Lo que sale de La Yaguara
De las siete empresas con medida de expropiación que operan en La Yaguara, tres son productoras de alimentos, dos de refrescos, una de productos químicos y una comercial. Por Francisco Olivares
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110 camiones salen diariamente de Alimentos Polar en La Yaguara con productos diversos. GEORGINA SVIEYKOWSKY
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EL UNIVERSAL
domingo 16 de agosto de 2015 12:00 AM
María Fernanda Astudillo es analista de almacén en la empresa Alimentos Polar que está ubicada en La Yaguara. Con apenas 23 años de edad ha hecho toda una carrera en esta empresa en la que lleva seis años trabajando. Pero además de llevar desde su computadora el control de gran número de alimentos que entran y salen diariamente de ese centro industrial, ahora forma parte de una mesa de diálogo que junto con otras empresas que operan en la zona, el Gobierno y los trabajadores, analizan posibles opciones para buscar alternativas a una medida de ocupación que pesa sobre esa zona industrial.
La medida de ocupación, que afecta a 7 empresas industriales, provino de un tribunal de Caracas y fue entregada el pasado 29 de julio a la empresa dueña de las instalaciones industriales, de nombre Inmobiliaria Carapay.
Tal acción pondría en riesgo unos 5 mil empleos y el abastecimiento de gran número de productos alimenticios que desde esa zona abastecen a la Gran Caracas, Vargas y Miranda, que suman unos 19 municipios.
La razón de tal ocupación está vinculada a proyectos que maneja el Ministerio de Vivienda y Hábitat para construir viviendas en esa zona.
María Fernanda Astudillo considera que es muy positivo que el Gobierno construya viviendas que son una necesidad de mucha gente, pero al mismo tiempo expresa su angustia porque desde el momento en que llegó ese tribunal a los centros de trabajo con la orden de ocupación, se ha generado una gran incertidumbre en los trabajadores, especialmente en los que, como ella, desde hace muchos años viven y laboran en la zona de la Yaguara.
Las mesas de trabajo comenzaron una semana después de la notificación dada la complejidad de las actividades industriales que allí se desarrollan y la reacción que tal medida generó en los trabajadores. La orden del tribunal le otorgaba a los industriales 60 días para el desalojo de las instalaciones, pero dado que se trata de una zona estratégica para el abastecimiento de productos de primera necesidad, el Gobierno accedió a dialogar con las partes involucradas a fin de encontrar una salida.
La zona Industrial
El rostro de la zona industrial más importante que tiene la Gran Caracas, La Yaguara, ha ido cambiando en los últimos años. Las construcciones de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela se entrelazan ahora con los galpones industriales que operan en la zona, con otros que han sido invadidos y transformados en viviendas improvisadas y con terrenos tomados por colectivos. En el algodonal, una de las áreas que concentra al mayor grupo de unidades industriales, se encuentra el espacio de 70 mil metros cuadrados que aspira a ocupar el Ministerio de Hábitat y Vivienda.
Allí se localizan industrias de producción de alimentos importantes tales como Cargill, Alimentos Polar y Nestlé. Además están Coca Cola, Pepsi Cola e Invegas, que es una industria de productos químicos y presta servicio a empresas de medicina, alimentos y metalúrgicas. También se encuentran unos almacenes de Zara y una zona de locales comerciales que prestan diversos servicios a la comunidad laboral y a los pobladores.
En los alrededores se encuentran instalaciones de la constructora brasileña Odebrecht, que alberga maquinarias de gran tamaño, y la empresa transportista Clover. Esta última había sido desalojada de Las Mayas hace unos años.
Se estima que entre todas estas empresas se generan unos 5 mil empleos, entre directos e indirectos. Sus instalaciones fueron construidas en el año 1991 por Inmobiliaria Carapay con el objeto de proveer a Caracas de un centro de distribución de productos de primera necesidad, ofreciéndole a empresas productoras ese punto estratégico por la vía del arrendamiento. "La posibilidad de contar con inmuebles que cumplan con las exigencias en términos de tamaño, infraestructura y ubicación, es esencial para que estas empresas puedan seguir surtiendo a la ciudad" sostiene Miguel Mónaco, abogado de Carapay. Considera el representante legal que es muy difícil en estos momentos encontrar en la Gran Caracas zonas con similares características, y ello requeriría de una cuantiosa inversión.
Según explica el abogado, estas instalaciones industriales están dotadas de múltiples servicios. Son estructuras que cuentan con bases de concreto muy profundas, diseñadas para operaciones de gran impacto e instalaciones con sistemas eléctricos y de seguridad de alta tecnología. En su opinión, demoler estas estructuras requeriría una inversión similar o mayor a lo que cuesta construir tres edificaciones para viviendas. Ese costo lo estima sin incluir la indemnización que les correspondería, de acuerdo al justiprecio que está contemplado en la Ley de Expropiaciones vigente.
