“Nunca debieron estar presos”, es la afirmación que se repite en parte de las reacciones ante los procedimientos que se iniciaron ayer, dos días luego de la dolorosa muerte de Jesús Manuel Martínez Medina por falta de atención médica oportuna.
Con Martínez Medina, preso desde el 29 de julio por el “delito” de haber sido testigo de electoral el 28J, son 20 las personas que han muerto bajo custodia del Estado desde 2015.
Se espera que este domingo continúe la salida de otros presos políticos de las cárceles, proceso que también coincidiría con la presencia de una comisión técnica de la Corte Penal Internacional en el país, según fuentes de El Pitazo.
Pero para no perdernos en estos malabares gubernamentales -excarcela por un lado y encarcela por el otro- recordemos que antes de estas excarcelaciones, cuyas condiciones se desconocen, la cifra de presos políticos en Venezuela sumaba 1.976, de los cuales 1.848 fueron detenciones tras las protestas poselectorales, de acuerdo con el balance hasta el 11 de noviembre de Foro Penal.
Un dato que no escapa a los ojos de organizaciones como Amnistía Internacional, cuya secretaria general, Agnès Callamard, sostiene que Venezuela va de mal en peor en materia de derechos humanos.
Mucho menos a los de Provea, donde tienen retratado de cuerpo entero al fiscal Tarek William Saab. Oscar Murillo, coordinador de la ONG, precisa que el funcionario insiste en calificar de “terroristas” y “criminales” a los detenidos para estigmatizarlos y deshumanizarlos, lo que contribuye a la negación de sus derechos.
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