La guerra contra el Tren de Aragua: ¿seguridad o xenofobia?
Foto: AFP
La administración Trump, en su segundo mandato, ha intensificado la ofensiva contra el Tren de Aragua, megabanda a la que identificó como una Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025. Una medida que responde a la vinculación del grupo con crímenes como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y sus conexiones con el régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Basado en esto han justificado sanciones financieras, detenciones y deportaciones masivas. Sin embargo, ¿es esta una política de seguridad efectiva o un hecho que podría criminalizar a la diáspora venezolana?
El Tren de Aragua: una amenaza real
El peligro que representa el Tren de Aragua es innegable. Su expansión internacional y su cooperación con redes criminales y terroristas lo convierten en un actor de riesgo hemisférico. Combatirlo es una necesidad, pero la política implementada por la Casa Blanca parece más orientada a enviar un mensaje político a Miraflores que a desmantelar eficazmente la organización.
Implicaciones de la designación como grupo terrorista
La inclusión del Tren de Aragua en la lista de las FTO otorga a Estados Unidos nuevas herramientas legales para combatir al grupo, incluidas:
- Sanciones y congelamiento de activos de miembros y colaboradores financieros.
- Facilitación de detenciones y deportaciones de personas vinculadas al grupo.
- Procesos judiciales más severos, permitiendo que el apoyo a la organización se castigue con hasta 20 años de prisión.
El gobierno estadounidense ha activado mecanismos de inteligencia para identificar a presuntos miembros del Tren de Aragua, incluidos el análisis de registros migratorios, antecedentes criminales, tatuajes distintivos y cooperación con agencias de seguridad en países como Colombia, Perú y Chile.
Deportaciones masivas y la Alien Enemies Act
El 15 de marzo de 2025, el gobierno de Trump activó la Alien Enemies Act, una legislación que permite la expulsión de extranjeros sin juicio si representan una amenaza para la seguridad nacional. Desde entonces, se han registrado deportaciones masivas de migrantes venezolanos con el argumento de su supuesto vínculo con el Tren de Aragua. Sin embargo, esta política ha despertado múltiples preocupaciones y generado áreas de atención clave:
- Impunidad para los verdaderos criminales: Al no contar con información del régimen de Maduro, dado que operan bajo su amparo, los líderes criminales podrían eludir la justicia, mientras que migrantes sin antecedentes terminan siendo deportados.
- Estigmatización y xenofobia: La percepción de que «todo venezolano deportado es un criminal» obstaculiza la integración de refugiados legítimos.
- Posibles violaciones de derechos humanos: Deportados pueden enfrentar detenciones arbitrarias, violencia o persecución en sus países de origen sin garantías judiciales.
El cálculo político y sus consecuencias
Más que una estrategia de seguridad nacional, esta política parece diseñada para reforzar la imagen de Trump como un líder implacable en materia migratoria. Sin embargo, puede tener efectos contraproducentes:
- Desplazamiento del problema: En lugar de erradicar la organización, las deportaciones masivas pueden dispersar sus operaciones hacia nuevas jurisdicciones.
- Legitimación del régimen de Maduro: Al denunciar la xenofobia y la criminalización de migrantes venezolanos, el régimen puede presentarse como defensor de los derechos humanos, desviando la atención de sus propias violaciones -continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado para sembrar miedo y ejercer control sobre la población-.
- Inseguridad interna: La falta de un plan de desarticulación efectivo podría dejar células operativas dentro de Estados Unidos, lo que generaría más riesgos en el largo plazo.
Alternativas efectivas
Para desmantelar al Tren de Aragua sin caer en el populismo punitivo, Estados Unidos debería:
- Capturar y procesar a los líderes y miembros clave en lugar de aplicar deportaciones indiscriminadas.
- Garantizar transparencia y protección: Compartir con los gobiernos aliados pruebas concretas sobre los deportados para prevenir abusos, asegurando la confidencialidad de sus identidades y evitando posibles represalias contra sus familiares.
- Diferenciar entre criminales y refugiados, evitando discursos que fomenten la xenofobia.
- Fortalecer la cooperación con Colombia, Perú, Ecuador y Chile para atacar la red internacionalmente.
- Aplicar sanciones selectivas al régimen de Maduro, en lugar de permitirle capitalizar la narrativa antiinmigrante.
Conclusión
El combate contra el Tren de Aragua no debe convertirse en una cacería indiscriminada de migrantes venezolanos. La seguridad de Estados Unidos exige estrategias basadas en inteligencia, cooperación y acciones dirigidas a los verdaderos actores terroristas. La administración Trump aún puede ajustar el rumbo antes de que esta politica se convierta en un desacierto con consecuencias políticas y humanas.
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