¿Qué más puede hacer la comunidad internacional por Venezuela?; por Mariano de Alba
Por Mariano de Alba | 6 de mayo, 2017.PRODAVINCI
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Cuando a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias desconociendo la inmunidad parlamentaria y declarando que asumiría competencias de la Asamblea Nacional, la crisis venezolana entró en una nueva fase. Ese desconocimiento tan evidente de la Constitución ha logrado generar una enfática reacción internacional. Una mayoría de países de la región han centrado su atención sobre Venezuela, evidenciado en recurrentes comunicados y decisiones concretas en el Mercosur y la OEA –una organización de la cual el gobierno, en retaliación, ha iniciado su salida, lo que en todo caso se concretaría formalmente el 28 de abril de 2019–.
Sin embargo, el conflicto todavía pareciera estar lejos de una resolución mientras la tensión, represión y muertes incrementan. En apenas un mes, 35 venezolanos han perdido la vida como consecuencia de la violencia. Ante esto, surge la duda sobre si la comunidad internacional está haciendo todo lo que debe o si, por el contrario, puede emprender acciones adicionales para tratar de influir en la terminación del trágico trance que atraviesa Venezuela. Todo indica que la diplomacia todavía puede lograr un mayor impacto, aunque la clave siempre estará en el ámbito interno. Específicamente, la región debe tratar de proponer una salida concreta que sea sustancialmente atractiva para el régimen y la oposición.
Las herramientas diplomáticas disponibles
Apartando la inacción, puede decirse que existen seis herramientas diplomáticas ante situaciones de crisis interna como la que enfrenta Venezuela. Bien sea de forma individual o en conjunto, los países pueden (i) consultar y/o discutir; (ii) emitir declaraciones o comunicados; (iii) limitar o cesar las relaciones diplomáticas; (iv) presentar propuestas de posibles soluciones a los actores internos; (v) mediar o fungir como garantes de procesos de negociación; e (vi) imponer sanciones a funcionarios del gobierno o a la economía del país.
Durante el año 2016 y con ocasión del esfuerzo opositor para concretar el referéndum revocatorio, se pudo constatar cómo la mayoría de la región se concentró fundamentalmente en la herramienta de discusión y en algunos casos se emitieron declaraciones o comunicados.
Por tanto, el cambio fundamental luego de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no es sólo un aumento de la atención y el número y frecuencia de comunicados, sino que diversos países también se han mostrado dispuestos a pasar al campo de las acciones diplomáticas.
Las decisiones tomadas a principios de abril en el Mercosur y la OEA son un primer ejemplo, pero países como Perú y Chile también han tomado medidas unilaterales como el retiro permanente de sus embajadores en Caracas. Por ende, es muy probable que, de continuar agravándose la situación y visto el anuncio de retirarse de la OEA, más países tomen acciones en el ámbito bilateral. Éstas podrían ser llamados a consultas o retiro de embajadores, desconocimiento de la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro y el cese de las relaciones diplomáticas.De hecho, en las últimas horas, Costa Rica ha llamado a consultas a su encargada de negocios en Venezuela. Estas alternativas son relevantes si se tiene en cuenta que en organizaciones como el MERCOSUR y la OEA una mayoría de países entiende que ya se ha puesto en práctica la primera fase de las respectivas cláusulas democráticas y al mismo tiempo, no pareciera haber suficiente ánimo, por ahora, para pasar a la fase de suspensión de Venezuela de esas organizaciones.
La razón por la que existe reticencia para suspender a Venezuela de organizaciones internacionales y pocos países han comenzado a limitar las relaciones diplomáticas es porque consideran que tal alternativa lo único que lograría sería aislar más al gobierno. La preferencia de la mayoría de la región es que se retorne al respeto a la Constitución, se defina un calendario electoral y sean los venezolanos quienes a través de un entendimiento logren una salida a la crisis. Por ende, teniendo en cuenta que algunos países ya han reconocido que la convocatoria a una “constituyente” es una huida hacia delante del gobierno, la cuarta herramienta podría ser particularmente útil y relevante.
Los países de la región deben tratar de presentar una propuesta de solución, planteando salidas concretas que sean lo suficientemente atractivas tanto para el régimen (o al menos un sector de él) y la oposición. De hecho, esta idea ya ha sido asomada en un comunicado reciente por parte de ocho países, aunque no se reconoce expresamente que para que se concrete ese “acuerdo nacional incluyente” hará falta no sólo presión sino ayuda y asesoría internacional.Como ya lo han reconocido varios países, esa propuesta debería incluir que se recupere el respeto a la Constitución, reconociéndose la legitimidad y plenas competencias de la Asamblea Nacional y se defina un calendario electoral. En ese ámbito, lo que podría ser atractivo para ambas partes es que en 2017 se celebren las elecciones regionales y municipales, y se deje para diciembre 2018 las presidenciales según correspondería conforme a los lapsos constitucionales.
