Sebastiana Barráez | Las excarcelaciones son el comodín de Nicolás Maduro para bajar la presión y desviar la atención ante la muerte de un preso político
Las excarcelaciones son el comodín de Nicolás Maduro para bajar la presión y desviar la atención ante la muerte de un preso político
Las detenciones le han permitido al régimen en Venezuela usar a los presos como fichas de canje, de chantaje, de miedo y amenaza
Con Nicolás Maduro Moros no solo regresaron las cárceles abarrotadas de presos políticos, como la época de los dictadores Juan Vicente Gómez Chacón y Marcos Evangelista Pérez Jiménez.
Con la revolución madurista, también regresaron los presos con grilletes, a lo que se suma las modernas audiencias telemáticas.
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Más que presos son rehenes, aunque sean adolescentes, extranjeros o nacionales, mujeres, ancianos, hombres, todos son un elemento de canje, negociación o distracción para el régimen venezolano.
No salen en libertad plena, sino con medidas de presentación y bajo amenaza de que no pueden hablar en medios o redes sociales.
Los privados de libertad cuando son trasladados desde sus celdas al Palacio de Justicia en Caracas, los llevan con gruesas y oxidadas cadenas, mientras que funcionarios, portando armas largas, los conducen por los pasillos, con una barra de hierro donde anclan las cadenas.
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A la degradante escena se suma que el detenido pasa todo el día en la sede judicial, sin que le suministren alimentos.
El régimen venezolano convirtió en regla lo que, antes del Covid 19, era una excepción; las audiencias o declaraciones telemáticas.
Hay detenidos que están en el interior del país, pero su juicio lo lleva un juez en Caracas. Muchos de esos presos no saben el nombre ni cómo es el rostro del fiscal, del defensor público y el juez, ni siquiera si realmente son los funcionarios que dicen ser.
Los presos políticos en Venezuela están en total indefensión, violándoles el derecho a la defensa y al debido proceso, prohibiéndoles tener abogados de su confianza, imponiéndoles defensores públicos que obedecen órdenes de sus superiores, sin acceso a los expedientes.
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Son por lo menos 10 años de una secuencia de presos políticos con denegación de justicia, muchos de ellos torturados, sin derecho a ser juzgados por sus jueces naturales, desde que pasaron de que los juzgara tribunales militares a los creados como Tribunales de Terrorismo.
Las detenciones le han permitido al régimen en Venezuela usar a los presos como fichas de canje, de chantaje, de miedo y amenaza. Lo ocurrido desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, disparó la cifra de presos políticos; lo que se ha vivido con los detenidos por causas políticas, algunos totalmente inocentes, solo para sacarlos del juego político o neutralizarles sus derechos, lleva más de una década.
La estrategia de usar presos como fichas de negociación, le permitió al régimen madurista que EEUU liberara a los narcosobrinos y al comerciante colombiano Alex Saab, a cambio de estadounidenses presos.
Se le agrega la excarcelación no plena de detenidos que atrae la atención pública cuando el gobierno venezolano requiere bajar la indignación popular o distraer al país, como ocurrió con la muerte por negligencia y falta de atención médica del testigo electoral Jesús Manuel Martínez Medina “Manolín”, quien estaba bajo custodia policial en Anzoátegui.
Es escalofriante la cifra de presos políticos, que solo desde el día de las elecciones presidenciales, cuenta cerca de dos mil personas. Venezuela tiene la mayor cantidad de presos políticos del continente.
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Si bien es cierto que, para el momento de su detención, el 29 de julio, tras haber sido testigo electoral en las elecciones presidenciales, Martínez Medina padecía de diabetes y problemas cardíacos, también lo es que su condición se agravó por la falta de atención médica.
De nada sirvió que la coalición de oposición Plataforma Unitaria, el exfiscal Zair Mundaray y dirigentes políticos como Eduardo Battistini, reclamaran semanas antes que a Manolín se le estaba complicando el cuadro de salud y urgía que su pierna fuera atendida.
Nadie respondió, ni el fiscal, ni el defensor del Pueblo, ni el Juez ni las autoridades policiales, mucho menos el Ministerio del Interior.
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Martínez Medina sufrió un deterioro de la salud, que lo descompensó, mientras las autoridades se negaban a trasladarlo para atención médica, con la excusa que esperaban la orden del Tribunal; cuando tardíamente lo llevan al Hospital ya tenía gangrena en su pierna y no podían amputársela hasta que no se estabilizara. Murió el pasado 14 de noviembre.
Las reacciones no se hicieron esperar. Voces políticas, dentro y fuera del país, venezolanas y extranjeras, hicieron duras críticas y denunciaron que el régimen venezolano no solo desplegó una brutal represión, sino que ha negado la justicia y violentado los derechos humanos de los detenidos hasta llevar a Martínez a la muerte.
