Tarek William Saab denunció irregularidades en distribución de alimentos
EL TIEMPO, 03.05.2016 04:51 PM La Defensoría del Pueblo y la Sundde han realizado, dijo Saab, 5.807 inspecciones a centros de abastecimiento alimentario en las que se constataron las quejas de usuarios
El defensor dijo que existe "un grupo de bandas criminales"
Caracas.- El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, denunció hoy que "bandas delictivas" operan en las colas para adquirir alimentos y que los establecimientos comerciales imponen "ventas condicionadas" al exigir, entre otras cosas, pruebas de embarazo o ecosonogramas para la venta de pañales.
"Hemos detectado en las colas la presencia de bachaqueros (revendedores informales), quienes actúan de manera violenta contra los usuarios, venta de puestos en las colas", dijo Saab a los periodistas.
Entre estas prácticas, denunció el defensor, existe "un grupo de bandas criminales" dedicadas a vender los puestos en las largas filas de compradores que son marcados "en cualquier parte del cuerpo" para identificarlos, para identificar a quienes hayan pagado para ingresar antes a los comercios.
El defensor afirmó esto tras un encuentro con el superintendente de Precios Justos (Sundde), William Contreras, un despacho gubernamental responsable de la inspección de una larga lista de producto regulados por el Estado venezolano.
La reunión sirvió, dijo Saab, para abordar estrategias para la "lucha contra el bachaqueo", como se le conoce al oficio ilegal de la reventa de productos con precios regulados por el Gobierno, una actividad común en la nación que vive una profunda escasez de alimentos y medicinas de primera necesidad.
La Defensoría del Pueblo y la Sundde han realizado, dijo Saab, 5.807 inspecciones a centros de abastecimiento alimentario en las que se constataron las denuncias.
El defensor aseguró que los establecimientos incurren en "ventas condicionadas" al imponer la compra de productos "innecesarios para el consumidor" para despachar alguno de primera necesidad o al requerir para la venta de leche de fórmula o pañales "un informe médico, copias de partida de nacimiento o econosonograma".
"Esto afecta a quien va como madre a comprar porque ya la empresa está colocando obstáculos que no debiera haber", agregó.
Asimismo criticó que personas indocumentadas por tener estatus de refugiados no puedan realizar compras de productos regulados en el país, ya que la venta de estos se efectúa, por requerimiento del Gobierno, de acuerdo al último número del documento de identidad.
Este asunto, dijo, "atiende mucho al tema de derechos humanos".
Saab recomendó a los establecimientos, entre otras medidas, el "abastecimiento de productos regulados todos los días de la semana de manera equitativa, fortalecer la vigilancia durante las colas" y "establecer criterios únicos de atención para la venta de productos de los grupos que requieren especial atención".
Por su parte, Contreras precisó que "está abierta una investigación contra aquellas personas que operan en toda la red de bachaqueros del país".
Los integrantes de las bandas delictivas que se dediquen a la reventa ilegal serán desmanteladas y sus integrantes serán acusados por delitos como "financiamiento al terrorismo económico", lo que implicaría una pena de prisión de entre tres a cinco años, añadió.
Entre estas prácticas, denunció el defensor, existe "un grupo de bandas criminales" dedicadas a vender los puestos en las largas filas de compradores que son marcados "en cualquier parte del cuerpo" para identificarlos, para identificar a quienes hayan pagado para ingresar antes a los comercios.
El defensor afirmó esto tras un encuentro con el superintendente de Precios Justos (Sundde), William Contreras, un despacho gubernamental responsable de la inspección de una larga lista de producto regulados por el Estado venezolano.
La reunión sirvió, dijo Saab, para abordar estrategias para la "lucha contra el bachaqueo", como se le conoce al oficio ilegal de la reventa de productos con precios regulados por el Gobierno, una actividad común en la nación que vive una profunda escasez de alimentos y medicinas de primera necesidad.
La Defensoría del Pueblo y la Sundde han realizado, dijo Saab, 5.807 inspecciones a centros de abastecimiento alimentario en las que se constataron las denuncias.
El defensor aseguró que los establecimientos incurren en "ventas condicionadas" al imponer la compra de productos "innecesarios para el consumidor" para despachar alguno de primera necesidad o al requerir para la venta de leche de fórmula o pañales "un informe médico, copias de partida de nacimiento o econosonograma".
"Esto afecta a quien va como madre a comprar porque ya la empresa está colocando obstáculos que no debiera haber", agregó.
Asimismo criticó que personas indocumentadas por tener estatus de refugiados no puedan realizar compras de productos regulados en el país, ya que la venta de estos se efectúa, por requerimiento del Gobierno, de acuerdo al último número del documento de identidad.
Este asunto, dijo, "atiende mucho al tema de derechos humanos".
Saab recomendó a los establecimientos, entre otras medidas, el "abastecimiento de productos regulados todos los días de la semana de manera equitativa, fortalecer la vigilancia durante las colas" y "establecer criterios únicos de atención para la venta de productos de los grupos que requieren especial atención".
Por su parte, Contreras precisó que "está abierta una investigación contra aquellas personas que operan en toda la red de bachaqueros del país".
Los integrantes de las bandas delictivas que se dediquen a la reventa ilegal serán desmanteladas y sus integrantes serán acusados por delitos como "financiamiento al terrorismo económico", lo que implicaría una pena de prisión de entre tres a cinco años, añadió.
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