LOS REVELADORES INFORMES DE HUMAN RIGHTS WATCH
En el Informe Anual 2003 se lee sobre Venezuela:
(…) La oposición al gobierno de
Chávez empezó a crecer a finales de 2001, tras la promulgación, por decreto
presidencial, de 49 leyes económicas con medidas tales como la reforma agraria
y el endurecimiento de los controles oficiales sobre la industria del petróleo.
El 10 de diciembre de 2001, Fedecámaras, principal asociación empresarial de
Venezuela, encabezó, en protesta por las nuevas leyes, una huelga general de un
día en la que participaron miles de empresas y la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), la organización sindical más grande del país. Algunos miembros de las fuerzas
armadas también empezaron a adoptar una postura abiertamente crítica; en
febrero de 2002, varios oficiales militares de alto rango pidieron la renuncia
de Chávez.
Y continúa:
-El 9 de abril, tras los conflictos
laborales ocurridos en la compañía nacional del petróleo, la CTV y Fedecámaras
convocaron otra huelga general. La tensión aumentó el 11 de abril, cuando
sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de
la sociedad civil participaron en una marcha masiva para apoyar la huelga y
reclamar la renuncia de Chávez. Francotiradores con vestimenta civil apostados
en edificios cercanos abrieron fuego contra una multitud de 5.000 personas que
se dirigían al palacio presidencial en el centro de Caracas, donde se habían
congregado los simpatizantes de Chávez para expresar su oposición a la marcha.
Murieron 18 civiles y 150 personas más resultaron heridas durante la protesta.
Las víctimas incluyeron tanto a simpatizantes del gobierno como a miembros de
la oposición, así como a un fotógrafo de prensa que estaba cubriendo el evento.
Inmediatamente después de los
incidentes violentos, un grupo de altos mandos militares superiores
destituyeron al Presidente Chávez. Pedro Carmona Estanga, presidente de
Fedecámaras, se autoproclamó Presidente de la República y ocupó brevemente el
cargo. Esta ruptura del orden constitucional dio paso a un atentado mayor
contra el Estado de derecho cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y
la Corte Suprema y derogó la nueva Constitución Nacional, aprobada en 1999,
durante el gobierno de Chávez, por una asamblea constituyente y por referéndum
popular. Además, las autoridades realizaron registros y detenciones ilegales de
simpatizantes chavistas durante los días siguientes.
(No comparto ese criterio. El Chafarote de Sabaneta renunció al cargo,
según lo anunció el general Lucas Rincón. Por otro lado, la Corte Suprema de
Justicia sentenció que ese día hubo un vacío de poder)
Aunque
se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia siguió en
estado de riesgo.
Las manifestaciones callejeras de
apoyo a Chávez continuaron después de su destitución, y se produjeron
amotinamientos y actos de vandalismo en las zonas pobres del oeste de Caracas.
Durante este segundo estallido de violencia fueron cometidos entre 40 y 60
asesinatos, la mayoría de ellos atribuidos a las fuerzas de seguridad, incluida
la Policía Metropolitana. Rápidamente, algunas unidades militares empezaron a
proclamar su apoyo a Chávez. Ante la creciente presión popular y militar, el
breve gobierno de Carmona fracasó en su intento y Chávez recuperó el poder el
14 de abril.
Aunque se reinstituyeron las
instituciones democráticas, la democracia siguió en estado de riesgo. En un
ambiente de polarización creciente de las fuerzas armadas, nuevas protestas
callejeras y la amenaza de más huelgas, se rompió el diálogo entre el gobierno
y la oposición, mientras Chávez seguía menospreciando públicamente a la
oposición y a los medios de comunicación mayoritariamente contrarios al
gobierno. Algunos sectores de la
oposición continuaron buscando maneras tanto constitucionales como extralegales
para sacarle del poder.
La violencia
callejera volvió a estallar e; 14 de agosto, cuando la Corte Suprema, antes
considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor y ocho en contra,
los cargos contra cuatro oficiales superiores del ejército acusados de
conspirar para derrocarle, en abril. Chávez respondió al fallo anunciando que
se investigaría a los magistrados responsables del mismo por embriaguez y
falsificación de documentos, y dijo que estaba considerando reformar la
constitución. Mientras tanto, los líderes de la oposición defendieron la
celebración de un referendo y la formulación de cargos contra el presidente.
