José Vicente Rangel: Los corruptos deben recibir un castigo ejemplar

*Editorial del programa en Televen “José Vicente hoy”: 10-05-2015.

Hay una amenaza que se extiende por el mundo. Algo así como una avasallante pandemia que avanza destruyendo, estados, sistemas políticos, partidos, sindicatos, medios de comunicación, organismos financieros, es decir, todo. Nada ni nadie escapa, según parece, a sus letales efectos. Me refiero, obviamente, a la corrupción.

Da la impresión que luchar contra ella es una causa perdida. Las denuncias resultan inútiles. Las promesas electorales de luchar contra el morbo se evaporan rápidamente. El mensaje cuestionador de la oposición, a la hora de la alternancia, cuando los críticos arriban al poder y pareciera llegada la hora del ajuste de cuentas, casi de inmediato aflora la corrupción con nuevos personajes y estilos. Es como una maldición que se repite y que encarna con facilidad en nuevos personajes y hechos.

Imposible extenderme en otras consideraciones sobre el tema dadas las limitaciones de tiempo que impone la televisión, pero quiero ilustrar lo que digo de esta manera: los analistas asumen a Chile como expresión de un modelo ético eficaz para contrastarlo con la situación en otros países de la región. Pero no es así. Es dramática la situación por la cual atraviesa el gobierno de una mujer digna como la presidenta Bachelet. La corrupción que caracterizó al gobierno de su predecesor, Sebastián Piñera, se repite en su gestión, aparecen implicados en graves actos de corrupción. Dirigentes de los partidos de la derecha –que estuvieron con Piñera– y también los que la apoyan. La situación llega a tal extremo que el fenómeno toca el entorno familiar de la mandataria. Brasil está estremecido por las altas cotas de corrupción, especialmente en su industria petrolera, que comprometen el gobierno de una mujer honesta como Dillma Roussef. Y está el caso de España con una situación similar, o más grave: la vinculación orgánica de toda la clase política y económica de España, gobierno y oposición, con hechos de corrupción que tienen al borde de la   desesperación al pueblo español.

No eludo lo que sucede en Venezuela. También estamos bajo los efectos traumáticos de una corrupción que permea al estado, al gobierno y la oposición, a las instituciones en general y a la sociedad. La reacción del gobierno de Maduro se está dejando sentir en las últimas semanas, y la actitud de la colectividad es positiva, de apoyo pleno a las decisiones adoptadas por el ejecutivo, el Ministerio Público y los tribunales. Ojalá la acción anticorrupción se profundice, se institucionalice y que no sea flor de un día. Que asuma la emergencia y ataque el fenómeno con firmeza. Lo deseable sería que en otros países afectados se hiciera lo mismo, pero si no es asi, que al menos en el nuestro se establezca un precedente y los corruptos –los que sean– reciban castigo ejemplar.

Coloquemos el tema en el contexto histórico: el 12 de enero de 1824, desde Lima, Perú, el libertador Simón Bolívar, aprobó un decreto con vigencia inmediata con el siguiente articulado:

Artículo 1.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.

Artículo 2.- Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo 3.- Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1.

Fuente: Sincuento.com 10-05-2015

NOTA: Totalmente de acuerdo, JVR, pero la ley entra por casa. ¿No te parece? Entonces hay que investigar a tu hijo (a) Papipapi.