Rodulfo González. CHÁVEZ, EL CHAFAROTE DE SABANETA

 

LOS  REVELADORES  INFORMES DE HUMAN RIGHTS WATCH

 

                En el Informe Anual 2003 se lee sobre Venezuela:

            (…) La oposición al gobierno de Chávez empezó a crecer a finales de 2001, tras la promulgación, por decreto presidencial, de 49 leyes económicas con medidas tales como la reforma agraria y el endurecimiento de los controles oficiales sobre la industria del petróleo. El 10 de diciembre de 2001, Fedecámaras, principal asociación empresarial de Venezuela, encabezó, en protesta por las nuevas leyes, una huelga general de un día en la que participaron miles de empresas y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la organización sindical más grande del país.            Algunos miembros de las fuerzas armadas también empezaron a adoptar una postura abiertamente crítica; en febrero de 2002, varios oficiales militares de alto rango pidieron la renuncia de Chávez.

            Y continúa:

            -El 9 de abril, tras los conflictos laborales ocurridos en la compañía nacional del petróleo, la CTV y Fedecámaras convocaron otra huelga general. La tensión aumentó el 11 de abril, cuando sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de la sociedad civil participaron en una marcha masiva para apoyar la huelga y reclamar la renuncia de Chávez. Francotiradores con vestimenta civil apostados en edificios cercanos abrieron fuego contra una multitud de 5.000 personas que se dirigían al palacio presidencial en el centro de Caracas, donde se habían congregado los simpatizantes de Chávez para expresar su oposición a la marcha. Murieron 18 civiles y 150 personas más resultaron heridas durante la protesta. Las víctimas incluyeron tanto a simpatizantes del gobierno como a miembros de la oposición, así como a un fotógrafo de prensa que estaba cubriendo el evento.

            Inmediatamente después de los incidentes violentos, un grupo de altos mandos militares superiores destituyeron al Presidente Chávez. Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, se autoproclamó Presidente de la República y ocupó brevemente el cargo. Esta ruptura del orden constitucional dio paso a un atentado mayor contra el Estado de derecho cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y derogó la nueva Constitución Nacional, aprobada en 1999, durante el gobierno de Chávez, por una asamblea constituyente y por referéndum popular. Además, las autoridades realizaron registros y detenciones ilegales de simpatizantes chavistas durante los días siguientes.

(No comparto ese criterio. El Chafarote de Sabaneta renunció al cargo, según lo anunció el general Lucas Rincón. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia sentenció que ese día hubo un vacío de poder)

 

 

 

            Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia siguió en estado de riesgo.

            Las manifestaciones callejeras de apoyo a Chávez continuaron después de su destitución, y se produjeron amotinamientos y actos de vandalismo en las zonas pobres del oeste de Caracas. Durante este segundo estallido de violencia fueron cometidos entre 40 y 60 asesinatos, la mayoría de ellos atribuidos a las fuerzas de seguridad, incluida la Policía Metropolitana. Rápidamente, algunas unidades militares empezaron a proclamar su apoyo a Chávez. Ante la creciente presión popular y militar, el breve gobierno de Carmona fracasó en su intento y Chávez recuperó el poder el 14 de abril.

            Aunque se reinstituyeron las instituciones democráticas, la democracia siguió en estado de riesgo. En un ambiente de polarización creciente de las fuerzas armadas, nuevas protestas callejeras y la amenaza de más huelgas, se rompió el diálogo entre el gobierno y la oposición, mientras Chávez seguía menospreciando públicamente a la oposición y a los medios de comunicación mayoritariamente contrarios al gobierno.        Algunos sectores de la oposición continuaron buscando maneras tanto constitucionales como extralegales para sacarle del poder.

La violencia callejera volvió a estallar e; 14 de agosto, cuando la Corte Suprema, antes considerada leal a Chávez, desestimó, por 11 votos a favor y ocho en contra, los cargos contra cuatro oficiales superiores del ejército acusados de conspirar para derrocarle, en abril. Chávez respondió al fallo anunciando que se investigaría a los magistrados responsables del mismo por embriaguez y falsificación de documentos, y dijo que estaba considerando reformar la constitución. Mientras tanto, los líderes de la oposición defendieron la celebración de un referendo y la formulación de cargos contra el presidente.

