Las amplias expectativas que se generaron lograron la asimilación progresiva del movimiento indígena a la lógica estatal
En el año 2005, en plena efervescencia bolivariana, se realizó una marcha nacional indígena en Caracas contra la explotación del carbón. Miembros de varias comunidades indígenas se movilizaron de Bellas Artes hasta el Palacio de Miraflores para rechazar los proyectos extractivos sin consulta previa.
No obstante, aquel evento fue el réquiem de lo que alguna vez fue un vigoroso y beligerante movimiento de pueblos aborígenes. Tras la conquista del Capítulo VIII de la Constitución dedicado íntegramente a sus derechos, la organización nacional que lo hizo posible, CONIVE, se convirtió en un apéndice del gobierno. Las amplias expectativas que se generaron lograron la asimilación progresiva del movimiento indígena a la lógica estatal. Aquel 2005 la marcha fue el recuerdo de un ayer que fue pasión.
Los organizadores acordaron llegar hasta la puerta de atrás, literalmente, del Palacio de Gobierno. Mientras el presidente recibía a Diego Armando Maradona, el asistente del asistente del funcionariato intercambió algunas palabras con la vocería de la marcha. Desde ese momento, pasando por la imposición de los llamados Consejos Comunales Indígenas hasta el asesinato de Sabino Romero, fue una línea de tiempo de la derrota del movimiento indígena por la izquierda en el poder. Por cierto, no muy diferente de la fragmentación del resto de movimientos sociales.
Sin embargo, asistimos al final de una era. Y de eso da cuenta el lento pero perceptible despertar de las organizaciones sociales y populares del país, que incluye al movimiento indígena. Un paso en esta recuperación de su agenda propia acaba de ocurrir los pasados 8 y 9 de diciembre. Convocados por la organización indígena zuliana Wainjirawa, una treintena de voceros de otras iniciativas y comunidades aborígenes, de 4 estados del país, se dieron cita en Caracas para hablar de organización propia y las principales amenazas a su modo de vida.
Las temáticas recurrentes en los debates fueron las consecuencias de las minerías, legal e ilegal, así como la presencia de grupos irregulares armados en los territorios indígenas; el retraso en la demarcación y las irregularidades de los títulos entregados; la precaria situación de salud, así como las epidemias de malaria y paludismo; los abusos y arbitrariedades de los efectivos militares y la militarización de territorios sin consulta previa; las dificultades en acceder a los cupos de gasolina que encarecen los traslados a las comunidades; la sustitución de las organizaciones tradicionales por figuras impuestas desde el gobierno; la ausencia de información sobre proyectos extractivos como el Arco Minero del Orinoco y la ausencia de respuesta de las autoridades sobre las denuncias realizadas sobre violación de los derechos indígenas establecidos en la Constitución.
Los indígenas andan un camino que también es recorrido por otros: Ante la falta de estatura de la clase política, 2017 será el año de los movimientos sociales en Venezuela.
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