¿Defensor del pueblo?
LA OPINIÓN DEVíctor Rodríguez Cedeño@VITOCO98
Mientras en Venezuela el hambre acosa, la discriminación o apartheid político se intensifica, el derecho a la salud y el acceso a las medicinas se hace imposible, la persecución y el amedrentamiento aumentan, la tortura se expresa como política de Estado, se secuestra el derecho de elegir nuestros gobernantes, los juicios políticos y los ataques a los medios de información se hacen cotidianos, en fin, mientras el régimen de Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos, civiles y políticos; y los sociales, económicos y culturales, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, viaja a Ginebra para convencer a la comunidad internacional de la “plena vigencia de los derechos humanos en el país”, lo que contradice la realidad nacional, reconocida por gobiernos e instituciones nacionales y extranjeros que concluyen con razón que en Venezuela se violan de manera grave, sistemática y generalizada los derechos humanos y que enfrenta una real crisis humanitaria que amenaza a la sociedad venezolana como nunca antes
Ante los atropellos del gobierno, la sociedad civil, los partidos democráticos, los estudiantes, la academia reclaman y protestan para recuperar sus derechos, lo que es catalogado de “violencia” por el oficialismo. Al mismo tiempo, el designado para defender los derechos de los ciudadanos, militante “revolucionario”, detrás del oficialismo actúa como una herramienta más de las políticas represivas del régimen.
La Constitución de 1999, como muchas otras en América Latina, prevé la institución del defensor del pueblo y establece sus derechos y obligaciones. Entre otros, el defensor del pueblo debe “velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento”. Igualmente “…amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios públicos”.
Lamentablemente, letra muerta para el funcionario, quien no solamente actúa para proteger los intereses del régimen, sino que deja de hacerlo con el mismo fin perverso. Ni independiente, ni imparcial. Su actuación, lejos de favorecer a los ciudadanos, coincide abiertamente con las políticas del gobierno, claramente violatorias de los derechos humanos lo que contraría, además, las reglas establecidas internacionalmente para regular el funcionamiento de estas instituciones, en particular, los Principios de París que enumeran una serie de responsabilidades que deben llenar las instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo para poder ser acreditadas y reconocidas como tales.
La institución venezolana ha sido y sigue siendo fuertemente criticada y con razón por su no independencia y parcialidad política, por representar los intereses del gobierno y por no proteger adecuadamente a los ciudadanos ante las violaciones del Estado, por defender las actuaciones del gobierno, siempre en perjuicio de los ciudadanos, de los presos políticos y de los procesos judiciales politizados; por lo que su participación ha sido limitada en la Alianza Global de Instituciones Nacionales de derechos humanos, a los Estados categoría B, es decir, a las instituciones no conformes con los Principios de París que regulan el reconocimiento de tales instituciones como tales.
Hace algunos meses el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, después de constatar que había actuado contrariando los Principios de París, recomendó degradar a Venezuela y pasarla a la categoría B. Un plazo de un año tiene la Defensoría para pronunciarse y condenar sin ambages y de manera independiente e imparcial los atropellos en casos evidentes de violación de derechos humanos como las detenciones arbitrarias de Leopoldo López, Antonio Ledezma y de más de 100 presos políticos que se encuentran en condiciones deplorables, muchas veces de aislamiento y sometidos a tortura y a tratamientos degradantes e inhumanos.
Es lamentable que el defensor del pueblo insista en mostrar una realidad distinta y niegue que el régimen de Maduro viola esos derechos en forma sistemática; lo que afecta la estabilidad política y social del país. Es verdaderamente deplorable que, con el usual cinismo, el funcionario del régimen acuda a las instituciones internacionales para justificar las arbitrariedades y los atropellos de un gobierno que se ha caracterizado por el desprecio de las normas que regulan la protección y la promoción de los derechos humanos.
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