                Igualmente se lee:

            -En septiembre, en un intento de contener las protestas, el gobierno restringió la libertad de movimiento en los alrededores de seis importantes instalaciones militares, una radio y un centro de televisión estatales, designándolos "zonas de seguridad". La oposición y los grupos de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la medida, basada en una ley poco utilizada de 1976.

            Continuaron las huelgas y las marchas de protesta contra Chávez. El 22 de octubre, un grupo de 14 jefes militares, entre ellos algunos generales y almirantes, declararon su "legítima desobediencia" al gobierno y llamaron a otros miembros de las fuerzas armadas a que se unieran a ellos. Los generales dijeron que consideraban "territorio liberado" la plaza donde habían leído la declaración-la Plaza Francia, en el distinguido distrito Altamira de Caracas. Este lugar fue escenario de nuevos actos de protesta de la oposición, que empezó a recoger firmas a favor de un referendo sobre la renuncia de Chávez. Mientras tanto, otros generales se fueron uniendo al grupo. El 4 de noviembre, numerosas personas resultaron heridas, entre ellas un operador de cámara ecuatoriano que fue tiroteado y salvó la vida gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto, cuando los manifestantes pro gubernamentales intentaron impedir que los opositores presentaran la petición firmada de un referendo al Consejo Nacional Electoral.

            Las condiciones de los derechos humanos se vieron afectadas por este ambiente altamente polarizado. A principios de noviembre, sólo se había detenido a cuatro personas en relación con los disparos ocurridos en abril. Las imágenes de vídeo rodadas durante la protesta sugerían que dos miembros de la Policía Metropolitana (bajo las órdenes de un alcalde antichavista), un miembro de la Guardia Nacional y al menos 11 civiles habían disparado sus armas. Se dijo que la mayoría de los civiles colaboraban, o habían colaborado, con el gobierno de Chávez. Las iniciativas legislativas para el establecimiento de una comisión de la verdad, encargada de determinar responsabilidades por las muertes ocurridas en abril, quedaron estancadas cuando los congresistas del partido en el gobierno y la oposición no pudieron llegar a un acuerdo sobre su composición y su autoridad. Un proyecto de ley para la creación de la comisión, propuesto en mayo por un grupo de nueve organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, perdió fuerza durante las deliberaciones iniciales en el congreso. Se relajaron los criterios para seleccionar a sus miembros y se redujeron sus competencias, lo que arrojó serias dudas sobre su futura credibilidad, independencia y eficacia. A principios de noviembre todavía no se había aprobado la ley.

            El hecho de que no progresara la investigación de los actos violentos de abril era sintomático de los problemas endémicos de todo el sistema de justicia venezolano. La Fiscalía General y la judicatura-escasas de medios y poco eficientes-demostraron ser incapaces de impartir justicia de manera efectiva e imparcial.

            También indica:

            -Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales continuaron siendo un problema grave.

            Los asesinatos de "limpieza social" cometidos por las fuerzas policiales continuaron siendo un problema grave, especialmente en las provincias. En el Estado Portuguesa, un autodenominado "grupo de exterminio", compuesto por miembros fuera de servicio de la policía estatal y de la Guardia Nacional, fue responsable del asesinato de presuntos delincuentes callejeros y drogadictos. En un estudio publicado en octubre de 2001, la Defensoría del Pueblo, organismo oficial encargado de la promoción y la defensa de los derechos humanos, informó de que había aparecido un segundo grupo de exterminio en ese estado, y que estas bandas, parcialmente financiadas por comerciantes locales, se consideraban responsables de 105 asesinatos cometidos en Portuguesa en 2000 y 2001. Se informó de la actividad de grupos similares en los estados Falcón, Yaracuy, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Aragua y Zulia.

