A 8 años de la explosión de Amuay, Pdvsa aún tiene una deuda que saldar
Publicado agosto 25, 2020
Este 25 de agosto se cumple un año más de la tragedia en la refinería de Amuay, desde entonces al menos 19 trabajadores petroleros siguen sufriendo de las secuelas de la explosión. La mayoría fueron afectados por pérdida de la audición, graves fracturas y estrés postraumático. Sin seguro médico, aún esperan por atención para seguir el tratamiento que los ayude a superar sus dolencias, las cuales han sido olvidadas por Pdvsa
«No hemos tenido respuesta de ningún tipo. Personalmente he llevado los casos de los trabajadores afectados y quién diga que lo indemnizaron por completo, eso no es cierto. Como trabajador lesionado por la explosión de Amuay me entregaron una casa como parte de pago por la indemnización, pero no estaba en condiciones para habitar. Por otra parte, desde hace varios años no he podido seguir con mi tratamiento porque Pdvsa dejó de pagar el seguro, hasta una vitamina que tengo que tomar de por vida me han dejado de suministrar», cuenta Reinaldo Jurado, trabajador del Complejo Refinador Paraguaná en el estado Falcón, integrada por las refinerías Amuay y Cardón.
Reinaldo junto con otros compañeros de labores se encontraba ese sábado 25 de agosto de 2012 en el patio de almacenamiento número 23 de la refinería de Amuay, llamado por los trabajadores como «patio de culebra», que queda entre las oficinas de la empresa Puramin (fábrica de lubricantes) y el tanque 203.
Mientras trasladaban unos materiales y andamios en su transporte, los llamaron por radio para avisar que no podían seguir su curso debido a la presencia de una extensa nube de gas, en ese momento se percataron de que algo no andaba bien y deciden huir del lugar. Corren por instinto, sin ser alertados por alguna señal de la propia Pdvsa, ni por una alarma para que el personal evacuara de las instalaciones.
Tras la corrida salen por los huecos de una cerca perimetral cercana a la autopista que bordea la empresa estatal y a los 9 minutos, precisamente a la 1:09 de la madrugada, los impacta la onda expansiva de la explosión, dejándolos con problemas auditivos y graves fracturas.
«La onda expansiva me elevó y cuando caí, me golpeé fuertemente. Cuando me atendieron, los médicos no se dieron cuenta que tenía una lesión en la cadera, dejé de percibir sangre en esa zona y ya para noviembre tenía el hueso necrosado; 42% de la cabeza del fémur la tenía necrosada y el 16 de febrero de 2013 me cortaron el hueso, me hicieron una artroplastia completa de cadera derecha, muy dolorosa. He sido operado cuatro veces y no he tenido una evolución favorable», explicó Reinaldo.
Desde entonces camina con bastón, pero también tiene problemas auditivos. Forma parte de un grupo de al menos 19 trabajadores petroleros que sufren de las secuelas de la explosión y que han perdido la posibilidad de continuar con sus tratamientos debido a la falta de recursos de Petróleos de Venezuela. Varios de ellos sufrieron quemaduras y hasta estrés postraumáticos.
«Tengo varios electromiografias anuales que se ve cómo va desmejorando la enfermedad y hace más de cuatro años que no usamos los aparatos auditivos que eran suministrados por al empresa Widex, ni siquiera para el mantenimiento del equipo. No contamos ni para un paracetamol (un analgésico)», afirma Reinaldo.
Radiografía de la lesión en la cadera de Reinaldo Pulido, ocurrida en la explosión de Amuay.
Hace ocho años que la explosión de Amuay le quitó la vida a 42 personas, hirió a 150, dejó cinco desaparecidos y pérdidas materiales cercanas a los 1.100 millones de dólares, según la información aportada por la petrolera estatal. Mientras que estimaciones del Centro de Orientación en Energía (Coener) sostienen que las pérdidas fueron de $1.800 millones. Las víctimas fueron además de trabajadores de Pdvsa, empleados de empresas contratistas, efectivos militares y sus familiares.
Luego de una investigación, Pdvsa concluyó meses después que el siniestro fue ocasionado por una acción de «sabotaje». Afirmó que «se encontraron aflojados siete de ocho espárragos de la base de la bomba de olefinas P-2601 del Bloque 23», situación que fue atribuida a una «acción intencional de terceros interesados en provocar una catástrofe».
De esta manera, el gobierno de Hugo Chávez y una Pdvsa liderada en ese entonces por el también ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, dieron por cerrado el caso, sin dar la oportunidad de que otros investigadores independientes nacionales o extranjeros pudieran evaluar lo ocurrido y dar luces para comprender qué originó la tragedia.
Esa onda expansiva que afectó a Reinaldo Jurado y a otros más, desapareció las sedes de Puramin, de la Compañía de Hidrógeno de Paraguaná, del destacamento de la Guardia Nacional y varias viviendas, a pocos metros de las instalaciones. Tres tanques se prendieron en llamas y solo pudieron ser extinguidos por completo cinco días después de la explosión.
El gobierno en ese entonces se abocó a la atención primaria de los afectados, indemnizó de manera parcial a varios de los trabajadores, habitantes y comerciantes de la población cercana a la refinería. Pero olvidó a los que aún deben seguir siendo atendidos, a los que deben seguir tratamiento, lo que ocurrió mucho antes de la debacle de la industria tras la caída de la producción petrolera y el impacto de las sanciones de Estados Unidos.