La ruta de la Harina Pan
Uno de estos centros industriales pertenece a Alimentos Polar, empresa que ocupa un área de 17 mil metros cuadrados. Desde las 7:30 de la mañana comienza un movimiento operativo de entrada y salida de productos alimenticios que no se detiene por 12 horas consecutivas.
Un promedio de 110 camiones diarios se llevan los empaques, con cargas que sobrepasan las 5 toneladas. Allí, 538 empleados hacen posible que emblemáticos productos como Harina PAN, margarina y mayonesa Mavesa, Mazeite, Toddy, Arroz Primor, salsas, yogurt y hasta alimentos para mascotas, lleguen diariamente a cerca de 9 mil clientes.
Los productos que desde allí se despachan provienen, a su vez, de 9 plantas ubicadas en Aragua, Carabobo, Yaracuy y Zulia. La tan preciada Harina Pan proviene de la planta de Aragua y desde La Yaguara se abastece a Caracas, Vargas y todo el estado Miranda. Cada cargamento es empaquetado desde allí y enviado al cliente de acuerdo a un sistema de preventa que le garantiza el pedido entre 24 y 36 horas.
Otras empresas como Cargill utilizan mecanismos parecidos de distribución. Desde La Yaguara salen conocidos productos como pastas Ronco, Harina Blanca Flor y salsas para pasta. Mientras que Nestlé distribuye los productos Savoy, Maggi, alimentos para bebé, Nestún y otros. En la planta de Pepsi Cola laboran 477 trabajadores y junto a Coca Cola distribuyen 6 millones de litros en bebidas aproximadamente y, en conjunto, las empresas de alimentos colocan 12 millones de kilos de productos mensualmente.
Los decretos
La historia de las expropiaciones en La Yaguara se remonta un poco más atrás, explica Manuel Bahamonde, gerente de asuntos legales y negocios de Empresas Polar.
A comienzos del año 2011 un colectivo invadió unos terrenos ubicados justo en frente de donde están los galpones del Algodonal. Se trata de unos terrenos propiedad de una fundación auspiciada por Empresas Polar que se llama Cania, la cual se ocupa de la atención de niños con problemas de nutrición. Desde ese centro se atiende a niños de esa zona y otras comunidades vulnerables de Caracas, e incluso hay niños provenientes del interior del país, dice Bahamonde.
Los terrenos invadidos estaban destinados a ampliar el centro Cania, dado el aumento de la demanda de atención por parte de las comunidades en los últimos años. Refiere que esos terrenos son aún propiedad de Cervecería Polar, porque aún no se ha concretado una expropiación firme. Polar se los había dado en comodato a Cania para que expandiera sus actividades.
Poco tiempo después de ocurrida la invasión de Cania, el 18 de enero de 2011 se dictó el Decreto 8.005 con rango de Ley Orgánica, de Emergencia para Terrenos y Viviendas.
Según explica Bahamonde, se dicta esta nueva ley que, básicamente, lo que establece son unas condiciones especiales para proceder a la expropiación, en caso de que haya interés de desarrollo de unidades habitacionales para los programas de viviendas gubernamentales.
A su juicio, esa norma lo que hace básicamente es omitir todas las garantías de la Ley de Expropiación, la cual establece una serie de condiciones para proceder antes de que se concrete la expropiación. Entre ellas, determinar que se trata de un área ociosa y que, antes de que se pueda tomar posesión de la propiedad con la autorización de un tribunal, sea entregado el pago de acuerdo al justiprecio que deben establecer los peritos sobre los terrenos e inmuebles que allí se encuentren.
El 29 de marzo de 2012 se produjo el decreto 8.891 dictado por el Presidente de la República, que declaró como Área Vital de Viviendas (AVIVIR) casi toda la zona geográfica de la Yaguara. En esa área se encuentran los galpones industriales de El Algodonal. Pero a partir de ese decreto no se realizó ningún tipo de acción contra las industrias de la zona.
Sobre ese decreto, indica Miguel Mónaco, abogado de Carapay, que no es una medida expropiatoria. Lo que hace es permitir que en un área determinada en la que ya existe una zonificación, se puedan construir viviendas. Ello, según el jurista, no cambia la zonificación previa determinada por el municipio y no implica una acción expropiatoria.
Desde 2011 no se había producido ninguna nueva acción de expropiación en la zona, hasta que el 29 de julio de 2015, a solicitud del ministro del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, el Juzgado Vigésimo Noveno de Municipio del Área Metropolitana se presentó en las instalaciones de Inmobiliaria Carapay, a fin de notificar a su representante legal de una medida de ocupación que realizará el mencionado ministerio sobre esas instalaciones. La medida se basó en el mencionado decreto AVIVIR.
