Human Rights Watch denunció la “brutal represión” en Venezuela tras el fraude electoral de Nicolás Maduro
La organización defensora de los derechos humanos recibió “informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes” en las protestas luego de las elecciones de julio pasado
Human Rights Watch (HRW) advirtió de una “brutal represión” en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, respondidas con “tácticas represivas”, según un informe de la organización defensora de los derechos humanos publicado este jueves.
La organización señaló que, a pesar de “las irregularidades del Gobierno y las violaciones de los derechos humanos”, Venezuela votó de forma masiva en las elecciones del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó ganador al candidato oficialista.
Desde entonces, prosiguió HRW, el organismo comicial “no ha publicado las actas de escrutinio de los distritos electorales ni ha realizado las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana requeridos por ley”.
“Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo (...), protestó en gran número. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados, incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos”, dijo.
HRW afirmó haber recibido “informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes” e identificado “evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales, conocidos como ‘colectivos’, con varios de estos asesinatos”, algo que niega la Fiscalía.
Por otra parte, la organización advirtió que cientos de personas han sido acusadas de “delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo”.
“Los detenidos suelen permanecer incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia. Se informa de que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención”, indicó.
La crisis política que vive el país desde entonces se acrecentó luego de la cuestionada investidura de Maduro para un tercer sexenio consecutivo en el poder, lo que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, considera como la consumación de un “golpe de Estado”.
La PUD, además, asegura haber reunido 25.575 actas electorales -el 85,18% del total- a través de testigos y miembros de mesa desplegados en los centros de votación, que otorgarían el triunfo a González Urrutia.
(Con información de EFE)
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