ONG se unen y exigen suspender sin dilación el Plan Zamora
Impulsado desde Nueva Esparta, 66 organizaciones no gubernamentales emitieron un Comunicado, en el que advierten las consecuencias del referido plan, y exhortan a cinco instancias a actuar en correspondencia
Piden a tribunales militares declinar causas contra civiles detenidos en protestas | Foto: Sebastián Guido
Margarita.- Desde el estado Nueva Esparta, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos se pronunciaron a través de un Comunicado en el que exigen ante cinco instancias de poder, la suspensión de las acciones enmarcadas en el decreto de excepción y emergencia económica del Plan Zamora, por ser un mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos.
Igualmente, exhortan al establecimiento de responsabilidades por hechos amparados en dicho plan, tal como la detención de 33 neoespartanos, en el marco de una protesta ciudadana; de los cuales luego 14 fueron sometidos a la justicia militar, quedando 7 privados de libertad.
El comunicado, suscrito por 66 organizaciones con representación nacional, fue impulsado a propósito de estas detenciones, calificadas de “ilegales e inconstitucionales por haber sido practicadas como redadas, sin individualizar presuntos autores de hechos punibles, y ejecutadas en su mayoría por intermedio de allanamientos ilegales sin previa orden judicial, en residencias aledañas a los sitios del suceso, violentando entre otros, el principio constitucional de inviolabilidad del hogar; comprometiendo en su accionar la Guardia Nacional Bolivariana, el derecho de toda persona al respeto de su dignidad, su integridad física, psíquica y moral”.
Las organizaciones firmantes advierten en su pronunciamiento que de continuar ejecutándose el referido Plan, estaríamos frente a una profunda desnaturalización del principio de división de poderes, así como las competencias y atribuciones constitucionales de los órganos del poder público nacional, haciendo que sus actos puedan ser enmarcados en la ruptura del orden legalmente establecido en el país.
En tal sentido, puntualizan sus exigencias ante cinco instancias de poder, el Ejecutivo nacional, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, tribunales militares y Cala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, puntualizan sus exigencias ante cinco instancias de poder, el Ejecutivo nacional, la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, tribunales militares y Cala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“Exigimos del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, la suspensión inmediata a nivel nacional del denominado Plan Zamora, por ser este plan un mecanismo represivo, que conlleva en su aplicación, la restricción de los derechos y garantías constitucionales consagrados a favor de los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela; Exigimos del Defensor del Pueblo la activación inmediata a nivel nacional de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la plena activación de sus funciones y facultades; Exigimos de la Fiscal General de la República, proceda sin dilación alguna procesar y solicitar enjuiciamiento, a todos aquellos civiles, autoridades o no, funcionarios militares o policiales; que no solamente resulten señalados de presuntamente cometer violaciones al derecho a la vida y/o integridad personal, sino todos aquellos que por omisión y/o acción, hayan permitido el relajamiento de los principios y derechos fundamentales contemplados en nuestra carta magna; así como todos aquellos que por su acción pretendan entorpecer las atribuciones y competencias del Ministerio Público”, es a lo que instan los activistas.
Igualmente y sin dilación, piden a los Tribunales Militares que, “ordenen la liberación inmediata de todos los civiles dispuestos a su jurisdicción, así como la urgente declinatoria de estas causas, en los correspondientes Tribunales de Control de la Jurisdicción Penal ordinaria, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, revisar, de oficio, la constitucionalidad del Decreto de Excepción y Emergencia Económica, y subsecuentemente la aplicación del Plan Zamora, como mecanismo restrictivo de las garantías y derechos constitucionales de los venezolanos”.
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