Publicado el: 8 octubre, 2016 Hora:4:17 PM. EL-INFORME.COM
Los detenidos de Politáchira debieron ser trasladados a la cárcel de Tocuyito para poner fin al secuestro de los agentes y de varias mujeres.
Luego de la actuación de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, con la cual se solventó de manera definitiva la situación de rehenes de los dos funcionarios policiales y los 9 familiares de reclusos que llevaban un mes en esas condiciones en los calabozos de la Policía del estado Táchira, el diputado nacional Franklin Duarte señaló que agradece las gestiones de Varela, pero lamenta que las mismas se hayan dado después de tanto tiempo, donde lamentablemente, como se había advertido, corría riesgo la vida de las personas allí recluidas.
Informó el parlamentario hay dos reclusos, cuya muerte no se ha confirmado pero es obvio que algo pasó con ellos durante la situación de secuestro, por cuanto no aparecen en la lista. Ellos serían Anthony Kelvis Correa Sepúlveda, alias “El Picho”, y Juan Carlos Herrera, alias “El Coco”, y si a esto le sumamos el fuerte olor del que se habían quejado los policías la semana pasada, pues es triste decirlo pero no hay que saber sumar para saber que 2+2 es 4.
En este sentido dijo que “la ministra Varela se contradice cuando dice que ‘trabajamos con ética y no ocultamos las cosas’, pero resulta que al preguntarle los periodistas si hubo muertos señala: ‘nosotros no solemos hacernos eco de lo que dicen quienes pretenden sembrar terrorismo, siempre apostamos por la vida. En todo caso, eso se va a saber cuando se pase la lista y el número’; sin embargo, ya había señalado que cuando se realizaron los procedimientos de rigor, se les pasó la comida, luego se hizo un pase de lista y número, en presencia de las autoridades del CICPC, Ministerio Público, los jueces del estado, y funcionarios del gobierno regional’, es decir, que ya ella sabe lo ocurrido a lo interno de los calabozos pero no lo quiere decir”.
Otra postura que rechaza Duarte de lo señalado por la ministra es indicar que “reconoce el trabajo ‘responsable’ de funcionarios del estado responsables, porque ‘han venido a poner orden donde había una situación muy difícil’. No sé qué será lo que la ministra entiende por orden, cuando los detenidos estaban viviendo un verdadero infierno dentro de esos calabozos, porque la amputación de dedos, puñaladas, huesos rotos y palizas brutales quizás sean los daños menores de las barbaridades que delincuentes de alta peligrosidad al frente del motín hicieron durante un mes actuando a sus anchas mientras ella, que podía haber venido a resolver la situación cuando recién se presentó la situación, lo viene a hacer un mes después, con la excusa de que la autoridad no se negocia, y todavía viene con su cara bien lavada a decir ‘siempre apostamos por la vida’.
— Es una desfachatez también de Iris Varela venir a decir que “fueron erradicadas las mafias penitenciarias por el gobierno del presidente Nicolás Maduro” y que tienen autoridad moral para decirlo, cuando todo el mundo sabe que las cárceles del país se han convertido en centros de operaciones de los “pranes” para delinquir a sus anchas, si no es así ¿cómo se explica la ministra que a mediados de septiembre se hayan registrado 11 muertos por la explosión de una granada en el la Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros durante una fiesta.
Igualmente rechazó franklin Duarte el anuncio de la ministra de convertir esos centros carcelarios de las policías en centros penitenciarios, “cuando la función policial no es ser custodios, pero sobre todo porque las instalaciones no cumplen con la seguridad que debe tener toda cárcel de acuerdo a la Ley de Régimen de Asuntos Penitenciarios”.
Con esta postura considera el parlamentario que la ministra está reconociendo la falta de cárceles adecuadas en Venezuela, y entra en contradicción con lo que dijo el defensor del Pueblo, que los comandos de policía no son aptos para privados de libertad.
Por último anunció que el jueves, junto al diputado tachirense Sergio Vergara, estará entregando el informe de la subcomisión especial de derechos humanos en la Asamblea Nacional sobre este caso, en el cual se identifica claramente a los responsables, tanto funcionarios regionales como funcionarios nacionales, que por negligencia y omisión permitieron que el terror campeara dentro de las instalaciones de Politáchira y se violaran los derechos humanos tanto de los privados de libertad como de los funcionarios y familiares de los presos, y durante el transcurso de la próxima semana lo harán ante la Fiscalía General de la República, y a los organismos nacionales e internacionales a que haya lugar, porque “recordamos una vez más más que este tipo de crímenes no prescriben y tarde que temprano los responsables recibirán su merecido”.
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