Igualmente se lee:
-En
septiembre, en un intento de contener las protestas, el gobierno restringió la
libertad de movimiento en los alrededores de seis importantes instalaciones
militares, una radio y un centro de televisión estatales, designándolos
"zonas de seguridad". La oposición y los grupos de derechos humanos
cuestionaron la constitucionalidad de la medida, basada en una ley poco
utilizada de 1976.
Continuaron
las huelgas y las marchas de protesta contra Chávez. El 22 de octubre, un grupo
de 14 jefes militares, entre ellos algunos generales y almirantes, declararon
su "legítima desobediencia" al gobierno y llamaron a otros miembros
de las fuerzas armadas a que se unieran a ellos. Los generales dijeron que
consideraban "territorio liberado" la plaza donde habían leído la
declaración-la Plaza Francia, en el distinguido distrito Altamira de Caracas.
Este lugar fue escenario de nuevos actos de protesta de la oposición, que
empezó a recoger firmas a favor de un referendo sobre la renuncia de Chávez.
Mientras tanto, otros generales se fueron uniendo al grupo. El 4 de noviembre,
numerosas personas resultaron heridas, entre ellas un operador de cámara
ecuatoriano que fue tiroteado y salvó la vida gracias al chaleco antibalas que
llevaba puesto, cuando los manifestantes pro gubernamentales intentaron impedir
que los opositores presentaran la petición firmada de un referendo al Consejo
Nacional Electoral.
Las
condiciones de los derechos humanos se vieron afectadas por este ambiente
altamente polarizado. A principios de noviembre, sólo se había detenido a
cuatro personas en relación con los disparos ocurridos en abril. Las imágenes
de vídeo rodadas durante la protesta sugerían que dos miembros de la Policía Metropolitana
(bajo las órdenes de un alcalde antichavista), un miembro de la Guardia
Nacional y al menos 11 civiles habían disparado sus armas. Se dijo que la
mayoría de los civiles colaboraban, o habían colaborado, con el gobierno de
Chávez. Las iniciativas legislativas para el establecimiento de una comisión de
la verdad, encargada de determinar responsabilidades por las muertes ocurridas
en abril, quedaron estancadas cuando los congresistas del partido en el
gobierno y la oposición no pudieron llegar a un acuerdo sobre su composición y
su autoridad. Un proyecto de ley para la creación de la comisión, propuesto en
mayo por un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos
humanos, perdió fuerza durante las deliberaciones iniciales en el congreso. Se
relajaron los criterios para seleccionar a sus miembros y se redujeron sus
competencias, lo que arrojó serias dudas sobre su futura credibilidad,
independencia y eficacia. A principios de noviembre todavía no se había
aprobado la ley.
El
hecho de que no progresara la investigación de los actos violentos de abril era
sintomático de los problemas endémicos de todo el sistema de justicia
venezolano. La Fiscalía General y la judicatura-escasas de medios y poco
eficientes-demostraron ser incapaces de impartir justicia de manera efectiva e
imparcial.
También
indica:
-Los
asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales
continuaron siendo un problema grave.
Los
asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales
continuaron siendo un problema grave, especialmente en las provincias. En el Estado
Portuguesa, un autodenominado "grupo de exterminio", compuesto por
miembros fuera de servicio de la policía estatal y de la Guardia Nacional, fue
responsable del asesinato de presuntos delincuentes callejeros y drogadictos.
En un estudio publicado en octubre de 2001, la Defensoría del Pueblo, organismo
oficial encargado de la promoción y la defensa de los derechos humanos, informó
de que había aparecido un segundo grupo de exterminio en ese estado, y que
estas bandas, parcialmente financiadas por comerciantes locales, se
consideraban responsables de 105 asesinatos cometidos en Portuguesa en 2000 y
2001. Se informó de la actividad de grupos similares en los estados Falcón,
Yaracuy, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Aragua y Zulia.
