El régimen autoritario que preside Maduro, por su naturaleza represiva y antidemocrática, no cumple ni dentro ni fuera del país con el ordenamiento jurídico que rige a las naciones del mundo civilizado
Aunque constitucionalmente la responsabilidad política del Presidente, por haber roto el orden constitucional y conducido al país a una ruina económica y social de dimensiones colosales, no acarrea la destitución inmediata del Jefe del Estado, la resolución aprobada por la unanimidad de los diputados asistente a la sesión correspondiente, tendrá una seria repercusión nacional e internacional que puede colocar su salida de Miraflores al borde del abismo.
Esta hipótesis se fundamenta en los hechos inconstitucionales que no sólo ejecuta Nicolás Maduro, sino también en la complicidad de los demás Poderes Públicos, con la excepción de la Asamblea Nacional, sobre todo con los que se refieren a la violación de los Derechos Humanos, la corrupción de altos funcionarios y su vinculación, según tribunales internacionales, con el tráfico de drogas, delitos de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo.
A la violación del texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se suman el desconocimiento de tratados internacionales, suscritos y refrendados por nuestro país, cuyos organismos representativos han comenzado a actuar contra el gobierno de Maduro, como se desprende de la cesación de nuestro país como miembro de Mercosur con todos sus derechos.
Aunque no lo quieran admitir los acólitos del madurismo, su gobierno es el único responsable de la expulsión de Venezuela de dicho mercado común. Y lo más grave es que el derecho que podría tener para solicitar una reconsideración de la cesación como miembro pleno de Mercosur, ha sido ejercido con prepotencia y mentiras como la de haber cumplido con el 95 % de las normas que lo rigen, por encima del cumplimiento de sus fundadores, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, según expresión de la Canciller Rodríguez.
El régimen autoritario que preside Maduro, por su naturaleza represiva y antidemocrática, no cumple ni dentro ni fuera del país con el ordenamiento jurídico que rige a las naciones del mundo civilizado.
Y aunque la solución de la crisis corresponde a los venezolanos, si la Mesa de la Unidad (MUD) recibe el respaldo de la mayoría de los ciudadanos que la ha venido apuntalando, y atiende a algunas críticas respetuosas y constructivas que algunos oposicionistas han planteado, seguirá siendo la única alternativa válida, por los momentos, para impulsar el cambio que los demócratas aspiramos.
La experiencia política mundial indica que hay que reforzar la unidad, para poder avanzar hacia objetivos estratégicos claramente definidos. No parecen viables nuevos inventos desesperados o angustiantes, la MUD goza de un gran prestigio nacional e internacional, no obstante algunos errores cometidos.
El universo democrática apoya a la MUD y a la Asamblea Nacional, que con la aprobación de la responsabilidad política del Presidente Maduro, si se genera la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, hasta muchos para no decir miles de chavistas pueden solicitar la salida de Nicolás Maduro, para salvarse como organización política y no hundirse en el tremedal donde tiende a ahogarse el Presidente.
Para algunos escépticos es posible que la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la responsabilidad política del Presidente, no tenga mayor repercusión, pero en las condiciones en las que se encuentra el país, por el hambre, el desabastecimiento, la inseguridad y alto costo de la vida, cuando el 87 % de la población encuestada desaprueba la administración Maduro, la agenda de la MUD y de la Asamblea Nacional, pueden conducirá la salida del heredero del extinto comandante.
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