Al señor fiscal Gabriel Jaimes se le respeta
En tiempo récord, 1290 firmantes enviaron una comunicación al fiscal general de la Nación en la que cuestionan la limpia trayectoria profesional del fiscal Jaimes y temerariamente afirman que no ofrece garantías en el proceso que se sigue en contra del expresidente Álvaro Uribe
Si los irresponsables contradictores del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez se dieren a la tarea de revisar con detalle la trayectoria del fiscal delegado Gabriel Ramón Jaimes Durán, pueden constatar que su hoja de vida al servicio de la rama es intachable; es por supuesto uno de los máximo exponentes veteranos en la difícil tarea de investigar, acusar o llegado el caso peticionar exonerar o precluir las actuaciones que llegan a su conocimiento.
Un corto vistazo confirma que desde el año de 1994 trabajó en distintos cargos en la Fiscalía General de la Nación. Se inició como fiscal seccional en Bucaramanga, hasta el 2007, paso a manejar la Dirección Seccional de Fiscalías en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y luego a ser fiscal adscrito ante la Dirección Nacional de Fiscalías de 2007 a 2008. De allí ingresó a la Unidad Nacional anticorrupción de Colombia de 2008 a 2009, Ha sido magistrado auxiliar del Consejo de Estado y en 2010 director nacional de investigaciones especiales. Su paso por la Procuraduría le permitió ser procurador delegado para el Ministerio Público en asuntos penales y procurador segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia. De 2010 a 2014 estuvo en la Dirección Nacional de fiscalías contra la extorsión y el secuestro y a 2015 en la dirección nacional de fiscalías contra las organizaciones criminales. Desde esta última fecha hasta hoy se desempeña en la Dirección Seccional de fiscalías de Bogotá, unidad de fiscalías especializadas contra el crimen organizado, en la que tiene por función especial la investigación y acusación en juzgamiento de delitos competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados y desempeña las labores de fiscal coordinador ante la Corte Suprema de Justicia.
A raíz de la renuncia al Senado del doctor Álvaro Uribe Vélez, que significó que la Corte Suprema de Justicia perdiera la competencia, y por ese motivo el expediente bien Kafkiano, por cierto, pasó por ausencia de fuero a conocimiento de la Fiscalía General cuyo titular, con acierto asignó el impulso del proceso al Dr. Gabriel Jaimes Durán, fiscal de carrera con experiencia y reconocimiento institucional más que comprobados.
No se entiende entonces cómo invadiendo la esfera judicial se acaba de conocer una inusual comunicación suscrita en tiempo récord por 1290 firmantes dirigida al fiscal general de la Nación en la que vienen a cuestionar la limpia trayectoria profesional del fiscal Jaimes y temerariamente afirman que el citado profesional no ofrece garantías en el proceso que se sigue en contra del Álvaro Uribe Vélez.
Esa misiva, que más bien parece que sus firmantes están ejerciendo una presión indebida al no respetar la autonomía e independencia de dicho operador judicial y que desde luego, irrespeta la dignidad y buen nombre del funcionario, les convierte a los firmantes en actores de una justicia espectáculo, al querer tratar de incidir en la labor del conductor actual de tan delicada investigación, por lo que se impone su total rechazo en tan burda intromisión.
Pero lo más extraño y por supuesto que deja un grave manto de duda es la similar coincidencia de esta actuación que curiosamente se produce a la par que se conoce la reciente decisión y labor de un juez constitucional, que avaló extraer información de las SIM card del supuesto testigo estrella, parlanchín y hablador Juan Guillermo Monsalve que por lo que se ha anticipado y se ha conocido más bien va a quedar por completo estrellado. Parece que esa legítima actuación del juez 42 de control de garantías, que ordenó la entrega a tres empresas de telefonía móvil de los mensajes de texto y de voz, ha puesto muy nerviosos a ciertas personas que deben saber lo que registran esos WhatsApp que se recuerda el senador Iván Cepeda en declaración conocida, dejo saber que se le había borrado o destruido al caérsele su celular.
Es posible también pensar que al intentar presionar indebidamente e interferir en las actuaciones judiciales, cuestionando abusivamente a un hombre probo, correcto y honesto que sí ofrece completas garantías a todos los sujetos procesales y por supuesto al país, lo que hace la comunicación en cuestión es también un reproche inadmisible a la administración de justicia que la cuestiona, quizás también queriendo anticiparse a cuestionar y enlodar las decisiones judiciales futuras que se apresta a adoptar el coordinador de fiscales, entre las que está próximo a decidir si precluye la actuación o acusa al señor expresidente.
Es tan delicada la situación que se acaba de conocer el comunicado de la Fiscalía rechazando enfáticamente las amenazas contra la vida y la integridad del coordinador de la Fiscalía ante la CSJ que da cuenta de que se han recibido sistemáticamente durante la última semana. Sin dudarlo, la Fiscalía debe rodear al doctor Gabriel Jaimes de todas las garantías y brindarle el máximo su seguridad. Desde luego, se condenan enfáticamente esta clase de amenazas que dejan conocer intenciones obscuras de personas que no quieran que el funcionario actúe con la independencia y criterio que le distinguen.
Esas decisiones por todos es sabido, que se aplauden cuando les favorece a los cuestionados firmantes y rechazan vehemente por fuera de las causas legales cuando les son adversas. En fin, la sociedad civil debe estar atenta y vigilante para repudiar la injerencia indebida y los mecanismos de presión mediante campañas de descrédito y desprestigio por parte de congresistas y actores partidistas contra la independencia judicial, quienes, por elemental principio constitucional, no pueden quebrantar la separación de poderes de las tres ramas del poder público.
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