Gobierno presenta 4 demandas contra Añez y ya prepara otra
Las cuatro proposiciones acusatorias serán analizadas por la Fiscalía General, que en 30 días deberá determinar si existe o no “materia justiciable”
Página Siete / La Paz
El Ministerio de Justicia tomó la batuta en el impulso de las acciones judiciales que se siguen contra la expresidenta Jeanine Añez y autoridades de su gobierno. Este lunes presentó cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades en su contra, anunció que alista otra y, en paralelo, justificó las acciones que sigue el Ministerio Público en el denominado caso “golpe de Estado”, por el que la exjefa de Estado ingresó ayer a prisión preventiva por cuatro meses.
“Hemos cumplido con la presentación de estas proposiciones acusatorias y lo que esperamos ahora es que la justicia actúe, que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda llegar al consenso necesario para garantizarle justicia al pueblo boliviano”, afirmó su titular, Iván Lima, en una conferencia de prensa en la que detalló que de las cuatro demandas, dos son impulsadas directamente por esa cartera y las otras dos a iniciativa de personas que se sintieron afectadas por el gobierno de Añez.
Un día antes, luego que una jueza dispusiera la prisión preventiva para Añez, Lima había confesado que el interés del Gobierno era mantener a la expresidenta en prisión por tres décadas.
“Lo que esperamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado con padres y madres que han quedado sin hijos”, dijo durante una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
Ayer anunció que a primera hora del día se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cuatro proposiciones acusatorias para el inicio de juicios de responsabilidades, una por un préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que habría causado daños al Estado, otra por la concesión “irregular” del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa, la tercera por atentados contra la libertad de expresión y la cuarta por atentados contra los derechos de un grupo bolivianos que retornaban de Chile durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.
Anunció, además, que próximamente se presentará otra proposición acusatoria, esta vez por el caso de las muertes ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) en octubre y noviembre de 2019, durante los enfrentamientos consecuentes de la renuncia del expresidente Evo Morales y el vacío de gobierno que llevó a que Añez asumiera el mando del país.
Dijo que para ello se espera el informe que debe presentar, hasta el 30 de mayo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) que investiga estos hechos.
“Estamos haciendo la evaluación jurídica y vamos a tener reuniones con todas las víctimas para tomar una decisión conjunta con ellos. Acá lo que hará el ministerio es acompañar a las víctimas, hemos estado en reuniones con el señor Presidente. Somos la cabeza del sector para la reparación integral de daño a las víctimas y va a ser escuchándolos a ellos que vamos a tomar la definición del inicio del juicio de responsabilidades por las masacres sangrientas en el país”, anunció.
Antes que concluya la pasada gestión legislativa, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó con sus dos tercios de voto el informe de una comisión mixta de investigación que sugirió el inicio de un juicio de responsabilidades por genocidio contra Añez y sus ministros por las muertes en Sacaba y Senkata, pero hasta la fecha no se presentó una proposición acusatoria formal, con la cual se activa un juicio de responsabilidad.
Por procedimiento, una vez que se presentó la proposición acusatoria, en un plazo de 30 días la Fiscalía debe formular el requerimiento de acusación o el rechazo. Si considera que existe materia justiciable, debe remitir el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el inicio del juicio de responsabilidades se debe autorizar por dos tercios de voto de los miembros presentes.
A diferencia de los fiscales que llevan adelante el proceso contra Añez por el denominado caso “golpe de Estado” y que ayer no quisieron dar más explicaciones sobre el tema que el contenido de un comunicado en el que aseguran que se respeta el debido proceso, Lima explicó que la expresidenta es procesada por la vía ordinaria en su condición de exsenadora, ya que el juicio gira en torno a lo que ocurrió antes de que ella asuma la conducción del gobierno transitorio.
“El caso que ha estado en trámite y que ha desembocado en una audiencia de medidas cautelares es realizado a la señora Añez en su condición de exsenadora del Estado y abarca los hechos que han ocurrido hasta el momento en que ha sido investida por el general (Williams) Kaliman con el mando presidencial, esos hechos están en la vía ordinaria”, explicó la autoridad.
Algunos de los argumentos de las proposiciones acusatorias
Son cuatro las proposiciones acusatorias presentadas ayer por el Ministerio de Justicia contra la expresidenta Jeanine Añez y algunos de sus colaboradores, fundamentalmente del área de economía.
Una refiere que la aprobación de los decretos supremos 4231,4199 y 4200 atentó contra la libertad de expresión y el trabajo, porque criminalizó las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.
Otra señala que su gobierno atentó contra derechos de bolivianos que retornaban de Chile el 25 de marzo de 2020 al no permitirles el ingreso al país, por lo que permanecieron dos semanas en “condiciones inhumanas” en territorio fronterizo, en medio de la primera ola de la pandemia.
La tercera propuesta acusatoria está referida a la aprobación del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020 que, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dispuso la transferencia de recursos a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), para hacer efectivo un crédito de 2.244.356.358,48 bolivianos ante el Fondo Monetario Internacional. El país habría perdido más de 24 millones de dólares.
Finalmente, se la acusa de haber autorizado mediante un decreto la “irregular” ampliación de la concesión del manejo del Registro de Comercio en favor de Fundampresa.
Las 4 demandas
El Ministerio de Justicia presentó este lunes cuatro propuestas acusatorias contra la expresidente Jeanine Añez y sus ministros, por estos casos:
1Por la aprobación de un crédito del FMI que causó un “daño” de más de $us 24 MM el Estado. Acusada por: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
2Por aprobar a través del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020, la ampliación “irregular” por 15 años adicionales de la concesión del Registro de Comercio a Fundempresa.
3Por atentados contra derechos de bolivianos que retornaban de Chile en marzo de 2020. La acusan de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación.
4Por atentados contra la libertad de expresión con los decretos 4231 y 4200. La acusan de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo.
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