Marco Rubio promueve nuevas sanciones para funcionarios del Gobierno de Maduro
Un grupo de senadores de EEUU emprendieron junto a Rubio un proyecto legislativo para responsabilizar a funcionarios por menoscabar procesos democráticos y envueltos en corrupción
El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Ben Cardin promovieron este miércoles 17 de mayo que nueve, incluyéndolos, la iniciativa para presentar un proyecto legislativo para sancionar a “individuos responsables de menoscabar los procesos democráticos y las instituciones y envueltos en actos de corrupción pública”.
El proyecto de ley lleva por nombre “Acta de 2017 de Asistencia Humanitaria a Venezuela y Defensa de la Gobernanza Democrática”, que incluye la liberación de 10 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria a Venezuela -financiación de medicamentos esenciales y asistencia técnica para mejorar la distribución de alimentos y provisiones hospitalarias- a canalizar por el secretario de Estado a través de organizaciones no gubernamentales.
Según las agencias de noticias, el texto apoya también los esfuerzos en el seno de la OEA y futuras misiones de observación electoral.
La iniciativa de estos legisladores se produce en medio de las protestas contra el Gobierno de Maduro en las calles de Venezuela y después de que el mandatario convocara una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Carta Magna, un proceso que podría apartar a la oposición del poder y retrasar la convocatoria de las elecciones presidenciales, previstas para 2018.
“Es interés estratégico de Estados Unidos apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela y trabajar con socios regionales para situar al país de nuevo en una senda de paz, prosperidad y estabilidad”, manifestó el senador Cardin, que llamó a su país a liderar un esfuerzo al respecto en el continente americano.
“Nuestro proyecto de ley daría a la administración las herramientas y recursos necesarios para hacerlo, así como apoyo a los derechos humanos básicos del pueblo venezolano”, añadió.
Maduro afronta desde hace semanas protestas sostenidas en las calles de Caracas -en el marco de las cuales ha muerto una treintena de personas-, además de una fuerte presión en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) que le ha llevado decidir la salida de su país de ella.
Estados Unidos es uno de los países que ha impulsado reuniones en el seno de la OEA que culminaron la semana pasada con la aprobación de una propuesta para convocar a los cancilleres para tratar la situación de Venezuela..
El Departamento de Estado norteamericano dejó ya el martes abierta la puerta a imponer nuevas sanciones a funcionarios venezolanos.
“Lo que el presidente Maduro está intentando hacer de nuevo es cambiar las reglas del juego”, dijo Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental.
“Estamos profundamente preocupados por las motivaciones de esta Asamblea Constituyente, que ignora la voluntad del pueblo venezolano y erosiona más la democracia venezolana”, manifestó.
La administración de Donald Trump impuso ya en febrero sanciones al vicepresidente Tareck El Aissami. El hombre fuerte del Gobierno de Maduro fue incluido por el Departamento del Tesoro en la lista “Kingpin”, que es la lista negra de narcotraficantes, y vio congelados sus activos en Estados Unidos.
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