Está claro que esta no es una propuesta fácil de vender o digerir ante la situación actual. Una prueba es que preguntado sobre si mediaría en la crisis venezolana, el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, lo descartó rotundamente declarando: “¡Ni que fuera mago!”. Pero la región debe ser muy enfática en transmitir que, ante una crisis de tal magnitud, es poco probable o conveniente que el gobierno o la oposición pretendan imponerse, especialmente teniendo en cuenta que ello podría significar la trágica pérdida de un número aún mayor de venezolanos.
Lógicamente, el inicio de la búsqueda de un acuerdo tendría que estar precedido de una demostración por parte del régimen venezolano de que efectivamente está dispuesto a buscar una solución. Esas indicaciones no deberían ser otras que el respeto a lo que prevé la Constitución, tanto en el respeto a la Asamblea Nacional como en la liberación de presos políticos y la definición de un cronograma electoral con plazos específicos. Esto coincidiría con lo que manifestó recientemente el Papa Francisco, comunicando que la Santa Sede solo retomaría los esfuerzos de mediación “si el gobierno da señales concretas”.
Lo anterior desembocaría posiblemente en la quinta herramienta, con al menos un grupo de países u alguna organización internacional mediando o fungiendo como garantes de un proceso de negociación y los posibles acuerdos alcanzados. La idea de conformar un grupo de países que se dedique directamente a tratar de ayudar a solucionar la situación –conjuntamente con el Vaticano– ya ha sido propuesta por países como Perú. Asimismo, ahora el gobierno de Argentina realiza consultas con el gobierno de Bolivia para que éste trate de convencer a Nicolás Maduro que abandone la idea de una “constituyente”.
El debate sobre las sanciones
Dicho lo anterior, hay que reconocer que la historia reciente y los sucesos ocurridos durante el mes de abril sugieren que el régimen de Nicolás Maduro está radicalizado y no parece dispuesto a escuchar ninguna propuesta de la región. Tal intención de radicalización ha sido confirmada con el supuesto llamado a una “constituyente”. Es en ese marco que hay que considerar la sexta y última herramienta que los países potencialmente tendrían disponible: las sanciones.
Este es un tema polémico. Algunos, como miembros del Congreso y exfuncionarios del gobierno estadounidense, consideran que una política de sanciones contra determinados funcionarios del régimen o incluso con respecto a la economía (por ejemplo, una decisión de dejar de comprar petróleo venezolano) podrían impulsar la resolución de la crisis. Por otro lado, también es lógico pensar que es poco probable que las sanciones sean efectivas. El caso paradigmático en ese sentido es el de Cuba y la historia demuestra que el embargo comercial impuesto por Estados Unidos no cumplió su objetivo de ocasionar un cambio de régimen en la isla.
El escenario venezolano es parcialmente análogo al cubano. Primero, porque el régimen también se ha dedicado a promover un sentimiento antiimperialista. Si las sanciones son impuestas por Estados Unidos, éstas podrían terminar reforzando el discurso del gobierno. Segundo, porque el único país que hasta ahora ha impuesto y se ha manifestado dispuesto a imponer sanciones es Estados Unidos. Usualmente, la efectividad de las sanciones pierde fuerza cuando son aplicadas por un solo país y la realidad es que en el resto de Latinoamérica no existe una práctica de imposición de sanciones, sino más bien de rechazo. Esto ha sido reconocido por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela durante el gobierno de George W. Bush, Charles Shapiro. Asimismo, por ahora parece remota la posibilidad que la Unión Europea imponga sanciones sobre Venezuela. Europa atraviesa un momento complicado y su atención está fundamentalmente en su propio vecindario. Tercero, es difícil que las sanciones generen efectos trascendentales si éstas no crean los incentivos para que haya un cambio de comportamiento en las personas o países sancionados. Las sanciones de carácter indefinido lo que logran en algunos casos es aumentar el riesgo de un cambio para los funcionarios sancionados, por lo que éstos terminan radicalizándose ante el riesgo de perder el poder y quizás ser subsecuentemente juzgados. No obstante, también es cierto que una política de sanciones podría lograr que funcionarios que no han sido sancionados piensen dos veces antes de cometer violaciones a los derechos humanos, aunque en el caso venezolano las sanciones ya impuestas por el gobierno estadounidense no han sido sustancialmente efectivas si comparamos el aumento de los episodios de represión y el papel que siguen jugando los funcionarios que han sido objeto de sanciones.
¿Puede entonces la comunidad internacional jugar un papel más relevante?
En definitiva, la comunidad internacional –y especialmente los países de la región– pueden jugar un papel más relevante. Todavía existen herramientas diplomáticas que pueden ser utilizadas para presionar a que se encuentre una solución a una crisis que está generando la muerte de muchas personas. A estas alturas, lo más conveniente podría ser que un grupo importante de países trate de presentar una propuesta concreta, planteando posibles salidas que sean atractivas tanto para el régimen como la oposición. Al final, está claro que la solución a la situación que vive Venezuela depende esencialmente de los venezolanos. Pero la región debe agotar todos los recursos para tratar de ayudar. Antes que sea demasiado tarde.
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