lunes, 6 de febrero de 2017

Complicidad en la corrupción

Complicidad en la corrupción

  • JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ AZNAR
EL UNIVERSAL, 05 de febrero de 2017 05:01 AM


Complicidad en la corrupción
La corrupción es una lacra extendida universalmente en sus diversas formas tales como tráfico de influencias, prevaricación, soborno, dolo, sobreprecios, uso indebido de bienes públicos, etc., etc. Aparte de las respectivas definiciones jurídicas, entendemos como corrupción cuando un funcionario público utiliza el cargo que ocupa para enriquecerse indebidamente, bien sea por su propia iniciativa o previo acuerdo con los particulares con los  que comparte beneficios. La corrupción es una asociación entre el corrupto y el corruptor y, en la mayoría de los casos, constituye una sustracción de dineros públicos.
La corrupción es un flagelo de larga historia, cuyos principales hechos conocidos datan de las antiguas sociedades griega y romana. Hoy en día la mayoría de los países han creado estrictas normas para combatir y castigar los delitos de corrupción, entre las que destaca el levantamiento del secreto bancario que amparaba capitales delictuosos.
Se cree equivocadamente que el descubrimiento y consecuente enjuiciamiento de corruptos, pueden afectar los intereses políticos del equipo gobernante. Decimos equivocadamente porque la mayoría de la población aplaudiría con entusiasmo que fuera el propio gobierno quien descubriera y enjuiciara a sus funcionarios corruptos. Pero ello necesita la voluntad firme y sincera de los gobernantes y de la conducta valiente de los organismos judiciales y contralores que deben estar al margen de consideraciones políticas o personales. Lo importante y necesario es que las autoridades competentes apliquen las leyes sin discriminación ni favoritismos.
También se necesita una eficiente organización institucional y administrativa en el sector público que limite las excesivas atribuciones personales en la toma de decisiones. La exagerada centralización gubernamental conlleva el germen de la corrupción.
Cuando se dice que un gobierno es corrupto, se comete una injusticia contra los centenares de miles de funcionarios públicos honestos, que son la mayoría. Los corruptos son funcionarios que tienen nombre y apellido, por lo que no se puede acusar a un gobierno de ser corrupto, salvo que el término “gobierno” se identifique con las autoridades cuando éstas son tolerantes o ciegas ante los hechos de corrupción dentro de su propio seno. No basta que un presidente reconozca que hay corrupción en su gobierno. Debe mostrar casos concretos y llevar a juicio a los responsables. La impunidad ampara y promueve la corrupción.
En este sentido vale mencionar España, donde los organismos judiciales están enjuiciando a la hermana y al cuñado del Rey Felipe y a numerosos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos conocidos líderes políticos que desempeñaron importantes posiciones en la administración pública y en la organización interna de sus respectivos partidos, tanto de gobierno como de oposición. Lo mismo está ocurriendo ahora en Argentina y Brasil.
Buena parte de la población por temor o por interés particular, también contribuye a la corrupción del funcionario público. Ante una infracción de tránsito, el ciudadano recurre al soborno. Ante la escasez de alimentos, se acude al mercado negro para adquirirlos a precios exorbitantes impuestos por una corrupta cadena de distribución. Los medios publican acusaciones de corrupción sin que los denunciantes mencionen nombres ni presenten pruebas.
Rómulo Betancourt dijo que hay dos cosas que no se pueden ocultar: la tos y el dinero. Un corrupto se descubre, aún sin quererlo, cuando hace ostentación de su dinero adquiriendo costosas propiedades o llevando un tren de vida con gastos que exceden sus ingresos ordinarios.

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