            En el momento de escribir este informe, 14 policías se encontraban detenidos en Barquisimeto, Estado  Lara, por los asesinatos de Portuguesa. En la mayoría de los casos, la judicatura no detuvo ni formuló cargos contra los responsables de asesinatos atribuidos a la policía, o sus juicios experimentaron excesivos retrasos. En algunos casos los familiares de las víctimas y sus abogados sufrieron amenazas de muerte. Miguel Ángel Zambrano, ex inspector de policía de Portuguesa que había investigado las actividades de los escuadrones de la muerte, recibió constantemente amenazas de muerte por teléfono, y fue golpeado y amenazado por agentes de policía que se enfrentaron a él en persona. Personas sin identificar, que según él estaban vinculadas a la policía, le dispararon dos veces y se vio obligado a esconderse. En Falcón, el comandante de la policía del estado interpuso una querella criminal por "injurias a la policía" contra las personas que habían denunciado los asesinatos.

            Igualmente apunta:

            -Las condiciones penitenciarias siguieron siendo inhumanas en Venezuela. Los niveles de violencia entre los presos fueron sumamente elevados, propiciados por la carencia de personal y medios, la corrupción generalizada entre los guardias y la entrada incontrolada de narcóticos y armas de fuego en las prisiones. Cinco presos murieron y una veintena resultaron heridos durante un motín ocurrido en mayo en la prisión El Rodeo de Guatire. Según los responsables del ministerio de interior y justicia, entre enero y mayo, se produjeron 84 muertes por disparos y 42 por apuñalamiento en las cárceles venezolanas.

            Aunque la actuación de Venezuela en materia de libertad de expresión recibió numerosas críticas internacionales, hubo algunos aspectos positivos: no hubo censura previa de publicaciones escritas, no se encarceló a ningún periodista y la prensa pudo decir lo que quiso. De hecho, la mayoría de los medios de comunicación fueron claramente partidarios de la oposición, defendieron sus posiciones y utilizaron un lenguaje contundente en sus críticas contra el gobierno.

            No obstante, en ocasiones, el gobierno se injirió claramente en la programación de la televisión privada obligando a estos canales a transmitir programas producidos por el gobierno. Esta injerencia fue especialmente aguda durante la semana del fallido golpe, cuando el gobierno de Chávez interrumpió repetidamente la programación para emitir sus opiniones sobre la situación política. El 11 de abril, el gobierno de Chávez canceló temporalmente todas las emisiones de las principales cadenas privadas de televisión.

            La interferencia oficial en la programación de la televisión privada disminuyó drásticamente tras los eventos de abril. Sin embargo, como había ocurrido anteriormente, (…)  Chávez lanzó periódicas diatribas, con expresiones fuertes y ofensivas, contra los trabajadores de los medios de comunicación durante su programa radiofónico semanal Aló Presidente. Teniendo en cuenta la polarización de la situación, sus simpatizantes podrían interpretar sus agresivos ataques contra periodistas como una incitación a la violencia.

            De hecho, varios periodistas locales recibieron amenazas graves y, en ciertos casos, fueron víctimas de ataques violentos. Al menos 25 periodistas solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de febrero, los simpatizantes de Chávez interrumpieron una protesta contra el presidente en la Universidad de Venezuela, y atacaron, al parecer, con palos y piedras a los miembros de la prensa, por lo que resultaron heridos un periodista y un operador de cámara. Lina Ron, destacada simpatizante de Chávez que había participado en el incidente, estuvo detenida brevemente por su presunta participación en la revuelta.

(Estas medidas cautelares de la CIDH en ningún momento fueron acatadas por el régimen chavista)

 

            Además, el 31 de enero, una persona sin identificar arrojó un explosivo a las oficinas del periódico Así Es La Noticia y el 9 de julio, otro asaltante no identificado lanzó una granada contra las del canal de televisión Globovisión, ambas en Caracas. En la madrugada del 13 de septiembre, el canal Promar TV de Barquisimeto, cuyo director había recibido previamente amenazas de muerte, fue atacado con bombas incendiarias. Aunque nadie resultó herido, estos atentados provocaron daños materiales e intimidaron a los empleados. Cuando se redactaba este informe, no se había detenido a nadie en relación con estos incidentes.