La acción judicial paralizó ese día la dinámica de entrada y salida de productos de esos centros industriales. Según narra Manuel Mónaco, había la orden de "nada entra, nada sale", pero al final del día se optó por permitir que los camiones continuaran su labor.
Posteriormente, el propio ministro Molina se reunió con representantes de los trabajadores que se encontraban protestando la medida. De allí surgió el ofrecimiento de crear las mesas de diálogo en las cuales ya se han producido dos reuniones en la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat con las tres partes representadas.
Twitter: @folivares10
La medida de ocupación, que afecta a 7 empresas industriales, provino de un tribunal de Caracas y fue entregada el pasado 29 de julio a la empresa dueña de las instalaciones industriales, de nombre Inmobiliaria Carapay.
Tal acción pondría en riesgo unos 5 mil empleos y el abastecimiento de gran número de productos alimenticios que desde esa zona abastecen a la Gran Caracas, Vargas y Miranda, que suman unos 19 municipios.
La razón de tal ocupación está vinculada a proyectos que maneja el Ministerio de Vivienda y Hábitat para construir viviendas en esa zona.
María Fernanda Astudillo considera que es muy positivo que el Gobierno construya viviendas que son una necesidad de mucha gente, pero al mismo tiempo expresa su angustia porque desde el momento en que llegó ese tribunal a los centros de trabajo con la orden de ocupación, se ha generado una gran incertidumbre en los trabajadores, especialmente en los que, como ella, desde hace muchos años viven y laboran en la zona de la Yaguara.
Las mesas de trabajo comenzaron una semana después de la notificación dada la complejidad de las actividades industriales que allí se desarrollan y la reacción que tal medida generó en los trabajadores. La orden del tribunal le otorgaba a los industriales 60 días para el desalojo de las instalaciones, pero dado que se trata de una zona estratégica para el abastecimiento de productos de primera necesidad, el Gobierno accedió a dialogar con las partes involucradas a fin de encontrar una salida.
La zona Industrial
El rostro de la zona industrial más importante que tiene la Gran Caracas, La Yaguara, ha ido cambiando en los últimos años. Las construcciones de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela se entrelazan ahora con los galpones industriales que operan en la zona, con otros que han sido invadidos y transformados en viviendas improvisadas y con terrenos tomados por colectivos. En el algodonal, una de las áreas que concentra al mayor grupo de unidades industriales, se encuentra el espacio de 70 mil metros cuadrados que aspira a ocupar el Ministerio de Hábitat y Vivienda.
Allí se localizan industrias de producción de alimentos importantes tales como Cargill, Alimentos Polar y Nestlé. Además están Coca Cola, Pepsi Cola e Invegas, que es una industria de productos químicos y presta servicio a empresas de medicina, alimentos y metalúrgicas. También se encuentran unos almacenes de Zara y una zona de locales comerciales que prestan diversos servicios a la comunidad laboral y a los pobladores.
En los alrededores se encuentran instalaciones de la constructora brasileña Odebrecht, que alberga maquinarias de gran tamaño, y la empresa transportista Clover. Esta última había sido desalojada de Las Mayas hace unos años.
Se estima que entre todas estas empresas se generan unos 5 mil empleos, entre directos e indirectos. Sus instalaciones fueron construidas en el año 1991 por Inmobiliaria Carapay con el objeto de proveer a Caracas de un centro de distribución de productos de primera necesidad, ofreciéndole a empresas productoras ese punto estratégico por la vía del arrendamiento. "La posibilidad de contar con inmuebles que cumplan con las exigencias en términos de tamaño, infraestructura y ubicación, es esencial para que estas empresas puedan seguir surtiendo a la ciudad" sostiene Miguel Mónaco, abogado de Carapay. Considera el representante legal que es muy difícil en estos momentos encontrar en la Gran Caracas zonas con similares características, y ello requeriría de una cuantiosa inversión.
Según explica el abogado, estas instalaciones industriales están dotadas de múltiples servicios. Son estructuras que cuentan con bases de concreto muy profundas, diseñadas para operaciones de gran impacto e instalaciones con sistemas eléctricos y de seguridad de alta tecnología. En su opinión, demoler estas estructuras requeriría una inversión similar o mayor a lo que cuesta construir tres edificaciones para viviendas. Ese costo lo estima sin incluir la indemnización que les correspondería, de acuerdo al justiprecio que está contemplado en la Ley de Expropiaciones vigente.
La ruta de la Harina Pan
Uno de estos centros industriales pertenece a Alimentos Polar, empresa que ocupa un área de 17 mil metros cuadrados. Desde las 7:30 de la mañana comienza un movimiento operativo de entrada y salida de productos alimenticios que no se detiene por 12 horas consecutivas.
