Un grupo de familiares de los detenidos en el contexto poselectoral protestaron el 17 de octubre afuera del Centro Penal de Tocuyito, en Carabobo, para denunciar las malas condiciones en las que se encuentran los presos y para exigir su liberación. 

La organización no gubernamental (ONG) Una Ventana a La Libertad reseñó que la madre de uno de los detenidos indicó que los privados de libertad tienen cuatro días que no toman agua y no tienen productos de aseo personal. “Mi hijo me dijo: ‘mamá, quiero agua’”, denunció. 

“No tienen jabón, no tienen desodorante, no tienen nada de aseo personal y no permiten que los familiares les pasen nada. No permiten ni pasarle un caramelo”, indicó.

Además, una de las madres sostuvo que aunque pudo ver a su hijo, quien le dijo que ya no le daban comida con gusanos, los alimentos que le ofrecen siguen estando en mal estado. 

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Familiares protestaron para denunciar las malas condiciones de los detenidos en el contexto de la crisis poselectoral

Violaciones al derecho del debido proceso

Una Ventana a La Libertad señaló que en el estado Cojedes los abogados privados y de organizaciones de derechos humanos han denunciado que a los detenidos se les viola el debido proceso y no se permite que tengan una defensa de confianza.

A los detenidos se les impone un defensor público que no muestra las pruebas y documentos entregados por los familiares.

El 13 de octubre, la ONG denunció que la situación de los presos es delicada y compleja, debido a que la suspensión de audiencias genera un retardo procesal que afecta gravemente sus derechos y la posibilidad de un juicio justo.

Los familiares manifestaron que a muchos de los presos políticos que están en el Complejo Penitenciario Carabobo (penal de Tocuyito) les están cambiando la fecha de la audiencia hasta en 7 y 10 días. 

Aunque a algunos le están retardando la audiencia, a otros se las adelantan. “A mi sobrino le tocaba el 25 de octubre y ahora se la pasaron para el 18. Esto nos tiene en una corredera con la cuestión de los documentos”, expresó un familiar. 

Audiencias de madrugada

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en el Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como la cárcel de Tocorón, realizaron audiencias de madrugada a los detenidos arbitrariamente durante las protestas poselectorales.

“Los han estado coaccionando para que admitan los hechos, pero ellos están muy claros: nadie puede declararse culpable de un delito que no han cometido y que tampoco tienen pruebas”, dijo uno de los familiares de los detenidos al OVP en una nota publicada en su página web el 12 de octubre.

De acuerdo con la organización no gubernamental (ONG), en este centro penitenciario se encuentran 952 presos políticos. 

El OVP aseguró que las presiones para que los privados de libertad confiesen son por parte de los funcionarios de la cárcel. Las autoridades les aseguran que una confesión les rebajaría la pena.

Familiares exigen información sobre el paradero de los presos que fueron trasladados desde la cárcel de Tocuyito 
Foto: EFE

Presiones y amenazas a los presos

La ONG Provea informó el 11 de octubre que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP) les ha imputado sin pruebas” y “sin garantías” al “debido proceso”, según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.

A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”, incluso -agregó la ONG- mediante “el sometimiento a torturas y tratos crueles”, que incluyen “golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.

Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.

Las personas detenidas, señaló Provea, están siendo “acusadas de terrorismo”, un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.

Tras las elecciones presidenciales, más de 2.400 personas fueron detenidas, según cifras del Ejecutivo, en contexto de protestas masivas suscitadas contra el resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador a Nicolás Maduro.