            Igualmente apunta:

            -El gobierno de Chávez continuó socavando la independencia de los sindicatos. En el otoño de 2001, se celebraron elecciones sindicales bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo estatal. El 25 de octubre de 2001, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la agrupación sindical más numerosa del país, participó en un proceso electoral supervisado por el Estado en el que eligieron presidente a Carlos Ortega. Sin embargo, el CNE no quiso aprobar los resultados alegando irregularidades. Aunque la Corte Suprema instó al Consejo a que tomara una decisión final sobre la legitimidad del proceso electoral, en noviembre todavía no había emitido un dictamen definitivo.

            (…)La presión sobre los defensores de los derechos humanos aumentó en 2002. En abril y mayo, Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), prestigioso grupo de derechos humanos no gubernamental, recibió amenazas por teléfono y correo electrónico. Las autoridades venezolanas ofrecieron protección policial a ella y al COFAVIC, y el Fiscal General abrió una investigación sobre las amenazas. Sin embargo, el COFAVIC informó de que se habían hecho escasos progresos en esta investigación.

                En el informe sobre lo acaecido en Venezuela en 2004 HRW señaló:

            -La polarización política del país ha desviado la atención de otros asuntos urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos el reiterado problema del abuso policial. Las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de los organismos de policía tanto estatales como municipales son habituales y quedan impunes frecuentemente. Igualmente, se siguen denunciando casos de tortura. La violencia y la anarquía prevalecen en muchas cárceles venezolanas. En zonas cercanas a la frontera, los refugiados procedentes de la vecina Colombia se enfrentan a la inseguridad legal, las difíciles condiciones de vida y, en ocasiones, la amenaza contra sus vidas.

            Luego apuntó:

            -En mayo de 2004, (…) Chávez firmó una ley para copar de adeptos el Tribunal Supremo, aumentando el número de magistrados de 20 a 32. Aunque, cuando se escribió este capítulo, todavía no se había nombrado a los magistrados, la nueva ley permitiría que la coalición oficialista utilizara su entonces escasa mayoría para copar una abrumadora mayoría de los puestos en el máximo tribunal del país. Asimismo, la ley otorga a la coalición oficialista el poder de destituir a magistrados anulando sus designaciones.

            Una toma política del Tribunal Supremo agravará el daño que ya han causado a la independencia judicial las políticas seguidas por el propio Tribunal. El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo del sistema judicial, no ha reducido el gran número de jueces en el país que carecen de estabilidad en el cargo. En marzo de 2004, el Tribunal destituyó sumariamente a tres jueces, después de que dictaran fallos sobre casos políticamente controvertidos.

            Respecto a la libertad de prensa precisó:

            -Venezuela cuenta con una prensa vigorosa y desinhibida. De hecho, en el marco del debate frecuentemente exaltado y hostil entre los simpatizantes del gobierno y sus opositores, los miembros de los medios de comunicación han podido expresar sus opiniones sin restricciones. Las empresas privadas de televisión han adoptado frecuentemente posiciones ampliamente partidistas, emitiendo noticias y programas de debate sumamente hostiles con el gobierno de Chávez. En consecuencia, muchos periodistas que trabajan en los medios que apoyan a la oposición han sido víctimas de la agresión e intimidación por parte de los simpatizantes del gobierno. De igual manera pero en menor medida, los periodistas que trabajan en medios de comunicación que son afines al gobierno han sido objeto de actos intimidatorios.

            Luego indicó:

                -La polarización política del país ha desviado la atención de otros asuntos urgentes en materia de derechos humanos, entre ellos el reiterado problema del abuso policial.

