Pedro R. García: La Corrupción en el país y su complejidad histórica

El 12 de enero de 1824 Simón Bolívar desde Lima, Perú, decretó la pena de muerte para todos los funcionarios públicos corruptos: “Teniendo presente: 1º. Que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han intervenido en ellos; 2º.- Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar, y Decreto: Artículo 1º.- Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”. De esta forma, el Libertador contraatacaba una práctica generalizada enemiga de la causa de revolucionaria. En los sucesivos dos artículos, advirtió a los jueces que no cumplieran con la ley que sufrirían la misma condena, y dio la facultad de poder denunciar los casos de corrupción a cualquier ciudadano. En el 4º y artículo final “se ordena fijar el texto del decreto en todas las oficinas de los puestos republicanos, con el fin de que se cumpla esa ley inmediatamente”.

En la praxis revolucionaria del Libertador la corrupción administrativa tuvo un duro enemigo, en virtud de ser un mal atentatorio contra la edificación de la república y la concreción de la Independencia. El principio de la pulcritud en el manejo de la hacienda pública, la creencia en el compromiso moral de los funcionarios del Estado en la gerencia de los fondos del pueblo, y la certeza de la responsabilidad del ciudadano de velar por los intereses del colectivo, fueron columnas vertebrales del pensamiento sociopolítico del hombre de las dificultades a lo largo de su vida ejemplar.

Al revisar con detenimiento sus acciones, acompañadas generalmente de decretos y leyes, nos percatamos de un Simón Bolívar que no dudó de la contraloría ciudadana como herramienta básica para erradicar la corrupción y la impunidad en nuestras naciones, calamidades causantes de la pérdida de la moral pública y de nuestros sistemas políticos.

Elemental repasar este fragmento de un duro discurso de Chávez donde interpela a con acritud las instituciones. Veamos uno de sus pasajes  1998, a los pocos días de acudir a las urnas el 6, de diciembre de 1998: “La patria agoniza entre el despotismo y la corrupción. La magna tarea a la que somos convocados todos los Republícanos es a restituirle a ella la ética pública perdida, la sobriedad ultrajada de las leyes, la auctorita destruida de la Constitución y la honestidad prostituida de los gobernantes. La patria es un cuerpo moral regido por leyes supremas que garantizan un orden justo”.

Una acotación necesaria…

“Lo que fue, eso será”, decía el Cohelet, hijo de David, rey de Israel: “Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará; no se hace nada nuevo bajo el sol. Hasta alguna cosa que a veces parece novedosa y nos los muestran: mira, esto es nuevo, aun ésa ya fue en los siglos anteriores a nosotros”. La naturaleza humana,  la fuerza de las cosas: cuando se trata de riqueza y de poder o, más bien, de las tramas tejidas entre dinero y poder, lo que hemos visto, eso mismo es lo que hoy vemos y veremos. Y lo que hemos contemplado desde que perdimos la candidez es corrupción, que durante largos años ha campeado sin respeto sin temor a que una reacción rabiosa de la opinión pública les hiciera morder el polvo a los corruptos: saberlo todo de las tramas de corrupción no ha impedido que los partidos fiadores de ellos los hayan impuesto de nuevo como candidatos en las diversas fórmulas electorales.

Para un análisis de un asunto de la complejidad como es la corrupción que ha despuntado entre nosotros, incapaz de provocar el escozor que causarían en la piel de otras sociedades, procuremos afinar los juicios futuros sobre el resultado de la investigación crítica y no sobre apreciaciones arbitrarias de otros. Se puede diferir en la estimativa de las circunstancias, pero no se puede erigir un sistema sobre hechos falsos.

