País

Relato de una expropiación

Una finca ocupada en plena producción, hoy es monte y culebras

En pleno apogeo, la hacienda ubicada en Mapire, Anzoátegui, le fue arrebatada al ganadero Fernando Adrianza

Generaba 2.000 litros diarios de leche, queso, contaba con 1.500 cabezas de ganado, cuatro vaqueras con capacidad de 150 animales cada una, además de maquinaria agrícola y tractores

Transcurría el año 2004 cuando una noche el ganadero Fernando Adrianza se encontraba en la finca Alafloca “La Florida” de su propiedad, ubicada en Mapire, estado Anzoátegui. Repentinamente, llegó un camión de donde se bajaron 14 hombres armados con escopetas, quienes irrumpieron violentamente en sus tierras y lo sacaron junto a su familia apuntándoles en la cabeza. El ex productor venezolano cuenta que los sujetos vestían camisas rojas con un estampado de la cara del comandante Chávez. Él trató de resistirse, pero recibió la estruendosa advertencia: “Si no se van les caemos a plomo, hagan las cosas más fáciles y se largan de aquí porque esto es una expropiación”, relata con impotencia. Entonces, no les quedó más remedio que retirarse con la esperanza de dirigirse a las autoridades, policía o Guardia Nacional para denunciar que habían sido víctimas de unos delincuentes que al estilo del viejo oeste americano, los echaron de su propiedad.

Continúa Adrianza contando que se fueron al Comando de Guardia Nacional ubicado en Pariagúan. Allí advirtieron la nefasta novedad y se regresaron a la finca acompañados de algunos funcionarios, quienes claramente le dijeron que le hacían “un favor” ya que no tenían ninguna orden superior de sacar a la gente que a lo “macho” los habían desalojado. Al llegar de nuevo a la hacienda, Adrianza comenta que, en actitud bravucona, “nos tiraron un quieto” apuntándoles con las escopetas y asegura que hasta los efectivos de la GN subieron sus manos para tratar de proteger sus vidas. Del insólito hecho -según su testimonio- sólo quedó un informe por escrito el cual, por cierto, nunca le quisieron entregar. Despojado de sus tierras y pertenencias que había trabajado por más de 40 años, el señor Adrianza se trasladó al Comando de la Guardia de El Tigre, donde le habían dicho que buscara a un coronel quien probablemente lo podía ayudar. Sin embargo, la diligencia también fue infructuosa, pues el alto funcionario le esgrimió que sólo podía remitir el caso a la policía para que fuese con él a tratar de sacar a los invasores. “El Coronel lo que hizo fue una carta manuscrita dirigida al jefe de la policía y le ordenó al cabo de Pariaguán, quien hasta el momento había sido el único efectivo en acompañarnos en las diligencias, que no volviera más la finca”, dijo Adrianza indignado.

La Policía tampoco actuó, entonces decidió dirigirse a Caracas con sus abogados para llevar el caso al Ministerio de Agricultura y Tierras donde aún permanece el expediente en “estudio”. Adrianza argumenta que el INTI fue el organismo que ordenó la expropiación de sus tierras, luego de que públicamente el fallecido Presidente Hugo Chávez hiciera un llamado a sus seguidores para ocupar los terrenos ociosos. “Ahora, luego de seguir luchando por mis derechos y los de mis familia durante muchos años, me consigo con una sorpresa: Resulta que el Alcalde de Mapire que es chavista, tiene una constancia de propiedad de mi finca”, revela el ex agricultor.

“Un vulgar saqueo”

Eso es monte y culebras, destruyeron todo, se robaron la maquinaria, le pasaron la rastra a toda la tierra para decir que allí no había nada y que era un terreno baldío y una vez hecho esto, el pasto se pudre y no se puede sembrar nada. Allí se sacaban aproximadamente 1.850 litros diarios de leche, parte de eso se convertía en queso. Le vendía a las pasteurizadoras, a las queseras. Tenía 1.500 cabezas de ganado, vendían mautes, novillos, comercializaban las vacas viejas que ya no servían para leche; tenían dos equipos para enfriamiento de leche de 2.000 litros cada uno; dos plantas eléctricas de 90 KVA, maquinarias, tractores modernos con aire acondicionado, además de la casa. “Ahora allí no hay nada, se llegó al colmo de los colmos porque nunca había visto un robo así, sacaron hasta el alambre de púas y se lo llevaron. Eso fue un vulgar saqueo, rompieron hasta el piso. Acabaron con todo y ahora la tierra es del Alcalde, ¿Y quién lo saca? Yo tengo hasta un informe de la Gobernación de Anzoátegui, pero los esfuerzos, hasta hoy, han sido en vano. Sin embargo, nunca pierdo la esperanza y ahora menos con la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora”, dice Adrianza y continúa diciendo que para el momento en que fue “expropiado” tenía 42 años trabajando la tierra que heredó de su padre Ángel Enrique Adrianza Rincón, hombre del campo, conocido ganadero del estado Zulia, donde él dio sus primeros pasos como productor. “Mi padre hizo una fortuna, pero trabajando, sudando, nadie le regaló nada y estos delincuentes se lo robaron todo”, apunta con tristeza.

¿Y la denuncia?