En
el momento de escribir este informe, 14 policías se encontraban detenidos en
Barquisimeto, Estado Lara, por los
asesinatos de Portuguesa. En la mayoría de los casos, la judicatura no detuvo
ni formuló cargos contra los responsables de asesinatos atribuidos a la
policía, o sus juicios experimentaron excesivos retrasos. En algunos casos los
familiares de las víctimas y sus abogados sufrieron amenazas de muerte. Miguel
Ángel Zambrano, ex inspector de policía de Portuguesa que había investigado las
actividades de los escuadrones de la muerte, recibió constantemente amenazas de
muerte por teléfono, y fue golpeado y amenazado por agentes de policía que se
enfrentaron a él en persona. Personas sin identificar, que según él estaban
vinculadas a la policía, le dispararon dos veces y se vio obligado a
esconderse. En Falcón, el comandante de la policía del estado interpuso una
querella criminal por "injurias a la policía" contra las personas que
habían denunciado los asesinatos.
Igualmente
apunta:
-Las condiciones penitenciarias
siguieron siendo inhumanas en Venezuela. Los niveles de violencia entre los
presos fueron sumamente elevados, propiciados por la carencia de personal y
medios, la corrupción generalizada entre los guardias y la entrada incontrolada
de narcóticos y armas de fuego en las prisiones. Cinco presos murieron y una
veintena resultaron heridos durante un motín ocurrido en mayo en la prisión El
Rodeo de Guatire. Según los responsables del ministerio de interior y justicia,
entre enero y mayo, se produjeron 84 muertes por disparos y 42 por apuñalamiento
en las cárceles venezolanas.
Aunque la actuación de Venezuela en
materia de libertad de expresión recibió numerosas críticas internacionales,
hubo algunos aspectos positivos: no hubo censura previa de publicaciones
escritas, no se encarceló a ningún periodista y la prensa pudo decir lo que
quiso. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación fueron claramente
partidarios de la oposición, defendieron sus posiciones y utilizaron un
lenguaje contundente en sus críticas contra el gobierno.
No obstante, en ocasiones, el
gobierno se injirió claramente en la programación de la televisión privada
obligando a estos canales a transmitir programas producidos por el gobierno.
Esta injerencia fue especialmente aguda durante la semana del fallido golpe,
cuando el gobierno de Chávez interrumpió repetidamente la programación para
emitir sus opiniones sobre la situación política. El 11 de abril, el gobierno
de Chávez canceló temporalmente todas las emisiones de las principales cadenas
privadas de televisión.
La interferencia oficial en la
programación de la televisión privada disminuyó drásticamente tras los eventos
de abril. Sin embargo, como había ocurrido anteriormente, (…) Chávez lanzó periódicas diatribas, con
expresiones fuertes y ofensivas, contra los trabajadores de los medios de
comunicación durante su programa radiofónico semanal Aló Presidente. Teniendo
en cuenta la polarización de la situación, sus simpatizantes podrían
interpretar sus agresivos ataques contra periodistas como una incitación a la
violencia.
De hecho, varios periodistas locales
recibieron amenazas graves y, en ciertos casos, fueron víctimas de ataques
violentos. Al menos 25 periodistas solicitaron medidas cautelares a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de febrero, los simpatizantes de
Chávez interrumpieron una protesta contra el presidente en la Universidad de
Venezuela, y atacaron, al parecer, con palos y piedras a los miembros de la
prensa, por lo que resultaron heridos un periodista y un operador de cámara.
Lina Ron, destacada simpatizante de Chávez que había participado en el
incidente, estuvo detenida brevemente por su presunta participación en la
revuelta.
(Estas medidas cautelares de la CIDH en ningún momento fueron acatadas
por el régimen chavista)
Además, el 31 de enero, una persona
sin identificar arrojó un explosivo a las oficinas del periódico Así Es La
Noticia y el 9 de julio, otro asaltante no identificado lanzó una granada
contra las del canal de televisión Globovisión, ambas en Caracas. En la
madrugada del 13 de septiembre, el canal Promar TV de Barquisimeto, cuyo
director había recibido previamente amenazas de muerte, fue atacado con bombas
incendiarias. Aunque nadie resultó herido, estos atentados provocaron daños
materiales e intimidaron a los empleados. Cuando se redactaba este informe, no
se había detenido a nadie en relación con estos incidentes.
