HRW DENUNCIA el “rampante deterioro” de la democracia en VENEZUELA (+Informe y video)
IMPACTO VENEZUELA 16/01/25 - 11:30
En el documento, la ONG denuncia las detenciones en el marco de las elecciones del 28 de julio, además de las violaciones a los DD.HH.
Desde Venezuela a Nicaragua, pasando por Haití, Cuba, Ecuador, El Salvador, Perú o Argentina, el deterioro democrático en América Latina fue “rampante” en 2024, según la ONG Human Rights Watch (HRW) que este jueves publicó su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo.
El informe mundial 2025, en el que a lo largo de cerca de 550 páginas HRW repasa la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en más de un centenar de países, recuerda que la “reticencia cobarde” de muchos gobiernos para defender a los más pobres supone la “erosión” de las normas internacionales.
En América Latina, lejos de mejorar, “avanzó de manera rampante” el autoritarismo y el deterioro de la democracia, junto con la corrupción, la pérdida de independencia judicial y el crecimiento del “fenómeno paralelo” del crimen organizado, dice a la AFP Juanita Goebertus, directora para la región de HRW.
Y Venezuela es uno de los casos documentos por la organizacion que defiende los DD.HH.
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El caso Venezuela
— ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 16, 2025
"ESTE AÑO ESTUVO MARCADO POR EL FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA"
DURANTE EL 2024, "AMÉRICA LATINA SUFRIÓ ATAQUES A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, EL AUMENTO DEL AUTORITARISMO Y LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO", DENUNCIÓ @HRW_ESPANOL EN SU NUEVO INFORME MUNDIAL 2025 PIC.TWITTER.COM/RCZITAMQZV
A continuación replicamos el capítulo que la ONG publicó sobre Venezuela, en su informe anual:
La toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de enero, pese a los indicios de fraude en las elecciones del 28 de julio, “es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela”, dice.
“En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, las autoridades intensificaron la represión contra defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición, mediante detenciones, inhabilitaciones y un endurecimiento de las restricciones al espacio cívico”, destaca el escrito.
“Tras las elecciones, los observadores internacionales expresaron serias dudas sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que Nicolás Maduro había sido reelegido como presidente. Cuando miles de manifestantes salieron a las calles, las autoridades respondieron con una brutal represión, que incluyó asesinatos, detenciones y otras tácticas represivas”, agrega.
Elecciones
El 28 de julio, un gran número de venezolanos votaron a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, que incluyeron detenciones de miembros de la oposición e inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores, incluyendo la líder opositora María Corina Machado.
La noche de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral declaró que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. Hasta la fecha, el consejo no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana que exige la ley.
El panel de expertos electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones por pedido de la autoridad electoral, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado. En cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables y que, según el Centro Carter, indicaban que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones por un margen significativo.
El 2 de septiembre, un juez dictó una orden de aprehensión contra González por “conspiración”, “instigación a la desobediencia” y otros delitos. González se vio obligado a huir del país.
Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos instaron a Maduro a hacer públicas las actas de escrutinio, a realizar una “verificación imparcial” de los resultados y a respetar la voluntad del pueblo.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han promovido conversaciones con el gobierno venezolano, con resultados limitados.
Represión del disenso
Venezuela experimentó un aumento de la represión antes de las elecciones, que incluyó detenciones de miembros de la oposición, muchos de los cuales permanecen detenidos arbitrariamente, en algunos casos sin que se conozca su paradero. El gobierno también realizó inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico.
En enero, el gobierno ordenó activar el plan “Furia Bolivariana” con el supuesto objetivo de enfrentar intentos golpistas y terroristas. Poco después, personas no identificadas vandalizaron las oficinas de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas, incluidos militares, defensores de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, fueron detenidas bajo acusaciones de conspiración.
Tras el anuncio de los resultados electorales, miles de manifestantes salieron a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Los venezolanos, incluso en zonas de bajos recursos tradicionalmente partidarias del chavismo—el movimiento político creado por el difunto presidente Hugo Chávez—protestaron de forma masiva. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios y acoso a críticos.
