martes, 12 de noviembre de 2024

Cómo descubrí que me robaron al nacer

 

Cómo descubrí que me robaron al nacer

Thyden González es abogado y fundador de Grafting Hope, una organización sin fines de lucro que trabaja para obtener reparaciones para las víctimas de adopciones ilegales.

Durante 42 años, mi madre pensó que yo había muerto.

Yo, como otros miles de niños chilenos, fui robado al nacer. Nací en un hospital público de Santiago el 31 de octubre de 1980. Mi madre recuerda a los miembros del personal diciéndole que tenía ictericia y que había que ponerme en una incubadora. Antes de que pudiera escogerme un nombre o tomarme en sus brazos, me separaron de ella. Más tarde le dijeron: “Su hijo ha muerto. Puede irse”.

Lo que ella no sabía era que me habían llevado a un orfanato estatal situado a pocas manzanas del hospital. El plan era sencillo: los traficantes sacaban a los bebés de los hospitales y luego creaban documentos fraudulentos para someter a los niños a adopciones ilegales. Los bebés eran entregados a agencias de adopción y adoptantes privados, que rara vez se aseguraban de la legitimidad de su situación. Cuando tenía dos años, me adoptó del orfanato una pareja de Virginia, quien no sabía que me habían robado. Mi madre y mi padre estadounidenses me ofrecieron una educación, un hogar y una familia cariñosa. Pero fui despojado de mi lengua, mi cultura y mis raíces indígenas. Me asimilaron y me dieron la nueva identidad de un niño estadounidense llamado Jimmy.

Algunas personas leerán esta última frase y pensarán: “Deberías estar agradecido. Probablemente, tuviste una vida mejor”. A menudo se espera que las personas adoptadas estén agradecidas. Pero esto no se trata de dar una vida mejor a un niño adoptado, sino de robar niños.

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Bajo la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado chileno promovió las adopciones internacionales como forma de reducir los índices de pobreza. Pinochet no solo era un dictador, era profundamente clasista, y su administración trató de mejorar la posición económica de Chile a costa de la clase económica más baja del país. Como parte de este objetivo, una red nacional de jueces, abogados, proveedores de atención médica y miembros del clero frecuentaba iglesias, hospitales y centros de acogida de mujeres para llevarse a los bebés de mujeres pobres e indígenas, a menudo solteras y marginadas, como mi Mamá.

Las adopciones internacionales ahorraban dinero al gobierno, en comparación con el costo de mantener a las familias empobrecidas, o al menos eso pensaban. Algunos adoptantes llegaron a pagar a las agencias de adopción decenas de miles de dólares por un niño, y muchos de ellos fueron colocados en Europa y Norteamérica. Según informes del poder judicial chileno obtenidos por The Associated Press, hubo unos 20.000 casos de adopciones delictivas en total. Pero organizaciones de la sociedad civil estiman que podría haber habido hasta 50.000 niños y recién nacidos traficados fuera de Chile entre las décadas de 1950 y 1990.

En julio de 2024, presenté una demanda contra el Estado chileno en nombre de todas las mamás y sus hijos desaparecidos, por considerar que el gobierno violó los derechos humanos de ambos. Pido al gobierno chileno que reconozca el daño que causó, que establezca una comisión de la verdad para identificar a todas estas víctimas y que reconozca la ciudadanía de los adoptados y sus descendientes.

Como a otros bebés chilenos, los traficantes me dieron un nombre falso para sacarme del país. Debido a la diferencia de nombres en mi documentación chilena falsa y en mis documentos de adopción estadounidenses, me dijeron que no podía obtener la ciudadanía chilena con la identidad que utilizo hoy. Después de lo que nos hizo pasar el Estado, los adoptados deberíamos ser reconocidos por el nombre que elijamos y recibir los beneficios de la plena ciudadanía chilena, como cualquier otra persona nacida en ese país.

