viernes, 20 de febrero de 2015

Amnistía Internacional catalogó de inaceptable detención de Antonio Ledezma

Amnistía Internacional catalogó de inaceptable detención de Antonio Ledezma

Alcalde metropolitano, Antonio Ledezma / Foto Archivo
Alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, fue encarcelado funcionario del Sebin / Foto Archivo

La organización emitió un comunicado donde mostró su rechazo con que se detenga a individuos sin evidencia admisible de que hayan cometido delito alguno

La organización Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que muestra su preocupación por la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, por su presunta vinculación con un plan de conspiración contra el gobierno nacional.
El informe  catalogó de “inaceptable que se detenga a individuos sin evidencia admisible de que hayan cometido delito alguno”.
Vea el Comunicado:
Comunicado de Prensa
Venezuela: ¿Continua la cacería de brujas?
La detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el día de ayer es sumamente preocupante. En el contexto venezolano actual no queda más que asumir que una vez más a las autoridades no les interesa dar prioridad a la protección de los derechos humanos sino acallar a las voces críticas.
En un estado de derecho en el cual se deben proteger los derechos humanos de todas las personas, es inaceptable que se detenga a individuos sin evidencia admisible de que hayan cometido delito alguno. En el último año se han detenido arbitrariamente a personas por el simple hecho de ser opositores o por tener una visión crítica del Gobierno. La detención del Alcalde de Caracas suma una persona más a la ya extensa lista de detenciones motivadas políticamente.
En la última semana además Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que se ha detenido al juez Alí Fabricio Paredes, supuestamente como consecuencia de la sentencia que habría dictado en un caso de alto perfil y que no habría satisfecho los deseos del Ejecutivo. Asimismo, se habría detenido al abogado Tadeo Arriechi como represalia por el desempeño de sus funciones, al ejercer como abogado de una empresa acusada de desestabilizar la economía.
Mientras las autoridades venezolanas no se tomen en serio dar prioridad a los derechos humanos y entiendan que en un estado de derecho se debe dar espacio a la disidencia, el país seguirá en una espiral de deterioro que sobre todo afectará a las personas más vulnerables.

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