Igualmente apunta:
-El gobierno de Chávez continuó
socavando la independencia de los sindicatos. En el otoño de 2001, se
celebraron elecciones sindicales bajo la supervisión del Consejo Nacional
Electoral (CNE), un organismo estatal. El 25 de octubre de 2001, la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la agrupación sindical más
numerosa del país, participó en un proceso electoral supervisado por el Estado
en el que eligieron presidente a Carlos Ortega. Sin embargo, el CNE no quiso
aprobar los resultados alegando irregularidades. Aunque la Corte Suprema instó al
Consejo a que tomara una decisión final sobre la legitimidad del proceso
electoral, en noviembre todavía no había emitido un dictamen definitivo.
(…)La presión sobre los defensores
de los derechos humanos aumentó en 2002. En abril y mayo, Liliana Ortega,
directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de
Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), prestigioso grupo de derechos humanos no
gubernamental, recibió amenazas por teléfono y correo electrónico. Las
autoridades venezolanas ofrecieron protección policial a ella y al COFAVIC, y
el Fiscal General abrió una investigación sobre las amenazas. Sin embargo, el
COFAVIC informó de que se habían hecho escasos progresos en esta investigación.
En el informe sobre lo acaecido en Venezuela en 2004
HRW señaló:
-La
polarización política del país ha desviado la atención de otros asuntos
urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos el reiterado problema del
abuso policial. Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por
parte de los organismos de policía tanto estatales como municipales son
habituales y quedan impunes frecuentemente. Igualmente, se siguen denunciando
casos de tortura. La violencia y la anarquía prevalecen en muchas cárceles
venezolanas. En zonas cercanas a la frontera, los refugiados procedentes de la
vecina Colombia se enfrentan a la inseguridad legal, las difíciles condiciones
de vida y, en ocasiones, la amenaza contra sus vidas.
Luego
apuntó:
-En
mayo de 2004, (…) Chávez firmó una ley para copar de adeptos el Tribunal
Supremo, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Aunque, cuando se
escribió este capítulo, todavía no se había nombrado a los magistrados, la
nueva ley permitiría que la coalición oficialista utilizara su entonces escasa
mayoría para copar una abrumadora mayoría de los puestos en el máximo tribunal
del país. Asimismo, la ley otorga a la coalición oficialista el poder de
destituir a magistrados anulando sus designaciones.
Una
toma política del Tribunal Supremo agravará el daño que ya han causado a la
independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El
Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, no
ha reducido el gran número de jueces en el país que carecen de estabilidad en
el cargo. En marzo de 2004, el Tribunal destituyó sumariamente a tres jueces,
después de que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos.
Respecto
a la libertad de prensa precisó:
-Venezuela
cuenta con una prensa vigorosa y desinhibida. De hecho, en el marco del debate
frecuentemente exaltado y hostil entre los simpatizantes del gobierno y sus
opositores, los miembros de los medios de comunicación han podido expresar sus
opiniones sin restricciones. Las empresas privadas de televisión han adoptado
frecuentemente posiciones ampliamente partidistas, emitiendo noticias y
programas de debate sumamente hostiles con el gobierno de Chávez. En
consecuencia, muchos periodistas que trabajan en los medios que apoyan a la
oposición han sido víctimas de la agresión e intimidación por parte de los
simpatizantes del gobierno. De igual manera pero en menor medida, los
periodistas que trabajan en medios de comunicación que son afines al gobierno
han sido objeto de actos intimidatorios.
Luego indicó:
-La polarización política del país ha desviado la
atención de otros asuntos urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos
el reiterado problema del abuso policial.
