Ha pasado un año desde que el 20 de marzo de 2024 cinco opositores venezolanos buscaron refugio en la Embajada argentina, denunciando persecución política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. La Fiscalía había emitido órdenes de captura contra ellos, acusándolos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
Se trata de seis integrantes del equipo de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado: Pedro Urruchurtu, Magallí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González. Un día después, se les unió también el exministro de Transportes y Comunicaciones Fernando Martínez Mottola.
Actualmente, solo quedan cinco vivos, Martínez Mottola falleció semanas atrás a causa de una hemorragia cerebral, meses después de haber abandonado la residencia diplomática, el 19 de diciembre, y haberse presentado posteriormente ante la Fiscalía.
Pedidos de salvoconductos
Para el aniversario de su ingreso en la Embajada, el jueves varios partidos y líderes políticos opositores en la nación caribeña pidieron salvoconductos que les permitan abandonar el país rumbo a Argentina, a pesar de que las autoridades venezolanas se han negado a esta posibilidad.
El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia -impulsado por Machado tras su inhabilitación a competir en las elecciones del pasado julio y principal rival de Maduro en los comicios a quien la oposición da como ganador- aseguró que los cinco opositores viven como "rehenes" y denunció que se encuentran "aislados, privados de luz, agua y comida", en referencia a múltiples denuncias de estos mismos sobre cortes a los servicios de luz, agua y "asedios" policiales de agentes "armados" desde el área que rodea a la residencia.
"Nos unimos a la exigencia de salvoconductos ya para todos", señaló por su parte el partido antichavista Copei, en su cuenta en la plataforma X.
De la misma forma, Machado y el presidente de Argentina, Javier Milei, han pedido reiteradamente que se otorguen los permisos para la salida de los asilados. Milei sostuvo el pasado enero que su Gobierno seguiría "trabajando fuertemente" para que los cinco opositores "sean liberados".
Acusaciones de asedio constante
A lo largo del último año los asilados han denunciado reiteradamente haber sido víctimas de asedio por parte del Gobierno venezolano con “amenazas de ingreso”, “sobrevuelo de drones” y el despliegue “de agentes represivos del Estado”, así como cortes en los servicios de luz, agua e Internet.
Ahora el agua les es abastecida mediante un camión cisterna y la electricidad la han conseguido mediante generadores eléctricos y un panel solar con el que cargan los teléfonos móviles. También han denunciado el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Según los opositores, estas limitaciones los ha llevado a tener que comer alimentos enlatados.
El Gobierno venezolano, por su parte, ha calificado como una “farsa” -en palabras del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello- las denuncias de asedio en la Embajada argentina, así como la falta de suministros.
La situación se tornó más difícil para los asilados a medida que las tensiones entre el Gobierno de Maduro y el del argentino Javier Milei se fueron volviendo más tensas.
Tras las elecciones de julio, Milei fue uno de los primeros en rechazar públicamente la victoria de Maduro y denunciar los comicios como fraudulentos. Esa situación condujo a una ruptura de las relaciones entre Caracas y Buenos Aires y el Gobierno venezolano ordenó la expulsión del cuerpo diplomático argentino.
Tras ello, el control de la Embajada pasó a manos de Brasil y aunque entre tensiones de Caracas y Brasilia, el primero revocó en septiembre la autorización del segundo, el Gobierno brasileño ha indicado que “permanecerá con la custodia y defensa de los intereses” de Buenos Aires hasta que el Gobierno argentino designe otro Estado para hacerse cargo de la sede diplomática.
Con EFE y medios internacionales
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