Human Rights Watch recibió informes creíbles de 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificó pruebas que implicaban a las fuerzas de seguridad y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, en varios de estos asesinatos.
La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal, reportó más de 1.900 “presos políticos” detenidos desde el 29 de julio, incluidos 42 adolescentes, de entre 14 y 17 años, que permanecían tras las rejas a finales de noviembre. Estas detenciones contribuyen a un total de 17.882 detenciones por motivos políticos desde 2014, según Foro Penal.
Muchas de las detenciones se produjeron en el marco de una operación de las fuerzas de seguridad que el gobierno denomina “Operación Tun Tun”, que implica detenciones masivas de manifestantes, arrestos selectivos de críticos y el uso de las redes sociales por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad para infundir miedo en la población.
El gobierno también llamó a los ciudadanos a denunciar a los manifestantes a través de aplicaciones como Ven App, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas abusivas, especialmente en sectores populares.
Los fiscales han imputado a cientos de personas, utilizando en muchos casos delitos definidos de forma amplia, que conllevan largas penas de prisión, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
Con frecuencia las autoridades mantuvieron a los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas, les negaron el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y los presentaron en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración de justicia. Según algunos reportes, varias personas, incluyendo adolescentes, han sido golpeadas y sometidas a otros malos tratos mientras estaban bajo custodia.
La oficina del Secretario General de la ONU, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) y algunos expertos independientes de la ONU criticaron la represión postelectoral.
La FFM dijo que el gobierno actuó de “forma consciente y planificada” y desplegó “la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión” generando un “clima de miedo generalizado en la población”.
Impunidad
El poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el Tribunal ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos del gobierno. La OACNUDH reportó que persisten retrasos en las investigaciones de las muertes ocurridas durante las protestas y en las operaciones de seguridad y afirmó que las investigaciones “no han abordado la cadena de responsabilidades”.
El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció su decisión de suspender las actividades de la OACNUDH en el país. Esta decisión se produjo después de que la oficina expresara su preocupación por la detención de la reconocida defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, señalando que esta podría equivaler a una desaparición forzada.
El 1 de marzo, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El fiscal estableció una oficina en Caracas para facilitar la colaboración con las autoridades venezolanas, en caso de que estas lleven a cabo sus propias investigaciones.
En septiembre, un juez argentino citó y emitió órdenes de captura contra Maduro, su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y una docena de funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, para asegurar su testimonio en un caso presentado contra ellos con arreglo al principio de jurisdicción universal, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución propuesta por varios gobiernos de la región—Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay—que renovó el mandato de la Misión de determinación de los hechos por un periodo de dos años. El Consejo instó a la Misión a investigar la represión postelectoral, incluida la violencia perpetrada por “colectivos”.
Ataques a defensores de derechos humanos
A lo largo de 2024 se denunciaron medidas represivas contra la labor de los defensores de los derechos humanos, registrándose más de 592 agresiones en el primer semestre de 2024, un incremento del 92 % en comparación con el mismo periodo de 2023.
Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades han cancelado los pasaportes de dirigentes políticos, críticos, defensores de los derechos humanos, y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. En agosto, la CIDH informó de 36 casos, aunque es probable que la cifra total sea mayor.
El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales. La ley, que al momento de redactar este informe aún no había entrado en vigor, exige a todas las organizaciones que operan en el país registrarse y presentar documentos detallados al poder ejecutivo. Las vagas y ambiguas “prohibiciones”, “ilícitos” y causales de disolución de organizaciones incluidas en la ley socavan gravemente la libertad de asociación.
Al momento de redactar este informe, seguían detenidos los defensores de los derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada en el aeropuerto de Caracas en febrero, y Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, entre otros.
Libertad de expresión
Las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación, cerrando con frecuencia aquellos medios que son críticos del gobierno.
La organización de sociedad civil Espacio Público registró 507 denuncias de violaciones del derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluyendo casos de intimidación (168), censura (101) y hostigamiento judicial (65). La mayoría de los casos se registraron en julio, en el contexto de las elecciones.
