Balance preliminar sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez
Por ahora, de lo que públicamente se ha conocido, objetivamente puede comentarse que el caudal probatorio aportado por la Fiscalía resulta muy precario para desvirtuar la presunción de inocencia, y no obstante que los delitos por los que se acusa al expresidente son soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, se han abordado temas ajenos al objeto de la investigación.
Los Código Bangalore y Modelo de Ética Judicial, luego de destacar la relevancia de la función judicial, esencial en un Estado de Derecho, y la trascendencia de la confianza que ésta debe generar en la sociedad, expresan que “El poder que ejerce cada juez trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse de ‘ser’, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial”.
Y con ese propósito señalan el alto nivel de exigencia ética de los funcionarios que administran justicia y los principios que deben orientar al “Buen Juez” en la labor que desempeñan, papel decisivo en un Estado Democrático de Derecho, por lo que la judicatura debe ser competente, independiente e imparcial.
En el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá se sigue un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual se han observado complejas actuaciones, algunas objeto de tutela, sin embargo, los colombianos conservamos la esperanza de que la decisión que se adopte solamente obedezca al imperio de la ley.
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Por ahora, de lo que públicamente se ha conocido, objetivamente puede comentarse que el caudal probatorio aportado por la Fiscalía resulta muy precario para desvirtuar la presunción de inocencia, y no obstante que los delitos por los que se acusa al expresidente son soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, se han abordado temas ajenos al objeto de la investigación.
El juicio ha estado marcado por la fragilidad de las pruebas que hasta el momento han sido presentadas, lo que pone en cuestión la solidez del caso de la Fiscalía y recuerda la validez que tenían las peticiones de preclusión formuladas por esa Entidad. Así lo corroboran la mayoría de los testimonios, poco consistentes y de oídas, que se han recepcionado.
En los procesos judiciales es común escuchar a los litigantes que el testimonio es una prueba muy endeble, pero en el juicio al expresidente tiene inusitada relevancia ese aspecto.
A la Fiscalía la Juez 44 Penal del Circuito le admitió 43 testimonios, de los cuales se han rendido los de Iván Cepeda, Deyanira Gómez, Juan Guillermo Monsalve, Vicky Jaramillo, Enrique Pardo Hasche, Héctor Romero, Ricardo Williamson y Luz Mireya López Rodríguez.
La declaración tan esperada de Iván Cepeda podría calificarse de fallida. Si se escucha con atención, el oyente podrá comprobar que su relato, en su mayoría, es de oídas. Este testimonio, deja más dudas que certezas, dadas sus afirmaciones imprecisas. Sus manifestaciones sobre los hechos en la Hacienda Guacharacas ni siquiera tienen precisión de la fecha, tanto de su destrucción por parte del ELN, como por la suerte del trabajador de nombre Tobías que fuera asesinado en 1996 y no dos años atrás. Muy hábil citar a Piedad Córdoba quien falleció y no puede corroborar nada de lo dicho. En cuanto a Mercedes Arroyabe se desconoce su paradero, por lo cual no fue posible escuchar su versión.
Lo que sí confesó es que quien buscó en las cárceles versiones y testimonios fue Cepeda. El expresidente se limitó a pedir verificaciones de los informes que recibió lo que jamás será delito. Cepeda negó los aportes que hizo a la Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos. Estos aportes están comprobados, como también la ayuda que le brindó para el traslado de cárcel y la entrada de una nevera a su sitio de reclusión.
La médica Deyanira Gómez, quien fuera pareja de Juan Guillermo Monsalve, admitió la entrega en la cárcel de un reloj grabadora. Esto se hizo de forma ilegal a través del abogado Héctor Romero, quien en su versión negó lo afirmado por esta declarante en punto a que se le pagaron honorarios por ese accionar, al igual que se le hubiera informado que era un dispositivo espía y se le hubieran dado instrucciones de cómo manejarlo.
La testigo dejó lagunas preocupantes sobre aspectos claves de su participación en los hechos. Bien extraño que no recuerde si le informó a la CSJ de haber entregado el reloj grabadora a Monsalve, su expareja. Alarma causó saber que tenía el número de un radicado que se desconocía. No extraña entonces que el abogado de la defensa cuestionara su credibilidad.
Juan Guillermo Monsalve, ha demostrado ser inconsistente, olvidando detalles esenciales en numerosas ocasiones y evidenciando conductas cuestionables. Su participación en grabaciones ilegales mina aún más su credibilidad y pone en entredicho la validez de su testimonio.
Si se escucha su narración podrá comprobarse que en cerca de 30 oportunidades manifestó no recordar los hechos. Lo que si se puede saber de él es que es mitómano. Por supuesto, fue él quien se aprestó a grabar ilegalmente la reunión sostenida en la cárcel. La prueba ilícita jamás debió arrimarse a este proceso, pero los observadores que asisten presencialmente a la audiencia pueden constatar la calidad de este cuestionado testigo que de estrella tiene poco brillo más bien con su relato terminó estrellado. Sí aseveró no conocer personalmente al expresidente.
Vicky Jaramillo corrobora que Uribe pidió hacer verificaciones. Declaró que en el 2018 Monsalve quería decir la verdad. Pedir que digan la verdad nunca será delito. En similares términos declaró Ricardo Williamson.
Ahora se escucha el testimonio de Luz Mireya López, investigadora del CTI quien en su primera entrega se ocupó de los videos que simplemente dejan saber el ingreso del abogado Cadena a la cárcel, algo que es sabido ocurrió en ese año, pero no queda claro con quien se entrevistó y qué temas trataron.
Hasta ahora con lo conocido de la actuación y participación de la señora Fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez, este juicio parece construido sobre una base endeble, con pruebas indirectas y testimonios que no resisten un escrutinio riguroso. La Fiscalía tiene la carga y el desafío de presentar evidencias más sólidas si pretende sostener su acusación ante la justicia y la opinión pública.
Viene bien citar una de las frases de “El Proceso” de Kafka: “Un sistema de justicia eficiente no solo castiga a los culpables, sino que también protege a los inocentes”.
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