Las multas en Cuba: represión para el pueblo y lucro para la dictadura
La aplicación de descomunales multas se ha convertido en una fuente de ingresos para la dictadura, a la vez que le sirve como medida represiva
LA HABANA, Cuba.- “Ahora estamos peor que en el período especial”, se le escucha repetir a la gente una y otra vez al comparar la crisis económica vivida en Cuba en los años noventas con la presente. Un vecino reflexiona: “Eran otros tiempos, ahora las carencias de todo tipo son mayores. No había COVID, ni tanta gente con el valor de protestar. La represión no estaba tan generalizada, ni el acoso y la persecución de policías e inspectores poniendo multas excesivas a troche y moche. Pero por otra parte, aunque la prensa oficialista encubra los abusos gubernamentales, hoy día muchos tienen móviles e internet para filmar y divulgar los hechos”.
En efecto, la crisis aumenta por día, y con ella la represión contra supuestos transgresores del Decreto No. 14/2020 (De las Infracciones Contra la Higiene Comunal y las Medidas Sanitarias para la Etapa de Enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de La Habana), con el que también sancionan a opositores pacíficos, ciudadanos que critican al gobierno públicamente, vendedores callejeros (generalmente clandestinos), especialmente de alimentos, etcétera. El uso desmedido de esta disposición incrementa la sospecha de que el verdadero objetivo de las multas es sacarle a la población las pensiones y salarios aumentados en el marco de la Tarea Ordenamiento.
Esa sospecha se ve retroalimentada con otra gran duda de la población: si en el país no se están produciendo más riquezas, ¿con qué se respaldan los aumentos salariales? La suposición más generalizada: con lo que se recauda de las multas. Que no es poco, ya que estas no bajan de 2000 pesos, y si se trata de vendedores o cuentapropistas, la cuantía es cuatro o más veces ese valor. Los medios oficialistas esgrimen –sin mucho éxito– el débil argumento de que esas multas son para exigir mayor rigor en la prevención del contagio durante la etapa de enfrentamiento a la COVID-19.
A esto se le suma que, cuando los afectados por las arbitrariedades cometidas por inspectores y policías (que por cierto trabajan en conjunto) protestan y defienden su derecho, son conducidos a la estación de Policía, donde, después de varias horas de arresto, se les impone además otra multa por “desacato”, con lo cual las autoridades no solo violan sus derechos individuales, sino que también imposibilitan cualquier oportunidad de resarcimiento.
Cada vez con más frecuencia vemos en los medios cómo los dirigentes exigen la aplicación de más multas, a la vez que se informa constantemente de las miles ya aplicadas. Esto parece haberse convertido para el gobierno en una obsesión, de ahí el comentario popular de que el país está en la ruina. Por sólo citar un ejemplo, en el periódico Tribuna de La Habana del 14 de febrero de 2021, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), sentencia: “Pese a las múltiples violaciones existentes, se analizó la baja imposición de multas en los días transcurridos de febrero y se llamó a los cuerpos de inspección a cumplir con su deber”.
Al mismo tiempo resulta inaudito cómo funcionarios y dirigentes justifican este proceder sin el más mínimo decoro. Mariuska Vega Deschamp, jefa del Departamento de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía Provincial de La Habana (FPH), en la propia publicación declara: “Todo lo que se pueda prevenir en aras de no llegar al momento de aplicar medidas penales es fundamental. La cuantía de las multas a los infractores son severas y cuando se trata de personas ascienden a 2000 pesos (…). Sin embargo, siempre se apela a la conciencia ciudadana porque es meritorio que todos incorporen a su cultura jurídica que al incumplir con esas orientaciones incurren en delitos y pueden ser sancionados con rigor”. Lo que no deja claro este galimatías es si la manera de apelar a la conciencia ciudadana es la multa.
Los cubanos nos enfrentamos no sólo a la COVID-19, sino también al incremento de una brutal represión por parte de los dirigentes, que como vulgares rateros saquean nuestros bolsillos y además encarcelan, golpean y multan a aquellos ciudadanos que se manifiesten pacíficamente contra la falta de libertades y el abuso de la dictadura. Con esa brutalidad pretenden contrarrestar el hecho de que el pueblo está perdiendo el miedo.
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