Liberen algunos
Al día siguiente de la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina, y en el intento de bajar la presión pública, el fiscal Tarek William Saab Halabi emitió un comunicado asegurando que el extestigo electoral “contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”, sin agregar que su traslado al hospital, el 11 de octubre, fue tardío y no le permitieron que fuera llevado a una clínica privada para que le hicieran un examen médico necesario ya que la situación de equipos del hospital Luis Razetti, estado Anzoátegui, es precaria.
La muerte de Manolín siguió siendo noticia, más protestas de familiares por la suerte de sus seres queridos tras las rejas. Nicolás Maduro recurre entonces al comodín de los presos políticos y dice, el lunes 11 de noviembre, en su programa semanal de televisión: “Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia”.
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De inmediato, y para no reconocer que cumple una orden de Maduro, el fiscal Saab Halabi dijo que había pedido ante los tribunales revisar 225 casos de los detenidos después del 28J, agregando que eso se hizo “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios”.
Desde ese momento se desató la expectativa por quiénes serían los 225 liberados de los casi dos mil detenidos.
Diosdado Cabello dijo dos días después, en su programa de televisión en el canal de propaganda del Estado, y en alusión a los adolescentes detenidos:
“Ahí están presionando con los presos políticos, con esos niños que están detenidos. ¿Dónde estaban sus padres el 29 y 30 de julio? Se preocupan ahora, pero debieron hacerlo antes”.
Solo algunos por cárcel
La estrategia aplicada para la liberación de presos políticos disminuye la corriente de opinión por la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina.
Es solo la puerta giratoria funcionando como comodín; liberan a unos mientras se preparan para encarcelar a otros.
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La ONG Foro Penal ha dicho que entre los detenidos después del 28 de julio hay 116 adolescentes, 170 mujeres, 14 indígenas y 16 personas con alguna discapacidad.
Entre los liberados hay un joven y una mujer, ambos con doble nacionalidad venezolana y española, cuyos nombres no se dieron a conocer, pero siguen en prisión los dos españoles que habían sido acusados de terrorismo y de quienes el Ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que eran parte de un plan para asesinar a Nicolás Maduro; ellos son Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos.
Sacan un poquito de cada cárcel, sea Tocuyito en el estado Carabobo, Tocorón en el estado Aragua, el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
Veamos los nombres de 47 de los liberados hasta ahora, que aún no llegan a la cifra de 225:
Alejandro Castro, municipio Francisco Linares Alcántara. Su hermano permanece en El Helicoide.
Alexander Fuentes.
Alex González.
Alexis Piñero.
Andrés Ricardo Bohórquez.
Ángel Moreno.
Bladimir L. Piñero.
Carlos Enrique Chile.
Carlos Peroza.
Carlos Suárez Bellorín.
Cristian Morillo, del estado Apure.
Cristian Pérez.
David Sanoja.
Domingo Rodríguez.
Edekis García Contreras.
Eduardo Cadorca.
Eduberlys David Pérez, Apure.
Elías Maíz.
Enjer José López Blanco.
Estrada Gunjino.
Eudomar Mujica.
Gabriel Alejandro Sánchez Maita, joven que sufrió un ACV en la cárcel de Tocorón.
Garbelis Torres.
Gilber Vázquez.
Gustavo Albarrán.
José David Crespo, adolescente de 14 años, quien fue detenido junto a su padre en el estado Lara. Su padre sigue en Tocorón.
José Ramón Díaz, exalcalde del municipio Marcano, Nueva Esparta.
José Leonardo Sandoval, de 67 años, detenido en el Táchira. Estaba recluido en Tocorón.
Jesús Mata, defensor de derechos humanos y líder comunitario; el también locutor es de Trujillo.
Juan Ramón Díaz.
Lauriannys Valentina Cedeño Farías, de Carúpano, estado Sucre, adolescente de 17 años, que sufrió un colapso cerebral tras su detención por haber enviado un mensaje de WhatsApp cuestionando los resultados de las elecciones del 28J.
Luis Alarcón, 28 años, de Barinas, quien sufre de diabetes y varias veces se descompensó estando en prisión.
Luis Alberto Contreras.
Luis Batista.
Luis Ocanto.
Maximiliano Guerra.
Orlando Gabriel Espinoza, adolescente.
Rafael Murillo.
Roger Rondón.
Salvador Rivera, profesor de Psicología de la UCV.
Sandro Javier Rodríguez González, Lara.
Santos Villarreal.
Sergio Blanco, estudiante de Medicina.
Vicente Scarano, hijo del exalcalde Enzo Scarano.
Wilmer Fisitra.
Wilmer Maoraiko.
Yanaiker Lima.
Amnistía Internacional
Recientemente, Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), dijo a la agencia EFE en Lisboa que Venezuela ha ido “de mal en peor” en materia de derechos humanos y que en la última década “no ha habido progresos”.
Dijo que “hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades”, agregando que la represión escaló después de las elecciones presidenciales.
Al caso de los casi dos mil detenidos se le suma “que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores. Sabemos que se ha adoptado una ley anti-ONG; que se ha maltratado a menores que siguen detenidos”.
Tomado de Infobae
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