Buenos días, pitaceros. La entrega de armamento militar a trabajadores de 31 instituciones públicas marca un preocupante paso hacia la militarización del aparato estatal en Venezuela. Este movimiento, liderado por Nicolás Maduro, no solo refuerza la integración de civiles y fuerzas armadas bajo una estructura centralizada como el fulano Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI), sino que levanta serias interrogantes sobre los límites entre la defensa nacional y la consolidación de un control político absoluto. Al armar obreros y empleados de sectores estratégicos, el gobierno diluye las líneas entre la ciudadanía civil y la esfera militar, para configurar un cuerpo híbrido que responde directamente al poder central. Más allá de los discursos sobre soberanía, esta estrategia también puede interpretarse como un intento de blindar al gobierno, o en lo que sea que se vaya a convertir la agrupación en el poder, frente a posibles descontentos internos y externos. El uso de armamento, como rifles Mosin Nagant o MPi-KMS-72, en manos de civiles plantea riesgos sobre la capacitación y el control de estas fuerzas improvisadas. Además, sugiere una narrativa de amenaza externa que busca justificar acciones internas de represión y movilización, mientras las instituciones públicas se desvían de sus funciones originales para servir a fines políticos.
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