Un promedio de 110 camiones diarios se llevan los empaques, con cargas que sobrepasan las 5 toneladas. Allí, 538 empleados hacen posible que emblemáticos productos como Harina PAN, margarina y mayonesa Mavesa, Mazeite, Toddy, Arroz Primor, salsas, yogurt y hasta alimentos para mascotas, lleguen diariamente a cerca de 9 mil clientes.
Los productos que desde allí se despachan provienen, a su vez, de 9 plantas ubicadas en Aragua, Carabobo, Yaracuy y Zulia. La tan preciada Harina Pan proviene de la planta de Aragua y desde La Yaguara se abastece a Caracas, Vargas y todo el estado Miranda. Cada cargamento es empaquetado desde allí y enviado al cliente de acuerdo a un sistema de preventa que le garantiza el pedido entre 24 y 36 horas.
Otras empresas como Cargill utilizan mecanismos parecidos de distribución. Desde La Yaguara salen conocidos productos como pastas Ronco, Harina Blanca Flor y salsas para pasta. Mientras que Nestlé distribuye los productos Savoy, Maggi, alimentos para bebé, Nestún y otros. En la planta de Pepsi Cola laboran 477 trabajadores y junto a Coca Cola distribuyen 6 millones de litros en bebidas aproximadamente y, en conjunto, las empresas de alimentos colocan 12 millones de kilos de productos mensualmente.
Los decretos
La historia de las expropiaciones en La Yaguara se remonta un poco más atrás, explica Manuel Bahamonde, gerente de asuntos legales y negocios de Empresas Polar.
A comienzos del año 2011 un colectivo invadió unos terrenos ubicados justo en frente de donde están los galpones del Algodonal. Se trata de unos terrenos propiedad de una fundación auspiciada por Empresas Polar que se llama Cania, la cual se ocupa de la atención de niños con problemas de nutrición. Desde ese centro se atiende a niños de esa zona y otras comunidades vulnerables de Caracas, e incluso hay niños provenientes del interior del país, dice Bahamonde.
Los terrenos invadidos estaban destinados a ampliar el centro Cania, dado el aumento de la demanda de atención por parte de las comunidades en los últimos años. Refiere que esos terrenos son aún propiedad de Cervecería Polar, porque aún no se ha concretado una expropiación firme. Polar se los había dado en comodato a Cania para que expandiera sus actividades.
Poco tiempo después de ocurrida la invasión de Cania, el 18 de enero de 2011 se dictó el Decreto 8.005 con rango de Ley Orgánica, de Emergencia para Terrenos y Viviendas.
Según explica Bahamonde, se dicta esta nueva ley que, básicamente, lo que establece son unas condiciones especiales para proceder a la expropiación, en caso de que haya interés de desarrollo de unidades habitacionales para los programas de viviendas gubernamentales.
A su juicio, esa norma lo que hace básicamente es omitir todas las garantías de la Ley de Expropiación, la cual establece una serie de condiciones para proceder antes de que se concrete la expropiación. Entre ellas, determinar que se trata de un área ociosa y que, antes de que se pueda tomar posesión de la propiedad con la autorización de un tribunal, sea entregado el pago de acuerdo al justiprecio que deben establecer los peritos sobre los terrenos e inmuebles que allí se encuentren.
El 29 de marzo de 2012 se produjo el decreto 8.891 dictado por el Presidente de la República, que declaró como Área Vital de Viviendas (AVIVIR) casi toda la zona geográfica de la Yaguara. En esa área se encuentran los galpones industriales de El Algodonal. Pero a partir de ese decreto no se realizó ningún tipo de acción contra las industrias de la zona.
Sobre ese decreto, indica Miguel Mónaco, abogado de Carapay, que no es una medida expropiatoria. Lo que hace es permitir que en un área determinada en la que ya existe una zonificación, se puedan construir viviendas. Ello, según el jurista, no cambia la zonificación previa determinada por el municipio y no implica una acción expropiatoria.
Desde 2011 no se había producido ninguna nueva acción de expropiación en la zona, hasta que el 29 de julio de 2015, a solicitud del ministro del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, el Juzgado Vigésimo Noveno de Municipio del Área Metropolitana se presentó en las instalaciones de Inmobiliaria Carapay, a fin de notificar a su representante legal de una medida de ocupación que realizará el mencionado ministerio sobre esas instalaciones. La medida se basó en el mencionado decreto AVIVIR.
La acción judicial paralizó ese día la dinámica de entrada y salida de productos de esos centros industriales. Según narra Manuel Mónaco, había la orden de "nada entra, nada sale", pero al final del día se optó por permitir que los camiones continuaran su labor.
Posteriormente, el propio ministro Molina se reunió con representantes de los trabajadores que se encontraban protestando la medida. De allí surgió el ofrecimiento de crear las mesas de diálogo en las cuales ya se han producido dos reuniones en la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat con las tres partes representadas.
Twitter: @folivares10
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