¿Un Senado demócrata favorece a Venezuela?, por Rafael Uzcátegui
Los senadores podrían promover iniciativas para vincular determinados levantamientos de sanciones con compromisos verificables: liberación de presos políticos, garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales, independencia institucional o celebración de elecciones auténticas.
La mejor explicación sobre el reciente resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos la encontré en un trino de Jorge Mantilla (@jmantillaba): «Increíble que los republicanos perdieran las elecciones. Quién iba a pensar que maltratar a la prensa, a las cortes, a los inmigrantes, a las universidades, a las minorías y a los países aliados era una mala idea».
Para los venezolanos, dada la relación de tutelaje, son más importantes las consecuencias que las causas. Y aquí hay dos maneras diferentes de abordar el asunto.
La primera es si usted piensa que en los Estados Unidos están promoviendo un plan sobre el país que conducirá, indefectiblemente, a la democratización del país, que la transición está avanzando y que los hermanos Rodríguez están obligados a cumplir los dictámenes de Washington. Si es su pensamiento, la pérdida del control del senado por parte del partido republicano es una mala noticia, que puede obstaculizar el plan de las tres fases anunciado por el secretario de Estado Marco Rubio.
Sin embargo, otra posibilidad va en sentido contrario. Si usted es de la opinión que los intereses económicos estaban privando en la relación de tutela, incluso de una manera que pudiera postergar la realización de elecciones presidenciales en Venezuela, el nuevo equilibrio resultante de las urnas estadounidenses es una oportunidad. Desarrollemos las posibilidades de esta segunda mirada.
Aunque la Constitución estadounidense concede amplias facultades al presidente para conducir la política exterior, también establece mecanismos de contrapeso institucional. Hay al menos seis instrumentos que el senado podría utilizar para fiscalizar, condicionar o, en determinadas circunstancias, bloquear decisiones relacionadas con Venezuela.
Audiencias e investigaciones parlamentarias
Las comisiones del Senado, especialmente la de Relaciones Exteriores, pueden convocar a funcionarios del Departamento de Estado, solicitar documentación y celebrar audiencias públicas sobre las decisiones de la administración Trump.
Esto permitiría examinar cuáles son los acuerdos alcanzados con Delcy Rodríguez, qué compromisos ha asumido Washington en materia petrolera y económica, y qué condiciones concretas se han establecido para avanzar hacia elecciones presidenciales.
Las audiencias no necesariamente modifican lo realizado, pero pueden obligar a sus responsables a explicar públicamente decisiones que hasta ahora se han desarrollado con escasa transparencia.}
Control presupuestario
El Congreso estadounidense tiene facultades para aprobar y condicionar el uso de recursos públicos. El Senado puede negociar modificaciones presupuestarias, proponer restricciones y rechazar determinadas asignaciones de fondos.
En el caso venezolano, este mecanismo podría utilizarse para condicionar recursos destinados a cooperación, asistencia, reconstrucción institucional u operaciones relacionadas con Venezuela.
Este instrumento tiene una limitación importante: las leyes presupuestarias requieren la participación de ambas cámaras y están sujetas al veto presidencial. Sin embargo, la capacidad del Senado para negar su aprobación constituye una herramienta de negociación.
Confirmación de altos funcionarios
Una facultad exclusiva del Senado es aprobar o rechazar determinados nombramientos realizados por el presidente, incluidos embajadores y altos funcionarios del Departamento de Estado.
La nueva mayoría podría utilizar los procesos de confirmación para interrogar a los candidatos sobre la política estadounidense hacia Venezuela, solicitar compromisos públicos y exigir información sobre los acuerdos con las autoridades venezolanas.
Legislación y supervisión de las sanciones
Los senadores podrían promover iniciativas para vincular determinados levantamientos de sanciones con compromisos verificables: liberación de presos políticos, garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales, independencia institucional o celebración de elecciones auténticas.
El Senado no puede modificar unilateralmente todas las sanciones mediante una votación. Pero sí puede intentar cambiar el marco legal dentro del cual actúa el presidente.
Fiscalización de las operaciones militares
La Constitución estadounidense distribuye entre el Congreso y el presidente distintas competencias sobre el uso de la fuerza militar. El Congreso tiene facultades para declarar la guerra, autorizar operaciones y controlar su financiamiento.
La operación del 3 de enero y cualquier eventual acción militar posterior relacionada con Venezuela podrían ser objeto de investigaciones, solicitudes de información y debates sobre los poderes de guerra.
Revisión de tratados y acuerdos internacionales
La Constitución exige la aprobación de dos tercios de los senadores presentes para que EEUU pueda ratificar tratados internacionales formales
Si determinados compromisos con Venezuela adoptaran esa forma jurídica, el Senado tendría capacidad para aprobarlos, rechazarlos o condicionar su consentimiento. Pero existe una diferencia fundamental entre tratados y acuerdos ejecutivos: Muchos compromisos internacionales pueden establecerse mediante decisiones del presidente sin requerir la aprobación senatorial.
La nueva composición del Senado podría introducir mayores contrapesos institucionales a la política estadounidense hacia Venezuela. Pero sería apresurado concluir que esto conducirá necesariamente a una transición democrática. La palabra clave es «voluntad política».
Hay una variable que no debería quedar fuera de ningún análisis sobre el tema: la capacidad de los propios venezolanos para influir en la agenda del nuevo Congreso estadounidense.
En un escenario de creciente competencia política, donde los demócratas comenzarán a construir sus propuestas de cara a las próximas elecciones presidenciales, las demandas de la sociedad venezolana podrían encontrar nuevos interlocutores y oportunidades de incidencia.
La exigencia de elecciones auténticas, el respeto a los derechos humanos y el fin de la tutela indefinida podrían convertirse en asuntos sobre los cuales los legisladores demócratas busquen diferenciarse de la política de Trump.
Pero eso no ocurrirá necesariamente por iniciativa del Tío Sam. Dependerá también de la capacidad de los venezolanos, dentro y fuera del país, para organizar sus demandas, hacerlas visibles y convertirlas en asuntos que los representantes estadounidenses consideren políticamente relevantes.
Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»
X: @fanzinero
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