Albert Ramdin, nuevo secretario general de la OEA, busca normalizar a Maduro ignorando su dictadura
Foto: EFE
El nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha manifestado que no puede calificar a Nicolás Maduro como «dictador» y que es necesario abrir canales de comunicación para generar confianza. Sin embargo, es crucial que la OEA comprenda que, basándose en los hechos evidentes, Maduro es un dictador, y la evidencia es irrefutable.
El golpe de Estado que destruyó nuestra ley magna ocurrió el 28 de julio. Ese día marcó el comienzo de una serie de violaciones constitucionales y derechos humanos, incluyendo un fraude electoral masivo, represión y torturas. Este golpe no fue un incidente aislado; fue el inicio de un proceso que consolidó la dictadura de Maduro.
30 de julio: El ministro de Defensa violó el Artículo 328 de la Constitución al respaldar militarmente a Maduro, lo que selló el carácter ilegítimo del gobierno.
20 de agosto: El Tribunal Supremo de Justicia certificó las actas fraudulentas del Consejo Nacional Electoral (CNE), violando el Artículo 62 de la Constitución, que garantiza el derecho del pueblo a elegir libremente.
29 de julio: El fiscal Tarek William Saab comenzó a emitir órdenes de arresto sumarias contra miembros de la oposición, violando derechos fundamentales:
- Artículo 44: Garantiza la libertad personal, pero Saab ordenó arrestos arbitrarios sin debido proceso.
- Artículo 49: Protege el debido proceso y el derecho a la defensa, pero las detenciones fueron masivas y sin juicio.
- Artículo 46: Prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, pero hay denuncias de torturas a los detenidos tras las protestas post-electorales.
Saab también violó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica como crímenes de lesa humanidad las detenciones arbitrarias, persecución política y tortura. Estos actos lo ponen en la mira de la Corte Penal Internacional.
10 de enero: La «juramentación» de Maduro ante la Asamblea Nacional fue ilegal, violando el Artículo 138 de la Constitución, que establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Maduro, al proclamarse presidente sin legitimidad, carece de validez jurídica.
Desde el 28 de julio hasta el 10 de enero, se desató una ola de violencia política y represión:
- 26 personas fueron asesinadas.
- Más de 2.000 personas fueron arrestadas.
- 6 personas murieron bajo custodia del régimen.
- Los detenidos sufrieron torturas.
Todo esto está debidamente documentado con evidencias y testimonios.
En Venezuela no hay una Constitución en vigencia, sino un grupo que asaltó el poder y se sostiene por la fuerza militar. Maduro y sus aliados han impuesto un estado de facto donde la violencia es la única ley que se respeta. El golpe de Estado no solo destruyó la democracia, sino que desató un régimen de terror que persiste hasta hoy.
El fiscal Tarek William Saab encabezó una cacería, con órdenes de arresto sin proceso, violaciones del debido proceso y la libertad personal, actos que son crímenes de lesa humanidad y que lo ponen en la mira de la Corte Penal Internacional.
Maduro no es un líder legítimo, sino un dictador que ha destruido las instituciones de Venezuela y ha impuesto un régimen brutal que persiste en el poder mediante el uso de la fuerza. La democracia fue robada el 28 de julio, y es urgente que la comunidad internacional reconozca estos hechos sin ambigüedades.
Este golpe no solo nos robó la democracia, sino que desató un terror que persiste hasta el día de hoy. La OEA tiene el deber de reconocer estos hechos por lo que son: un golpe de Estado y una dictadura que ha usurpado el poder en Venezuela.
Es fundamental que la OEA reconozca la magnitud de la crisis que estamos viviendo. La postura del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, de negar la dictadura de Maduro, solo contribuye a descalificar la verdad y la realidad que vivimos los venezolanos. Desde el 28 de julio hasta el 10 de enero, Venezuela fue sometida a un golpe institucional que destruyó nuestra Constitución.
Edmundo González cometió un grave error al no denunciar el golpe de Estado desde el 28 de julio. Al hacerlo solo hasta la fecha de su «juramentación» el 10 de enero, ignoró la cadena de eventos que evidencian que el golpe comenzó mucho antes. Esta falta de denuncia oficial es un grave error que contribuye a minimizar la magnitud de la dictadura. Debemos exigir la creación de una Comisión de la Verdad para que se esclarezcan los hechos y se responsabilice a los culpables.
La OEA no puede seguir ignorando estos hechos. Es el momento de actuar y reconocer que en Venezuela no hay democracia, sino una dictadura que se mantiene mediante la represión y la violencia.
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