En el mismo periodo, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de la prensa, la autoridad nacional de telecomunicaciones cerró 15 emisoras de radio, y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 páginas web de medios digitales y de ONG, plataformas web de contenidos políticos y plataformas como X, Wikipedia y la aplicación de mensajería encriptada Signal.
Emergencia humanitaria
Más de 20 millones de venezolanos, de una población de 28,8 millones, viven en pobreza multidimensional—es decir, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos—debido a la precariedad económica y los deficientes servicios públicos, lo que ha provocado la pérdida irreversible de sus medios de vida. Además, 14,2 millones enfrentan necesidades críticas, según la plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil HumVenezuela.
En marzo, la organización humanitaria venezolana Convite estimaba que al menos algunos medicamentos esenciales no estaban disponibles en el 28,4 % de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los disponibles eran inasequibles para muchos venezolanos.
Los venezolanos se enfrentan al hambre, que afecta a 5,1 millones de personas. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación señaló que las sanciones económicas generales y la instrumentalización política de programas estatales de entrega de medicamentos son factores que obstaculizan la realización del derecho a la alimentación.
La actual crisis humanitaria obliga a muchos a adoptar estrategias de sobrevivencia extremas, como estirar el presupuesto, aumentar la carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar sexo por alimentos o huir del país.
El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue estando gravemente desfinanciado y, para inicios de diciembre, contaba con menos del 28 % de los fondos requeridos.
La crisis de los refugiados
Desde 2014, alrededor de 8 millones de venezolanos han abandonado el país, de los cuales aproximadamente 6,5 millones se han trasladado dentro de América Latina y el Caribe. Tras las elecciones, una encuesta local reveló que el 43 % de los venezolanos encuestados consideraba abandonar el país. Muchas personas, incluidos políticos, miembros de mesas electorales y votantes, huyeron luego de las elecciones.
Una combinación de factores, como las difíciles condiciones económicas y la persecución, impulsa a los venezolanos a huir del país.
Las restricciones de movimiento, como la exigencia de visados impuestas por otros países y promovidas por Estados Unidos, junto con el acceso limitado al refugio, las deficientes políticas de la regularización e integración y la discriminación y xenofobia en los países vecinos, empujan a muchos hacia rutas peligrosas como el Tapón del Darién, una selva en la frontera entre Colombia y Panamá, donde se exponen a abusos. Entre enero y octubre, más de 198,000 venezolanos cruzaron la selva.
Grupos armados
Los grupos armados—incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—operan sobre todo en estados fronterizos con Colombia e imponen brutalmente normas que regulan la vida cotidiana.
Los “colectivos”, grupos criminales y grupos armados habrían intimidado a candidatos y votantes de la oposición durante la campaña electoral, sobre todo en zonas fronterizas y mineras.
Derechos de las mujeres y las niñas
El aborto está penalizado excepto cuando la vida de la persona embarazada está en peligro.
El acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a los anticonceptivos, sigue siendo insuficiente.
La ONG Centro por la Justicia y la Paz (Cepaz) documentó 127 femicidios y 51 femicidios frustrados entre enero y septiembre. El gobierno no ha publicado datos sobre femicidios desde 2016.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada”, según un experto de la ONU, y sufren de forma desproporcionada los efectos de “malnutrición y la pobreza extrema, así como por la exposición a enfermedades y la degradación medioambiental, en parte debido a las actividades extractivas que se llevan a cabo en sus territorios”. Las actividades mineras ilegales y la violencia generada por la presencia de grupos armados y criminales en sus territorios han causado el desplazamiento forzado de muchas comunidades indígenas.
La minería, junto con la agricultura, es una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía venezolana. Al parecer, las fuerzas de seguridad colaboran con mineros ilegales, proporcionándoles mercurio para la extracción de oro y atacando a civiles con un uso desproporcionado de la fuerza. El oro extraído ilegalmente en Venezuela se trafica hacia Brasil, Colombia y la República Dominicana, desde donde se exporta a otros países.
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