Persistir y repudiar a la dictadura castrista de Venezuela
LA OPINIÓN DECarlos Sánchez Berzaín@Csanchezberzain
En la desigual confrontación del castrismo contra el pueblo venezolano la dictadura ya está moral y políticamente derrotada, pero se mantiene con el uso de la fuerza interna y de la complicidad internacional de los gobiernos aliados y sometidos a La Habana. La estrategia que aplican para la permanencia de Nicolás Maduro en el poder está basada en “ganar tiempo, dividir a la oposición y administrar el miedo”, que no es novedosa pero que les ha sido generalmente exitosa. Frente a tremenda experticia criminal, en este momento crucial de la lucha del pueblo venezolano por la libertad y democracia, hay que “persistir” en la protesta legítima y exigir el repudio internacional contra la dictadura venezolana.
Persistir es “mantenerse firme y constante en algo” y “durar por largo tiempo”. Por eso el peor enemigo del castrismo en Venezuela es la exigencia popular para que la dictadura deje el poder, es el valor de todo el pueblo venezolano volcado a las calles. Ya no se trata de concesiones, diálogos o elecciones; la voz del pueblo clama: “Fuera Maduro fuera”. La crisis en Venezuela está en el punto en que o la dictadura se acaba con la salida del régimen castrista o éste consolida la segunda Cuba de la región.
Los venezolanos han sido reiterativos y han ejercido presión creciente para retornar a un sistema de garantías y ejercicio pleno de derechos hasta llegar a la situación actual en la que el pueblo se confronta en las calles de todo el país contra un gobierno parapetado en su crisis, en su corrupción, en sus crímenes, en el narcotráfico, en la violación de los derechos humanos, en sus slogans y doctrina contra el imperialismo norteamericano y en el control del poder total como garantía de impunidad.
Venezuela es hoy un país paralizado por la protesta legítima, con niveles de aceptación del gobierno inferiores a 10%, con una crisis humanitaria que produce muerte por falta de comida y medicina, con la economía destrozada, con una deuda externa multimillonaria de cifras secretas, con hipercorrupción, con un régimen constituido en “narco Estado”, con un sistema de justicia que es parte del ejercicio dictatorial, con un poder electoral que es la dictadura misma, con grupos paramilitares irregulares organizados y dirigidos por el gobierno, con mandos militares obsecuentes a la dictadura, con presos políticos, con casi millones de emigrantes forzados y miles de exiliados políticos.
Los hechos demuestran que Nicolás Maduro y su dictadura son un gobierno de intervención, no un gobierno de Venezuela, pues no prioriza el mejor interés del pueblo venezolano, son castristas por encima de los vitales intereses de sus ciudadanos y de su Patria. Maduro y sus socios, con los mandos militares, con el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial, con el Consejo Nacional Electoral, con la guardia bolivariana, con los grupos paramilitares, con los delincuentes denominados “colectivos”, con sus milicias, con su prensa controlada, son “traidores a la Patria” y criminales in fraganti.
La última maniobra dictatorial para ganar tiempo consiste en la pretensión de engañar al mundo haciéndole creer que resolverán los problemas en democracia con la convocatoria a una “asamblea constituyente”. Burda simulación destinada solo a profundizar y legalizar la dictadura abierta a la cubana en Venezuela, a instaurar la segunda Cuba. La lógica es sencilla, porque el crimen de estado institucionalizado funciona por más de 58 años en Cuba y no tienen porque no aplicarlo en Venezuela, más aún en un momento en que el castrismo ejerce el liderazgo político de América Latina y tiene como aliados a Rusia, Irán, Corea del Norte, China y todos los enemigos declarados o potenciales de los Estados Unidos.
No hay duda de que el pueblo venezolano persiste y persistirá hasta liberarse, pero para evitar que el alto precio que ya está pagando por recuperar la democracia sea más doloroso, el mundo libre, las democracias de las Américas y del mundo están obligadas –además por sus propios intereses y seguridad– a actuar efectivamente, dejando de lado las destempladas declaraciones de “preocupación” o expresiones de “solidaridad” y hasta “esperanza” que han venido formulando de manera tolerante con los verdugos de Venezuela.
Los gobiernos democráticos del mundo tienen la obligación de respaldar el respeto a los derechos fundamentales, la paz y la seguridad internacionales, y en el caso del pueblo venezolano eso es repudiar la dictadura castrista de Venezuela, seguir el ejemplo del Perú y proceder a retirar sus embajadores acreditados ante el gobierno de Nicolás Maduro porque no es ni legítimo ni legal. El valor y la persistencia de los venezolanos han conducido al momento en que la comunidad internacional debe definirse a favor de la libertad y la democracia o en respaldo de la dictadura y el oprobio. No hay punto intermedio posible.
Cómo pueden los líderes de las democracias de la región y del mundo –sin miedo a ser cómplices o víctimas– mantener relaciones diplomáticas con un gobierno que viola las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas porque es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que no cumple ninguno de los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana como lo prueban dos informes del secretario general de la OEA, que viola abiertamente los derechos humanos de sus ciudadanos, que no tiene control efectivo de su territorio, que es un narco Estado, que ha eliminado la libertad de prensa, que tiene presos políticos institucionalizando el secuestro y la persecución judicializadas, que todos los días mata a sus ciudadanos.
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