La corrupción es un fenómeno que se conforma como un crimen contra el Estado y cada uno de sus miembros: los gobernantes y los ciudadanos; lo público y lo privado; el individuo y el colectivo. Las metáforas no sirven, por lo tanto, para aproximarse a la multiplicidad de elementos que influyen en un delito del cual conocemos muchas cosas y que sin embargo, se vuelve inasible, difuso en números, actores y víctimas. De ese delito conocemos las víctimas, pero en un sentido general e impreciso: todos nosotros. Identificamos las oportunidades, el lugar donde se perpetró, los motivos de los sospechosos usuales.  Podemos estimar la cuantía del botín, conocer los “modus operandi”, detectar los mecanismos utilizados e incluso sospechar con fuerte convicción de algunos posibles más o menos culpables. Por eso la corrupción es un fenómeno del cual podemos describir el estado del sistema, antes y después, pero no llegamos a comprender lo que pasa, pues siempre resulta diferente a lo que la lógica analítica permitiera esperar. La caja negra es el sistema de procesamiento de esos delitos, el sistema de salvaguarda del patrimonio público. La corrupción existe si hay un sistema que la note y la nombre; mejor aún si es llevada a juicio y se encuentra el responsable y la culpa. Si se aproxima a un delito común de forma analítica puede proceder perfectamente según el manual de investigaciones básico, hay un autor del crimen, con sus motivos y propósitos; una víctima y una magnitud del daño; un bien afectado, un instrumento del delito, un botín, una oportunidad y unas leyes que permiten juzgar las acciones de los hombres en función de esos indicios, puede que no se encuentre nunca al criminal, pero quedan claros algunos de los demás elementos del suceso. Con los delitos de corrupción, no hay decisión y queda apenas un sentimiento difuso de los daños, el saqueo, los instrumentos del delito. Una madeja intrincada; un fenómeno. Lo más paradójico es que resulta siendo un delito sin víctimas ni agraviados. Quizás ese sea el gran problema de la lucha contra la corrupción que en última instancia no hay víctimas. Como el bien malversado no pertenece a alguien en particular, entonces no hay daño real ni se le puede atribuir a algún responsable.  Los culpables terminan libres, ricos y en uno de los más grotescos actos de cinismo, respetados y celebrados por nuestra  hipócrita sociedad.  Por eso, para que la lucha contra la corrupción tenga posibilidad de obtener algunas victorias, es necesario un ente, un sistema, una institución, diseñada con la participación real del país, que asuma como persona la propiedad y la responsabilidad del bien público. Cada uno debe entender esa propiedad no como persona particular, sino como ente colectivo, como público.  Es necesario que  haya personas que asuman esa misión, siguiendo la sabia orientación del maestro Simón Rodríguez y sientan el interés público como si fuera propio; no habrá control de la corrupción, ni habrá siguiera corrupción, sin agraviados no hay delito. La Multiplicación de instrumentos normativos. Si se estudia el flagelo de la corrupción y el correspondiente desarrollo de un sistema de salvaguarda desde 1958, encontraremos algunas tendencias constantes y un cambio violento, que sin embargo no parece variar, por el contrario tiende a agravarse, salvo puede observarse ciclos que dependen generalmente en los tiempos electorales o de finalización de períodos gubernamentales, cuando se atizan las denuncias de corrupción.  El intenso desarrollo normativo. La multiplicación de instrumentos legales en contra de la corrupción, ha sido también tendencia progresiva en estos últimos 50 años. No solo observamos dos códigos penales e innumerables reformas, también observamos varias leyes de responsabilidad administrativa, o contra el enriquecimiento ilícito, infinidad de códigos y reglamentos internos de cada dependencia y de la administración pública en general.  Las normativas definen y diferencian, las diversas manifestaciones delictuales como, malversación, desvío, apropiación, concusión o simple y llanamente robo; intentan dictar códigos de ética al funcionario público y establecen sanciones y penas que no parecen ser castigo suficiente para disuadir el incentivo de la corrupción, que aumenta en niveles que produce pavor. Lo que si logran con todo este entramado normativo es hacer casi imposible la gestión eficiente del gobierno. Complejización de las relaciones entre la multiplicidad de actores y estructuras que combaten contra el fenómeno y la aparición de factores exógenos al sistema de salvaguarda, que desvían la “lucha” contra la corrupción hacia otros objetivos distintos a sanear la administración pública. Factores políticos, intereses económicos, el poder mismo, se convierten en motivos tan importantes en el delito de corrupción como pueden ser importantes las razones de los delincuentes en el estudio del crimen común. El incremento de la corrupción en magnitudes de MMM$.  Esta es casi de Perogrullo, puesto que los valores de la economía.  