Los DDHH de los venezolanos no pueden seguir esperando por el fiscal de la CPI
El fiscal Karim Khan representa la visión institucional internacional de los pactos firmados entre el gobierno y la oposición, que no es más que una imagen que brinda la ilusión de cambio y compromiso con los derechos humanos. No obstante, en la práctica, solo funcionan como tácticas para desviar la atención y calmar a la comunidad internacional cuando esta ejerce presión.
Armando Colina PANAM POST 
Los cambios que el Fiscal de la Corte Penal Internacional (FCPI) solicitó realizar al gobierno de Venezuela, en el contexto del Derecho Internacional para garantizar los Derechos Humanos (DD.HH.), no fueron considerados. Al contrario, fueron ignorados. La reciente Ley Bolívar establece penas de prisión, inhabilitación por 60 años y confiscación de bienes como castigos para las personas que apoyen las sanciones impuestas por Estados Unidos a los funcionarios del gobierno socialista. También contempla sanciones por protestar contra “actos de agresión” y por no reconocer al gobierno de facto de Maduro. Además, se prevé la posibilidad de multar y cerrar los medios de comunicación que transmitan información considerada a favor de las sanciones.
Otra ley que ratifica la violación sistemática y dirigida contra los derechos humanos de los venezolanos es la Ley Contra el Fascismo. Está dirigida hacia los grupos opositores, que suelen ser etiquetados de manera constante como fascistas. Entre las regulaciones que impone esta ley, se incluye la supervisión del uso de redes sociales y la posibilidad de encarcelar a quienes sean reconocidos como fascistas. Esta legislación tiene como objetivo prohibir manifestaciones, reuniones, disolver organizaciones sociales y eliminar partidos políticos que el gobierno considere fascistas.
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La modificación a la Ley Electoral es otra forma de legalizar las violaciones a los derechos humanos. Esta ley tiene como objetivo restringir los derechos políticos de aquellas personas que sean clasificadas como fascistas, así como de quienes no acepten los resultados de la reciente elección en la que Maduro fue declarado presidente, a pesar de que las actas indicaron que el ganador fue el candidato opositor Edmundo González.
Además de legislar para perseguir a los opositores, el gobierno aún mantiene a grupos armados llamados Colectivos, que actúan impunemente y están autorizados para golpear, perseguir y asesinar a cualquier opositor que salga a protestar.
Lo que se ha señalado previamente es la respuesta de Maduro a las peticiones que el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, incluyó en el Memorándum de Entendimiento para proteger los DD.HH. de los venezolanos durante su visita a Caracas en 2021.
Cada año, los venezolanos enfrentan más persecuciones, más desapariciones, más encarcelamientos y más muertes a causa del gobierno socialista, solo por pensar distinto. Una prueba reciente de ello son los acontecimientos posteriores a los resultados electorales del proceso presidencial, en el que la oposición presentó las actas que demuestran que hay un nuevo presidente electo por el pueblo venezolano.
Es evidente la postura acomodaticia del Fiscal de la Corte Penal Internacional, que se ha tornado un obstáculo para la justicia de las víctimas y, al mismo tiempo, envía señales claras de complicidad con el régimen. De manera similar a lo ocurrido con Michelle Bachelet en su rol de Alta Comisionada para los Derechos Humanos, ambos demuestran que la protección internacional de los DD.HH. está en manos inadecuadas. Por sus notables ideologías, favorecen a los agresores y desamparan a las víctimas.
A medida que pasan los años, el régimen socialista se vuelve cada vez más autoritario. El FCPI sigue aguardando a que Maduro y sus cómplices se conviertan en demócratas, mientras él dice que “la pelota está del lado de Maduro”. Este, sin temor alguno, aumenta el número de víctimas, a quienes el fiscal deja desprotegidas bajo el pretexto del principio de complementariedad.
Son muy evidentes las omisiones favorables del fiscal frente a Maduro. Amnistía Internacional presentó una carta abierta donde cuestiona su silencio frente a la represión, detenciones, torturas y homicidios de miles de venezolanos, así como su indiferencia.
El fiscal Karim Khan representa la visión institucional internacional de los pactos firmados entre el gobierno y la oposición, que no es más que una imagen que brinda la ilusión de cambio y compromiso con los derechos humanos. No obstante, en la práctica, solo funcionan como tácticas para desviar la atención y calmar a la comunidad internacional cuando esta ejerce presión.
Es necesario sostener una campaña constante a nivel global contra Karim Khan por su comportamiento poco ético. Los derechos humanos de los venezolanos no pueden seguir esperando por el fiscal cómplice de la Corte Penal Internacional. Decir “no más Karim Khan” equivale a decir “no más Maduro” y “no más complicidad internacional”.
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