«Nos cierran las puertas y nos dicen, ´¿qué podemos hacer? La guerra económica, Trump no nos deja, Pdvsa está bloqueada por los norteamericanos´, esas son las respuestas que nos dan ante nuestras solicitudes», dice Reinaldo.
Esto a pesar de que el departamento jurídico de Pdvsa en junio de 2015 firmara una carta en la cual se comprometía con los trabajadores a seguir con la atención médica y a reconocerles una indemnización. Años después, no solo se incumple con este compromiso sino que la estatal dejó de pagar sus cuotas correspondientes al seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) y en consecuencia ningún trabajador activo, en situación de discapacidad o jubilado puede acudir a una institución médica. Por lo que hoy, ocho años después de la tragedia, Pdvsa aún tiene una deuda que saldar.
Una de las afectaciones que más presentaron las personas con la explosión de Amuay fueron las perforaciones y pérdidas auditivas. Ese es el caso de Atilio Amaya y Félix Bracho, ambos empleados de empresas contratistas y que para el día de la explosión se encontraban de guardia.
«Estaba de guardia cuando ocurrió la explosión y me afectó la audición, tengo casi 100% de afectación en uno de mis oídos, casi no escucho por el oído izquierdo, quedé discapacitado. Pdvsa me respondió los primeros meses y me pagaron algo, pero después cuando el gobierno creó la Asamblea Constituyente nos quitaron toda ayuda«, cuenta Atilio Amaya de 62 años de edad desde Carirubana, en el estado Falcón, y quien para el momento de la tragedia trabajaba como vigilante del CRP y anteriormente como supervisor de servicios logísticos.
Aitlio señala que esta ha sido la suerte de otros tres trabajadores de empresas contratistas y dos empleados de la propia Pdvsa a los cuales no se les indemnizó, al argumentar la junta directiva de la petrolera que el incidente fue producto de un sabotaje.
«A ninguno nos dieron nada, el señor Ramírez dijo que había sido un sabotaje y echaron para atrás todo lo que nos habían aprobado».
Félix Bracho de 45 años, trabajador de la empresa contratista Hafran, señala que otra de las razones que argumentó Pdvsa para no pagarle una indemnización por daños causados a su salud es que para otorgarle la calificación de trabajador discapacitado debía tener 67% de pérdida auditiva y en su caso llegaba a 37%. Sin embargo, acota que sufre de las secuelas que le dejó la lesión.
«Cuando voy a clavar aunque sea un solo clavo, me fastidia mucho el oído operado y si agarro un esmeril o un taladro es peor. Hasta la música me molesta. No me quise operar el oído derecho, imagínese cómo estuviera si lo hubiera hecho», cuenta.
Félix tenía tres meses trabajando en las instalaciones de Pdvsa cuando ocurrió la tragedia de Amuay. Ese 25 de agosto de 2012 le tocaba guardia de 7:00 pm a 7:00 am. Se percató también de la intensa fuga de gas cuando se fue al ¨patio de culebra» a buscar a otro compañero, y desde allí corrieron.
«La onda expansiva de la explosión nos elevó y al caer al piso teníamos varias quemaduras. Quedamos algo mareados pero no perdimos el conocimiento. Resulté con una perforación en la membrana del oído izquierdo y con 3% de quemaduras en ambas manos, en la cara y en la pierna. Me operaron en el año 2013 y tengo una prótesis. Pero en 2017 nos dejaron de pagar varios beneficios como el salario (sueldo mínimo) y el bono de alimentación, así como la asistencia médica y las medicinas. Pdvsa nos dio la espalda», afirmó Félix, quien ahora se encuentra en Colombia.
Para Iván Freites, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), la explosión de Amuay nunca debió ocurrir, si se hubiese escuchado los alertas que hicieron años antes los propios trabajadores, quienes ya avizoraban algunos problemas operativos en las refinerías venezolanas.
Recuerda lo sucedido en noviembre del 2005, en la planta de alquilacion 2 de la refinería Cardón, cuando también ocurrió una explosión de menor proporción que causó cinco muertos, decenas de heridos y un daño a esas plantas que aún no han podido ser recuperadas. Desde entonces, los trabajadores empezaron un «periplo por todas las instituciones del país a partir del 2006 denunciando que en el Centro Refinador Paraguaná no se estaban cumpliendo con las normas y protocolos de seguridad que deben ser de estricto cumplimiento en instalaciones de alto riesgo como son las refinerías de petróleo».
En el 2008 se acercaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, pero los papeles fueron engavetados.
Resalta que con unos trabajadores altamente capacitados y calificados a nivel mundial, hoy los trabajadores petroleros se mueren de hambre y no tienen como comprarse una medicina y menos darle alimentación y educación a sus familias, lo que constituye «una verdadera tragedia».
«A mi mente vienen la situación de Atilio, Reinaldo, Juan y tantos otros sobrevivientes de esta explosión, implorando ayuda, de todos ellos el que salió menos afectado quedó sordo, los demás hasta han muerto en sus peregrinaciones exigiendo justicia. Siempre recibo sus llamadas de esperanza y fe que el cambio en Venezuela viene y de allí se les hará justicia a su situación», afirma Freites.
Pero también hayo otros como Franklin Chuello (problemas auditivos), Humberto Harris (problemas auditivos y lesión musculoesqueletico), Juan Colina (problemas auditivos y fractura de pelvis), Osman Infante (problemas auditivos), Darwin Blanco (problemas auditivos), Jhonny Matheus (problemas auditivos y lesión musculoesqueletico) y Albert Acosta (problemas auditivos), entre otros, que esperan porque Pdvsa cumpla sus compromisos y salde su deuda.
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