Abogan por una Asamblea amiga de la niñez y adolescencia
Los menores de 18 años de edad no pudieron votar en las elecciones del 6-D, pero también necesitan ser atendidos por el Poder Legislativo. La Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes –Redhnna– integrada por organizaciones que trabajan con este sector de la población, elaboró 13 propuestas que la futura Asamblea Nacional debería incluir en su agenda. Oscar Misle, director de Cecodap, destacó que estos temas requieren de la función contralora de los diputados, para que interpelen a quienes no cumplan con su labor
Revisar y fortalecer la Ley Orgánica para NNA
Los diputados de la nueva Asamblea Nacional deben conocer y analizar los efectos que han tenido las reformas a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes –en 2007 y 2015– en la vida de los menores, para así efectuar los ajustes correspondientes y adaptar la normativa a los principios y garantías reconocidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño.
Crear una Red de Parlamentarios en pro de la niñez y adolescencia
La Redhnna, producto de mesas de trabajo, consideró necesario que se consolide dentro de la Asamblea Nacional un grupo de parlamentarios que estén sensibilizados, interesados, formados y ocupados en los temas relacionados con los niños y adolescentes
Fortalecer los entes públicos dedicados a la protección del sector
Resulta prioritario que se promuevan, desde la Asamblea Nacional, decisiones legales, institucionales y de inversión pública para lograr la conformación y adecuado funcionamiento de un Sistema de Protección Integral de carácter sistémico, intersectorial, participativo, descentralizado y no concentrado, que asegure el trabajo coordinado y compartido entre las distintas instituciones del Estado, las familias, la sociedad y los niños y adolescentes.
Reforzar el Sistema Penal de responsabilidad de los adolescentes
Sobre la reciente reforma al título V de la Lopnna, recae un recurso de nulidad parcial introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia en agosto de 2015 y sobre el que no hay pronunciamiento a la fecha. Los argumentos que fundamentan ese recurso apenas reflejan las deudas y dificultades en esta materia.
Implementar un plan nacional para la protección integral
La Asamblea Nacional, en su función contralora, debe asumir un papel activo y exigir a las distintas autoridades con competencia en la materia que concreten el diseño, implementación y seguimiento de un plan nacional para la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Ejecutar un plan de acción especial contra la violencia
Debido a la magnitud que ha alcanzado el fenómeno de la violencia contra los niños y adolescentes, se deben promover los espacios de participación, investigación, consulta y articulación que posibiliten el diseño y ejecución de un plan de acción especial que prevenga, atienda y rehabilite a los menores afectados por la violencia.
Contar con un sistema público de información
Con base en las competencias de la Asamblea Nacional para la vigilancia y evaluación del desempeño público, en materia de niños y adolescentes se requiere contar con un sistema nacional de datos, con información accesible, pública, oportuna y en concordancia con el enfoque de derechos.
Garantizar el acceso a bienes y servicios
La Asamblea Nacional debe ser garante de la obligación del Estado de promover, proteger y hacer plenamente efectivos los derechos para todos los niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, con políticas fiscales y presupuestarias que aseguren con prioridad estas obligaciones impostergables.
Garantizar el derecho a la salud y los servicios
La Asamblea debe tomar un conjunto de acciones que contribuyan a fortalecer el sistema público de salud, ello implica la investigación, asignación de recursos, desarrollo normativo que asegure a todos los niños y adolescentes la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud de forma gratuita, oportuna y de la más alta calidad.
Garantizar sus derechos a los privados de cuidados parentales
Entre las funciones de contraloría que competen al Parlamento es prioritario que se constate si el Estado, efectivamente, garantiza que la medida de institucionalización de niños y adolescentes sea por el menor tiempo posible. Es preciso identificar cuántos son, quiénes son, dónde están, estatus socio-legal para su egreso institucional, y asegurar el respeto a su derecho de vivir en una familia.
Atender recomendaciones del Comité de Derechos del Niño
La AN debe contribuir y exigir el cumplimiento de las Observaciones finales a Venezuela sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus respectivos protocolos facultativos, emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tanto en 2007, como en 2014. Es importante destacar que estos documentos son jurídicamente vinculantes para Venezuela al constituir obligaciones reconocidas dentro de la propia Convención sobre los Derechos del Niño.
Ratificar protocolos sobre los Derechos de los NNA
Venezuela debe ratificar el Tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones. Este nuevo tratado amplía las posibilidades de protección internacional, pues permite a niños y adolescentes y a sus representantes, presentar quejas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante eventuales violaciones de sus derechos cuando no hayan obtenido justicia y reparación en el país.
Facilitar el diálogo y participación de las ONG
Es pertinente subrayar, a más de ocho años de demora, la no promulgación del reglamento de participación popular de la Lopnna en estricto apego a los principios de la Doctrina de Protección Integral y la propia Constitución de la República. No está establecido de modo legal cuáles son los mecanismos institucionales que facilitan, promueven y apoyan la participación ciudadana en la planificación, desarrollo y evaluación de la gestión pública en esta materia.
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