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
El informe destaca que las condiciones en las que se desarrolló el proceso electoral en Venezuela no fue transparente o justo. Cerca de 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo.
Contexto de terrorismo de Estado en Venezuela se intensificó tras las elecciones
Después del 28 de julio,“la movilización popular en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos duros y blandos, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, destaca el documento.
“Para neutralizar a corto plazo las protestas, las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres”, indican las principales cifras del documento.
El informe señala que preocupa el patrón de detenciones de corta duración, la negativa a los detenidos de ser representados por sus abogados de confianza, la aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios y la privación de libertad en perjuicio de adolescentes y personas con discapacidad.
También se destacan las detenciones de miembros de otros movimientos de la oposición. Es el caso del yaracuyano Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia, arrestado el 28 de agosto en Caracas junto con su hijoJesús Pilieri y otras dos personas. El 29 de agosto fue allanada su casa, negocios familiares y otros bienes en los municipios Bruzual y Paez. Esta sería la segunda detención arbitraria que vive él y su familia, porque hace más de 15 años también había sido privado de libertad cuando era concejal en Chivacoa.
Piden a la comunidad internacional ejercer presión ante atropellos en Venezuela
El informe de 132 páginas, que detalló los motivos por los que se considera que hay terrorismo de Estado en Venezuela, se dirige a la comunidad internacional para que mantenga los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas, sin obviar el reconocimiento individual de los responsables de violaciones de derechos humanos.
“Se pide la inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025; que las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de nombrar y avergonzar a los violadores de derechos humanos de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción y, finalmente, que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones de los derechos humanos”, concluye el documento.
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