Si
bien es cierto que los periodistas tienen el deber profesional de ser objetivos
en sus informaciones, velar por el cumplimiento de dichas normas profesionales
no es tarea del gobierno. Por el contrario, el gobierno tiene la obligación de
defender la libertad de prensa, independientemente del contenido crítico o
partidista de las noticias emitidas, enjuiciando enérgicamente a los
responsables de los ataques y de los actos de intimidación. En la mayoría de
los casos, el gobierno de Chávez no ha cumplido con dicha obligación.
En
octubre de 2004, la Asamblea Nacional se disponía a aprobar un proyecto de ley
del gobierno sobre la "responsabilidad social" de los canales de
radio y televisión que impondría excesivas restricciones al contenido de estos
medios. En este sentido, el proyecto de ley introduciría una serie de
limitaciones sobre el contenido emitido que, si se aplicaran con firmeza,
vulnerarían normas fundamentales de la libertad de expresión. Bajo la
apariencia de proteger a los niños del lenguaje soez, de contenidos sexuales y
de la violencia, la ley propuesta también podría someter a los adultos a
niveles de programación restrictivos y puritanos. Asimismo, la ley propuesta
contiene normas que han sido redactadas con un lenguaje vago sobre la
incitación a la violencia y las amenazas contra el orden público que podrían
sancionar a los canales por la expresión legítima de opiniones políticas.
Además,
el proyecto de ley dispone un régimen de sanciones drásticas que fomentarían
probablemente la autocensura predominante. En caso de que se determine que los
canales son responsables de infracciones, se podría ordenar la imposición de
multas, la suspensión de las emisiones e incluso, la revocatoria de sus
licencias de emisión.
También
aportó datos sobre asesinatos, tortura y maltrato por parte de la policía
-La
policía –explicó- continúa realizando ejecuciones extrajudiciales de presuntos
delincuentes. Según el prestigioso grupo no gubernamental de derechos humanos
PROVEA, 130 personas, la mayoría hombres jóvenes sospechosos de cometer
delitos, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de organismos
policiales nacionales, regionales y municipales entre octubre de 2002 y
septiembre de 2003. De esta suma, alrededor de una de cada diez víctimas era
menor de 18 años. En muchos casos, la policía encubrió las ejecuciones
afirmando que las víctimas habían fallecido como resultado de enfrentamientos
con la policía, a pesar de los testimonios contrarios de testigos. En términos
generales, los agentes de policía que eran responsables de los asesinatos
eludieron la justicia.
Y
agregó:
-A
principios de febrero y finales de marzo de 2004, agentes de la Guardia
Nacional y de la policía golpearon y torturaron a personas detenidas durante y
después de las protestas que se llevaron a cabo en Caracas y otras ciudades
venezolanas. Después de que los manifestantes se enfrentaran con las unidades
de la Guardia Nacional y los simpatizantes de Chávez, dejando un saldo de 13
personas muertas y más de un centenar de heridos, las fuerzas de seguridad
detuvieran a más de 300 civiles. Los detenidos denunciaron haber sido golpeados
durante y después del arresto con bastones, con el dorso de sables y con
cascos, culatas y otros objetos. Algunos denunciaron que los agentes arrojaron
bombas de gases lacrimógenos dentro de los vehículos cerrados en los que se
encontraban, causándoles malestar extremo, casi ahogamiento y pánico, mientras
que otros describieron cómo les rociaron el rostro con el polvo de los
contenedores de gas lacrimógeno, provocándoles quemaduras e irritaciones en la
piel. Además, los detenidos declararon que les habían dado choques eléctricos
con bastones mientras estaban detenidos e indefensos. Los presuntos abusos
parecieran haber gozado de aprobación oficial en algún nivel de la cadena de
mando.
Respecto a la situación carcelaria, el informe destacó:
-Las
condiciones en las cárceles venezolanas son crueles, inhumanas y degradantes.
El hacinamiento es un problema crónico y las prisiones están prácticamente
controladas por las bandas armadas. Adicionalmente, los motines carcelarios y
la violencia entre presos cobran cientos de vidas cada año. En 2003, PROVEA
estimó que la tasa de homicidios ocurridos en las cárceles era 40 veces mayor
al promedio de asesinatos a nivel nacional.
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