-- Publicidad --

La organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el 17 de octubre el informe Derechos políticos de la población reclusa venezolana, en el cual se denuncia la falta de garantías para que las personas privadas de libertad puedan ejercer el voto, considerado un derecho humano fundamental.

El estudio determinó que, de 42.863 privados de libertad, solo el 9,21 % tuvo derecho al voto en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Humberto Prado, director de la ONG, explicó que el Estado venezolano solo se dispusieron 18 de 38 centros de votación (47,36 %) en las prisiones de todo el territorio nacional. 

La organización expresó su preocupación por la falta de información sobre el 52,64 % restante y la omisión de datos públicos, como la cantidad de personas privadas de libertad con derecho al voto. Destacaron que la ley permite a los detenidos en espera de juicio sufragar, ya que la presunción de inocencia es un principio clave de la justicia.

La ley no permite a los reclusos que están sentenciados sufragar.

“La reclusión lamentablemente se confunde, una persona privada de libertad no pierde el derecho al voto mientras se investiga si es culpable o inocente. Sus derechos se mantienen intactos hasta que la sentencia quede firme”, dijo el defensor de derechos humanos. 

-- Publicidad --

Falta de acceso a información de la población reclusa en Venezuela

Subieron a 51 los centros de reclusión en Venezuela que se sumaron a la huelga de hambre
Foto: EFE

Humberto Prado también destacó que en los comicios electorales, las autoridades en materia penitenciaria y electoral no ofrecieron a tiempo información sobre el número de reclusos habilitados para votar. Tampoco, de acuerdo con los datos del informe, la ONG no logró conocer si se llevaron a cabo jornadas de actualización de datos ni cómo se gestionó la logística de los traslados de los reclusos a los centros de votación, en caso de requerirlo. 

Además, la organización no obtuvo datos sobre el proceso de votación en los centros de detención preventiva, los cuales están colapsados por hacinamiento.

“Es triste ver cómo el Estado venezolano viola los derechos de las personas privadas de libertad. El 28 de julio, las declaraciones del ministro del Servicio Penitenciario (Julio García Zerpa) dejaron mucho que desear, no hubo garantía del derecho al voto como un derecho humano”, agregó Prado. 

La OVP resaltó que no se han adoptado medidas concretas para garantizar el acceso efectivo de los derechos de la población reclusa al voto, por lo que alegan “poca voluntad de conformar un sistema penitenciario humanista y con respeto a los derechos humanos de los internos”.

Un llamado antes de las elecciones presidenciales en Venezuela

OVP denunció trabas en las cárceles venezolanas para la liberación de presos con boletas de excarcelación
Foto: Pixabay

El 10 julio de 2024, Humberto Prado solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizar el voto a la población penitenciaria que no tiene sentencia, cuando faltaban 18 días para las elecciones presidenciales.

El director general del OVP explicó a EFE que las personas que no tienen sentencia representan el 70 % de la población que está en las cárceles y el 85 % de los que están en “los calabozos”, por lo que pidió al CNE garantizar para esta población el derecho al sufragio, ya que al estar presos se encuentran en “una condición vulnerable”.

El defensor de derechos humanos recordó que la Constitución establece que el voto “es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto” y determina que el Estado debe garantizar a todas las personas el “ejercicio de los derechos humanos”, que incluye la participación política, sin discriminación.

Además, enfatizó que el Estado venezolano “debe garantizar” a los reclusos no condenados “el disfrute y goce de sus derechos”, por lo que debe “implementar medidas para garantizar el derecho al voto”.

“De lo contrario, se estaría yendo en contra de los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan a Venezuela como un país democrático y social de Derecho y de Justicia”, concluyó el vocero.