Hasta hoy el productor no tiene respuesta de ningún ente oficial. Relata que “en noviembre pasado pude acceder al ministro Iván Gil, a quien le exigí la indemnización de mi tierra, de mi trabajo. Yo no quiero la devolución de nada sino el pago que me corresponde al precio de hoy. Allí introduje un documento. Ahora eso está en la consultoría jurídica y le dieron una instrucción al INTI para que haga una inspección. Pero yo no quise. Primero, tengo 72 años y no voy a exponer más mi salud. Me cuido para que no me dé un infarto. Ingenieros del INTI fueron con mi hijo y constataron el estado de la finca, la destrucción, el saqueo. Se levantó el informe y hace pocos días me llamó la doctora Duci Paladino, del Ministerio, para decirme que del INTI regional (Anzoátegui) no le habían enviado el documento de la inspección. Y así me tienen todavía, del timbo al tambo”.

“No aceptaré la tierra destruida”

El productor dijo a Quinto Día que sólo aceptará el pago de su finca, “no aceptaré nuevamente la tierra destruida. Tienen que pagarme al menos 8 millones y medio de dólares. Esa es la suma que pedí y el documento fue recibido por el Ministerio. Eso sin contar el daño moral porque eso no tiene precio”.

Adrianza afirma que no dejará su lucha. Ha dedicado su vida entera, después de la expropiación, a buscar justicia. “He recibido hasta amenazas de muerte, pero no voy a decaer”, afirma con nostalgia al tiempo que recuerda a manera de anécdota, que antes cuando se atravesaba la carretera desde Pariagúan hasta el Guárico, podían apreciarse hermosas plantaciones de sorgo, soya y maíz, que se veían maquinas inmensas trabajando la tierra propiedad de pequeños y medianos productores, y ahora, dice “dan ganas de llorar, no hay nada, por eso es que no hay comida en el país, ninguna ‘guerra económica’”. La misma situación se extiende a toda Venezuela, a Santa Bárbara del Zulia, El Vigía, El Guayabo, Barinas, Apure, donde hace apenas dos meses quitaron 200 hatos.

Adrianza cree que hay que devolver a sus dueños las fincas que se pueden recuperar y pagar el daño causado para que pueda levantarse nuevamente la producción, “por ejemplo, la Hacienda Bolívar en Santa Bárbara del Zulia de 15.000 hectáreas que era de mi abuelo y también fue expropiada, se puede volver a reactivar porque no está tan destruida. Todos queremos producir pero ¿Cómo hacemos? Me parece que estoy encerrado en un cuarto sin poder moverme”.

“O volvemos al campo o nos morimos de hambre”

Esta fue una de las afirmaciones del diputado Andrés Eloy Camejo de la MUD, quien durante su intervención en el Parlamento cuando se aprobó, en primera discusión, el proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, fustigó la solución inmediata planteada por el Ejecutivo de impulsar la agricultura urbana, calificándola como “una irresponsabilidad a la que se destinarán 3 mil millones de bolívares para que se los roben unos sinvergüenzas”. Recordó el fracaso de los  gallineros verticales y los cultivos organopónicos en Caracas, propuestos por el Presidente Chávez, cuyos resultados son conocidos por todos. El Diputado alertó sobre la posibilidad de una hambruna en el país, debido a que se necesitan entre 8 mil y 15 mil millones de bolívares para importar comida y no se cuenta con los recursos.

En el hemiciclo se debatió la situación de la producción nacional, de las tierras que ahora sí están baldías, ociosas e improductivas. La mayoría estuvo de acuerdo con el proyecto de Ley pero no se llegó a un acuerdo con el bloque de la patria. Por su parte, el Diputado del GPP Julio Chávez objetó la aprobación del instrumento legal, alegando que una vez más el gran capital nacional e internacional pretende la restauración del modelo económico explotador a favor de la oligarquía. Señaló que no permitirán nuevamente la privatización del país. Tildó al proyecto como un adefesio jurídico y defendió el plan de rescate de empresas emprendido por la revolución. Llamó a la movilización del pueblo para mantener las conquistas que se han logrado en 17 años de modelo socialista. Mientras, el diputado Ricardo Sanguino del GPP expuso como un modelo exitoso de empresas socialistas, a Aceites Diana y a Sanitarios Maracay. Según sus palabras con gráfica en mano, surten el mercado y fueron recuperadas por sus trabajadores, luego de que los dueños las abandonaran. “No habrán dólares para los oligarcas”, finalizó diciendo el parlamentario en su intervención.

Según Fedeagro, con las medidas apropiadas

Recuperación a diez años

Según datos que han hecho públicos Fedeagro y Fedecámaras, desde 1998 hasta 2013 fueron expropiadas al menos 1.190 empresas. Antonio Pestana, presidente de Fedeagro es optimista y afirma que si se toman las medidas apropiadas, en diez años Venezuela puede revertir las importaciones de los principales rubros agrícolas y comenzar nuevamente a autoabastecerse. Ambos organismos gremiales reiteran que no existe ninguna ‘guerra económica’ y que la calamidad que vivimos hoy es producto de los errores y de la caída abrupta de la producción nacional.

QUINTO DÍA, 18-3-2016. Yenny García Logaldo