Pedro Benítez (ALN).- En estos momentos Dina Boluarte ostenta dos marcas personales, es la primera mujer en ocupar la presidencia de su país y es la mandataria más impopular del mundo, según la revista The Intercept; o, al menos en el Perú, cuenta los índices de aprobación más bajos desde que los civiles retornaron a la Casa de Pizarro en 1980. El 92% de sus conciudadanos desaprueban su desempeño.
Como tal vez se recordará, su accidentado ascenso a la primera magistratura ocurrió el 7 de diciembre de 2022, luego del fracasado intento de autogolpe de Pedro Castillo. Desde ese mismo momento, distintos sectores políticos le han pedido la renuncia. Como respuesta a la vacancia declarada por el Congreso contra Castillo, pero poniendo de manifiesto un generalizado sentimiento de repudio a la clase política peruana, una ola de violentas protestas sacudió todo ese país durante semanas, siendo reprimidas sin contemplación por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El saldo dejó 60 civiles, un policía y 6 militares fallecidos, y la condena por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos al gobierno de Boluarte. Solo en el departamento de Puno 17 manifestantes murieron por disparos y 70 resultaron heridos. En plena crisis, la nueva mandataria fue declarada traidora por el partido que la postuló a la vicepresidencia, el izquierdista Perú Libre, que la expulsó de sus filas; mientras que en un comunicado conjunto los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, afirmaron que Pedro Castillo “fue víctima de un movimiento hostil, antidemocrático”.
Boluarte no cayó porque tanto al Congreso peruano como a las Fuerzas Armadas les interesaba sostenerla. Pero en este año y 10 meses en el cargo ha demostrado la misma falta de capacidad, superficialidad y torpeza que caracterizaron a su antecesor.
El Rolex
Así, por ejemplo, no resistió la tentación de exhibir una colección de relojes de Rolex, con un valor muy superior al salario presidencial y no incluidos en su declaración jurada de bienes. Un trabajo periodístico reveló que la presidenta tenía en su posesión al menos 17 relojes de esa marca, entre otras prendas personales de lujo.
Eso ha dado pie a una investigación del Ministerio Público por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito de mandataria y a una nueva crisis constitucional. En marzo de este año funcionarios de la Fiscalía, y de la División de Investigación Criminal, efectuaron un allanamiento de su domicilio y al despacho presidencial.
Desde entonces las denuncias sobre el aparente crecimiento no justificado de su patrimonio durante los últimos tres años se acumulan.
La barajita de la xenofobia
Además, ya son tres las solicitudes formales de vacancia presidencial en su contra que se han presentado ante el Congreso. No obstante, temerosos de las consecuencias que les puede acarrear la crónica inestabilidad institucional en la que ha caído ese país desde la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018, los jefes políticos no se atreven a dar el paso que también los podría arrastrar a ellos.
Paralelamente a lo anterior, la seguridad en las calles se ha ido deteriorando junto con las crecientes denuncias de extorsiones, mientras que una nueva ola de manifestaciones se espera en los próximos días por parte de diversos sectores: transporte público, trabajadores del sector textil, dueños de bodegas, vendedores de alimentos, madres de cocinas comunitarias, universitarios y activistas de Derechos Humanos.
En este contexto, Boluarte no ha tenido mejor idea que sacarse la barajita de la xenofobia en contra de la migración venezolana. Un millón, sólo en el área metropolitana de Lima. Su amenaza de supervisar las remesas y exigir pruebas de estatus legal a venezolanos residentes en ese país busca precisamente eso. Aferrarse a un tema que le aporte algo a su precario respaldo ciudadano criminalizando a todo un grupo humano agitando los peores instintos colectivos. Un recurso propio de gobernantes mediocres, pero que como nos ha enseñado la historia es sumamente peligroso.
Boluarte insiste con el tema
En una batalla contra el crimen organizado que va perdiendo y que evidentemente no tiene capacidad para enfrentar, desvía el asunto hacia los venezolanos de los que, afirma, escudriñará remesas, contratos laborales y alquileres.
Ciertamente, como ha pasado con todas las grandes migraciones, entre la inmensa masa de honestos venezolanos que han ido de su país con la intención de ganarse la vida con su trabajo no faltan los desadaptados y criminales de toda calaña. Sin embargo, atribuir a las bandas venezolanas todos los problemas de inseguridad en la región se ha convertido en la excusa fácil de muchos gobernantes. Fue el caso de la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López. Por supuesto, apelar a ese expediente no ha resuelto el problema. De hecho, no es la primera vez que Boluarte se agarra de este tema, ya lo hizo hace un año sin resultados concretos.
Sin embargo, no nos extrañe que este sea su último y desesperado intento de seguir despachando como presidenta.
@PedroBenitezF.