Se han multiplicado por todas esas EMES, durante estos años. Pero también en cifras relativas, las magnitudes de la corrupción  crecen en proporción positiva con respecto a los ingentes ingresos petroleros. Cuanto más dinero, más corrupción. Es una relación sostenida en estos años, podría postularse casi como una generalización bastante probable: ¡cuanto más hay, más roban!  La Participación Ciudadana: En 1998, durante la segunda presidencia del inefable Dr. Rafael Caldera, se promulga el Código Orgánico de Procesamiento Penal, que produce un giro de 180 grados en la concepción de la defensa y acceso a la justicia para los venezolanos. Pasamos de un esquema de Derecho inquisitivo a un esquema de Derecho acusatorio, que más que un cambio de procedimiento es un cambio sustancial paradigmático, respecto a la aplicación de justicia y nuestra participación ciudadana en su dinámica, este cambio, considerando un avance positivo en la concepción de la distribución de la justicia, tendría efectos contrarios, tanto para el mismo COPP, que pretendía mayor participación ciudadana, como para la lucha anticorrupción.  El cambio se reflejó en las normas, los actores, las políticas y muy especialmente, en la misma estructura y dinámica del sistema, por la eliminación de la jurisdicción especial que había tenido Salvaguarda desde 1983 hasta 1998.  La Constitución del 1999 reflejaría los mismos principios que inspiraron al COPP: publicidad como la justicia, el protagonismo del Ministerio Público como actor principal en el proceso acusatorio y la participación activa de los ciudadanos (jurados, jueces, escábinos, comités de postulaciones); manteniendo además, la eliminación de la jurisdicción de Salvaguarda y añadiendo una especie de poder Moral, el Poder Ciudadano, de complejo y defectuoso diseño constitucional que tendremos que reformarlo o eliminarlo eventualmente. Cuando en 1999 asume el gobierno el Presidente Hugo Chávez y su “movimiento revolucionario”, el cambio de la norma fundamental que sería aprobada por referéndum para finales de 1999, adelantan un acelerado proceso de desmontaje de todas las instituciones que formaban parte del andamiaje que pretendía combatir la carcoma de la corrupción. Podemos apreciar si revisamos el marco de los nuevos instrumentos jurídicos, cambios en el reparto de los actores, normas y sus consecuencias y el giro que da la política pública contra la corrupción. Si pensamos que no es suficiente el entramado legislativo jurídico, que debe haber la necesidad de un cambio radical de conducta de inserción en los estándares sociales, concurrentemente las sociedades entonan que están en proceso de erradicación de la corrupción. Entonces el punto es: ¿La sociedad quiere o no quiere cambiar sus pautas de conducta? ¿Los que ejercen y aspiran  el poder político están realmente embarcados en la lucha contra la corrupción o son desnudas fórmulas demagógicas? ¿Los detentadores del poder económico acompañan con sinceridad estas decisiones o les conviene permanecer como estamos? En este último punto, conviene extenderse un poco porque a veces no se le considera pero que es muy importante. Las empresas y grupos económicos también han olvidado su deber moral. Y ello se observa en la ausencia de modelos y valores fundamentales en la conformación de sus prácticas empresariales. Las organizaciones económicas deben reformular sus principios realizando todos los esfuerzos necesarios para volver a incorporar la ética en la práctica de las conductas de interrelación interna y externa, no solo buscar la eficiencia productiva o la ganancia sino medir los costos humanos y sociales que se sufragan para alcanzar sus fines. No pueden seguirse pensando en costos financieros únicamente. La corrupción y el fraude están plantados también fuertemente en los sectores privados. Esto contribuye al debilitamiento de los grupos sociales. No se puede desechar la influencia del sector económico. La importancia se desprende de su propia acción, como organización de capital para obtener un determinado éxito a la que hoy se le agregan dándole más fuerza los procesos de globalización (que no es igual a la causa de integración), que es mucho más amplio y totalmente independiente de la voluntad de los Estados. La empresa ya no solo influye en su lugar de permanencia. Es una energía que extiende su supremacía a través de la conformación de grupos supranacionales y el avanzado uso de la tecnología. Es una fuerza que supera a las propias organizaciones políticas nacionales vigentes braceando con un marcado poder de decisión en las políticas internas y en las internacionales. Los Estados han perdido parte de su autonomía de decisión. Por ello si permitimos en el país que la corrupción siga avanzando, si no nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos obligamos a cambiar y las formas de ponerlo en ejecución el deterioro va a ser insalvable. La innovación es un desafío que requiere de cada uno de nosotros. Se debe asumir el mismo y empezar por ser ejemplo de transformación interiormente desde el hogar, en el seno del trabajo, en el ejercicio de la función pública o dentro las empresas, y lógicamente que el mayor peso recae en aquellos que tienen el mandato de haber sido electos con el voto y tienen por tanto la auctorita y el poder de decidir para transformar.

“Pasa el tiempo y el segundero avanza decapitando esperanzas”

Fuente: Meridiano 01-12-2015