Las adopciones falsificadas estaban ocurriendo en Chile y en otros países, como Corea del Sur y Colombia. Como respuesta a los problemas humanos y legales de las adopciones internacionales, en 1993 se creó un tratado internacional, el Convenio de La Haya sobre Adopción. El tratado estableció un grado adicional de protección para los adoptados internacionales, con el fin de garantizar el derecho del niño a crecer en un entorno familiar afectuoso. También pretendía impedir la venta y el tráfico de niños. Pero, al igual que otros tratados, el acuerdo no puede obligar a ningún país a firmarlo, por lo que la mayoría de ellos se regulan por sí mismos. Hasta la fecha, más de 100 países han firmado el convenio. Entre 1948 y 2019, las adopciones internacionales representaron alrededor de 1,1 millones de niños en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se han adoptado más de 300.000 niños internacionales desde 1989.

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Empecé a descubrir la criminalidad de mi adopción en 2011, después de que mi madre estadounidense, a quien llamo Mom, me diera mis registros de adopción. Siempre había oído la misma historia que mis padres creían cierta: Mamá —posiblemente demasiado joven o sin recursos suficientes— me dio en adopción en Chile, y acabé en Estados Unidos. Pero cuando leí mis papeles, noté discrepancias. Un documento decía que nací en un hospital de una madre conocida; otro decía que “no tenía familia viva”. Durante años, esto me molestó, pero no indagué más. Para averiguar la verdad, habría tenido que viajar al propio Chile, cuyo idioma y costumbres desconocía. Doce años después, mi mujer me envió un artículo sobre un hombre, también adoptado en Chile. Pero no había sido adoptado legítimamente: era un niño robado. Su historia era demasiado parecida a la mía como para ignorarla.

En 2023, envié mi ADN y mis documentos de adopción a Nos Buscamos, una organización chilena sin fines de lucro que ayuda a reunir familias como la mía. La organización me dijo que el abogado cuyo nombre figuraba en mis documentos de adopción era un famoso traficante chileno. Nos Buscamos me aconsejó que enviara mi ADN a MyHeritage, una plataforma que suministra kits de ADN a mujeres en Chile. Mi ADN coincidía con el de la prima de mi madre, quien había enviado su ADN a la base de datos de la empresa. Cuando me puse en contacto con ella y me enteré de la falsa historia que le contaron a Mamá después de mi nacimiento, se deshicieron 42 años de mentiras. Mis padres estadounidenses se enteraron de que los habían engañado con una adopción ilegal. Mamá se enteró de que le habían robado a su bebé y yo me enteré de que me habían robado a mi familia en Chile. En agosto, mi mujer, mis hijos y yo —el niño “sin familia viva”— volamos a Chile, donde conocimos a Mamá, a mis hermanos, a sus familias y a mis parientes. Tenía una gran familia.

Tras nuestro reencuentro, me di cuenta de que nadie estaba trabajando para reparar a estas mamás y a sus hijos desaparecidos, y pasé a la acción. Ahora colaboro con el bufete chileno Colombara Estrategia Legal para luchar por las reparaciones del gobierno basándome en que el Estado chileno no protegió a sus bebés y mujeres.

Aunque hace tiempo que es de dominio público que durante la dictadura chilena se produjeron adopciones fraudulentas, no se ha tomado ninguna medida significativa para identificar a todos los adoptados internacionales. En un discurso pronunciado durante la presentación del informe anual 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, el presidente Gabriel Boric reconoció que estos hechos habían tenido lugar y que merecían una investigación más profunda. Pero a pesar de esto y de una reunión a la que asistí con él el año pasado, Boric no ha reconocido la culpabilidad del Estado en la perpetración de estas adopciones ilegales. Durante una visita en julio de 2024 a Suecia, donde los padres también adoptaron involuntariamente a niños chilenos víctimas de la trata, Boric y el ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero Vega, se reunieron con el primer ministro del país. Acordaron que Chile y Suecia trabajarían juntos para investigar estos actos, pero Estados Unidos no ha hecho ningún esfuerzo en este sentido.

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A través de mi demanda, espero situar estos crímenes en un escenario más amplio. Me han perjudicado a mí y a otras innumerables personas adoptadas. El gobierno chileno permitió que mi Mamá creyera que yo había muerto durante 42 años. Ahora todos sabrán que yo, y todos los demás niños desaparecidos, estamos muy vivos.

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