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“El problema no son los presos sino el sistema”

 Lo dice la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, quien además cree que esto podría llegar a reducir en un 50% los delitos ordenados desde las cáceles, siempre y cuando el Gobierno lo ejecute

Solórzano expuso que el ordenamiento jurídico tiene como objetivo prevenir que se sigan cometiendo, dirigiendo y planificando delitos desde el interior de los centros penitenciarios de Venezuela, y le ordena al Ministerio para Servicios Penitenciarios que instale equipos encargados de bloquear, anular o inhibir la señal de la telefonía celular,  Internet, y en general, todos los servicios de voz y datos en las cárceles y penitenciarias que existen en Venezuela. Al tiempo que propone colocar teléfonos fijos dentro de los recintos carcelarios, para no negarle a los detenidos su derecho a la comunicación externa, que está previsto en el Artículo 37 de las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos por parte de la ONU.

“La ley está diseñada para los recintos penitenciarios y no para los internados judiciales”, aclara la diputada de UNT, al tiempo que explica que “no se le está quitando el derecho de comunicación a los presos y mucho menos a los familiares, que evidentemente tienen derecho a comunicarse, lo que estamos haciendo es establecer los mecanismos para evitar el uso de teléfonos celulares y de Internet dentro de los recintos penitenciarios, a menos que sea Internet para fines educativos, de tal manera que el Estado vigilará su utilización para estos fines y será estrictamente supervisado por el personal penitenciario”.

Inquietudes de reclusos y familiares

Para Daniel Machín, recluso del Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo, cuya identidad fue cambiada para garantizar su seguridad dentro del recinto y con quien nos comunicamos a través de una conocida red social, este proyecto de ley, tal y como está planteado, “no va a funcionar en los penales abiertos e incluso los cerrados”, pues después de pasar por los recintos penitenciarios más violentos del país, le tocó vivir en un penal cerrado con régimen por dos años y, por muy organizados que trataran de ser, cuenta que los custodios nunca pudieron controlar las comunicaciones hacia el exterior del recinto. “Nos podíamos comunicar una vez a la semana y sólo durante cinco minutos con nuestros familiares, hablábamos únicamente de lo que nos iban a traer en la próxima visita, y eso era con un población de dos mil privados de libertad. Esto trajo como consecuencia: Huelgas de hambre, de sangre; rebeldía; anarquía; destrucción de las instalaciones; coliseo a morir, que no son más que ruedas de internos donde luchan hasta que uno muere, y todo esto por estar obstinados ante esa prohibición”, sostiene.

En este sentido, la diputada Solórzano manifestó que este tipo de situaciones violentas dentro de los recintos carcelarios “las tiene que reglamentar el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, nosotros en la pasada Asamblea Nacional prohibimos el uso de celulares e Internet dentro de los recintos penitenciarios. Ellos (los privados de libertad) tienen derecho a la comunicación a través de los reglamentos que debe hacer el Ministerio, a través de teléfonos públicos que se deben instalar y que de hecho son totalmente gratuitos”, con la diferencia de que al recibir la llamada una grabadora advertirá a la persona que la recibe mediante un mensaje de voz que dice que la llamada está siendo realizada desde determinado penal. En consecuencia, si la persona tiene un familiar privado de libertad recibirá la llamada y en caso contrario está en su derecho de no contestarla.

“Creo que los familiares deben estar felices porque van a tener comunicación permanente con sus familiares, pero a través de los mecanismos que establece la Ley, lo mismo le digo a los privados de libertad. Nosotros tenemos la obligación de garantizar los Derechos Humanos de nuestros presos, eso es obligatorio, pero también tenemos la obligación de garantizar los Derechos Humanos de los 30 millones de venezolanos que nos queremos ser víctimas de extorsión, secuestro y crímenes horrendos que se cometen dentro de las cárceles”, abundó la diputada Solórzano, quien agregó que en países como Honduras, que era el país más violento del mundo hasta el año 2014, se redujo en un 50% el índice de criminalidad con tan sólo entrar en vigencia una ley similar. “La reducción por estimaciones que hemos obtenido de Honduras va por 85%. En la medida que el Estado vaya instalando los equipos, en esa misma medida se irán reduciendo los crímenes”.

La parlamentaria asegura que este es un proyecto de ley que le garantiza a los privados de libertad la comunicación con sus familiares y además la información a la cual ellos tienen derecho a través de Internet. “El problema no son los presos, el problema es el sistema que no funciona, nosotros tenemos la obligación de establecer las regulaciones correspondientes para que el sistema funcione y para que todos podamos estar protegidos. Insisto en que los 30 millones de venezolanos no podemos ser los presos de los que están hoy privados de libertad”.

Minimizar la violencia

Fermín Mármol García, abogado criminalista y asesor de riesgos especiales explica que el crimen y la violencia en Venezuela están a niveles muy preocupantes si se compara con otros países latinoamericanos, inclusive si les compara con el resto del mundo. “No puede ser que Venezuela está entre los 20 primeros países con más homicidios, secuestros, tráfico ilegal de droga y corrupción de todo el planeta, después de 17 años de este proyecto político, Venezuela está en todos los rankings negativos”. Vista esta circunstancia, Mármol García manifiesta que la seguridad ciudadana nunca ha sido una prioridad ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo. En lo cuantitativo, relacionado al presupuesto de la nación, refiriendo que el gasto militar desde el año 2002 se ha duplicado en comparación al de seguridad ciudadana; y en lo cualitativo reseña que en 17 años son 15 los rectores de seguridad ciudadana que ha nombrado el Ejecutivo para desarrollar planes en materia de seguridad, de los cuales 11 han sido militares. El resultado es que en “ningún momento han podido presentar una memoria y cuenta en donde se pueda exhibir el retroceso de la inseguridad”, dijo.

Este proyecto que limita el uso de la telefonía celular y demás dispositivos tecnológicos, para impedir que desde las cárceles venezolanas los privados de libertad puedan ordenar secuestros, materialicen extorsiones, ordenen trata de blancas y ordenen, inclusive, sicariatos, es una ley que está probada en otras partes del mundo con una tecnología que puede ser programada sin afectar la señal de las comunidades aledañas, “lo primero es que es una ley que permite materializar en Venezuela un instrumento que ha tenido buenos resultados en otros países, quitándole un instrumento al privado de libertad, quien tiene tres poderosas herramientas: El arma de fuego, el dinero en efectivo y las comunicaciones, entonces golpeemos uno de ellos, las comunicaciones. Si tú tienes ya un Código Orgánico Penitenciario que impide y sanciona el ingreso de artefactos tecnológicos, entonces también dale herramientas a tu funcionariado para que cumpla la norma”, dice el experto, quien también asesoró al grupo parlamentario en la redacción de este proyecto de ley.

La herramienta es el sistema inhibidor y bloqueador de señales telefónicas, incluyendo datas, tanto alámbricas como inalámbricas. “Deseamos que a lo interno de las cárceles haya una plataforma tecnológica que impida las comunicaciones de voz y de data, y esa es la propuesta que tenemos con la ley”, señala. Al tiempo que advierte que la ley ha sido cuidadosa en un segundo aspecto, los Derechos Humanos de los privados de libertad, en el supuesto de cumplir con los acuerdos internacionales y con la Carta Magna venezolana.

Leni Ramírez

@Eco_Periodistas