            Si bien es cierto que los periodistas tienen el deber profesional de ser objetivos en sus informaciones, velar por el cumplimiento de dichas normas profesionales no es tarea del gobierno. Por el contrario, el gobierno tiene la obligación de defender la libertad de prensa, independientemente del contenido crítico o partidista de las noticias emitidas, enjuiciando enérgicamente a los responsables de los ataques y de los actos de intimidación. En la mayoría de los casos, el gobierno de Chávez no ha cumplido con dicha obligación.

            En octubre de 2004, la Asamblea Nacional se disponía a aprobar un proyecto de ley del gobierno sobre la "responsabilidad social" de los canales de radio y televisión que impondría excesivas restricciones al contenido de estos medios. En este sentido, el proyecto de ley introduciría una serie de limitaciones sobre el contenido emitido que, si se aplicaran con firmeza, vulnerarían normas fundamentales de la libertad de expresión. Bajo la apariencia de proteger a los niños del lenguaje soez, de contenidos sexuales y de la violencia, la ley propuesta también podría someter a los adultos a niveles de programación restrictivos y puritanos. Asimismo, la ley propuesta contiene normas que han sido redactadas con un lenguaje vago sobre la incitación a la violencia y las amenazas contra el orden público que podrían sancionar a los canales por la expresión legítima de opiniones políticas.

            Además, el proyecto de ley dispone un régimen de sanciones drásticas que fomentarían probablemente la autocensura predominante. En caso de que se determine que los canales son responsables de infracciones, se podría ordenar la imposición de multas, la suspensión de las emisiones e incluso, la revocatoria de sus licencias de emisión.

            También aportó datos sobre asesinatos, tortura y maltrato por parte de la policía

            -La policía –explicó- continúa realizando ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Según el prestigioso grupo no gubernamental de derechos humanos PROVEA, 130 personas, la mayoría hombres jóvenes sospechosos de cometer delitos, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de organismos policiales nacionales, regionales y municipales entre octubre de 2002 y septiembre de 2003. De esta suma, alrededor de una de cada diez víctimas era menor de 18 años. En muchos casos, la policía encubrió las ejecuciones afirmando que las víctimas habían fallecido como resultado de enfrentamientos con la policía, a pesar de los testimonios contrarios de testigos. En términos generales, los agentes de policía que eran responsables de los asesinatos eludieron la justicia.

            Y agregó:

            -A principios de febrero y finales de marzo de 2004, agentes de la Guardia Nacional y de la policía golpearon y torturaron a personas detenidas durante y después de las protestas que se llevaron a cabo en Caracas y otras ciudades venezolanas. Después de que los manifestantes se enfrentaran con las unidades de la Guardia Nacional y los simpatizantes de Chávez, dejando un saldo de 13 personas muertas y más de un centenar de heridos, las fuerzas de seguridad detuvieran a más de 300 civiles. Los detenidos denunciaron haber sido golpeados durante y después del arresto con bastones, con el dorso de sables y con cascos, culatas y otros objetos. Algunos denunciaron que los agentes arrojaron bombas de gases lacrimógenos dentro de los vehículos cerrados en los que se encontraban, causándoles malestar extremo, casi ahogamiento y pánico, mientras que otros describieron cómo les rociaron el rostro con el polvo de los contenedores de gas lacrimógeno, provocándoles quemaduras e irritaciones en la piel. Además, los detenidos declararon que les habían dado choques eléctricos con bastones mientras estaban detenidos e indefensos. Los presuntos abusos parecieran haber gozado de aprobación oficial en algún nivel de la cadena de mando.

                Respecto a la situación carcelaria, el informe destacó:

 

            -Las condiciones en las cárceles venezolanas son crueles, inhumanas y degradantes. El hacinamiento es un problema crónico y las prisiones están prácticamente controladas por las bandas armadas. Adicionalmente, los motines carcelarios y la violencia entre presos cobran cientos de vidas cada año. En 2003, PROVEA estimó que la tasa de homicidios ocurridos en las cárceles era 40 veces mayor al promedio de asesinatos a nivel nacional.