Usurpación y militarización, por Jesús M. Casal
El Consejo Nacional Electoral afirma que amparará a toda costa el derecho de los electores a expresarse en los respectivos comicios, después de haber pisoteado olímpicamente su derecho a pronunciarse soberanamente sobre la Constituyente. Así, pues, la usurpación en el punto de partida está desembocando en un proceso cada vez más antidemocrático.
El mismo organismo que bloqueó sistemáticamente el referendo revocatorio y las elecciones de Gobernadores, y que mintió al decir, que durante la renovación de nómina de los partidos ese proceso electoral legalmente no podía ser convocado y organizado, se rasga ahora las vestiduras ante las exigencias de una ciudadanía que solo aspira a que se le reconozca su condición de tal y a que los funcionarios actúen como servidores públicos y no como dueños del poder.
En pocas palabras, el triunvirato ejecutivo-electoral-judicial que ha impuesto la Constituyente quiere avanzar contra viento y marea, esto es, contra la voluntad popular mayoritaria, a fin de instalar un cuerpo espurio que se arrogará poderes ilimitados por tiempo indefinido. Y dicho triunvirato muestra indignación cuando la invocada superioridad del Estado y de las órdenes de los respectivos órganos es puesta en entredicho por todos los que luchan cívicamente para detener el fraude seudo-constituyente. Al obrar así se olvida que el poder de mando o coacción (potestas) carece de fundamentación y legitimidad si prescinde del necesario sustento ético-jurídico y político (auctoritas).
De allí que el sedicente “proceso constituyente” haya sido remolcado desde el 1 de mayo de 2017 por medio de mayor represión, del uso extendido de la jurisdicción militar contra civiles, de la agigantada propaganda oficial y de continuas trasmisiones radiales y televisivas obligatorias, y de un tratamiento del conflicto político cada vez más dominado por la perspectiva de la seguridad de la nación. La reciente reunión del Consejo de Defensa de la Nación, como espacio escogido para determinar las acciones recomendables a fin de garantizar la celebración de las elecciones del 30 de julio, y el anuncio de la creación de una justicia de emergencia contra conspiradores, terminan de perfilar nítidamente la embestida contra los derechos ciudadanos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha llegado al extremo de comunicar la reubicación de centros electorales situados en zonas violentas, concepto en el cual comprende indiscriminadamente localidades en las que se han realizado protestas en ejercicio de un derecho constitucional, y ha amenazado con cerrar definitivamente algunos centros.
El régimen huye aceleradamente de la soberanía popular y se atrinchera en las posiciones de poder ocupadas, tras los muros de la fuerza y de las armas, así como de los tribunales militares o de excepción. También detrás de los pretextos con los que pretende eludir su responsabilidad ante el caos social y económico, y de los espejismos de solución que fragua con su engañosa oferta constituyente. Vivimos tiempos difíciles, que exigen la más firme determinación en la defensa de la Constitución y de la República y la más acendrada convicción de que hay que recorrer la tierra quemada -a manos de quienes subordinan el país a su interés en perpetuarse- con la mirada y el alma enfocadas en el futuro democrático común. Es preciso congregar voluntades y talentos para un combate que ha de librarse simultánea y coordinadamente en varios flancos: la manifestación pacífica, las formas activas de resistencia, la discusión sobre el diseño programático de un próximo gobierno integrador, el frente internacional y la búsqueda de una salida negociada.
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