Sidor responde a los reclamos salariales con represalias y políticas de miedo
TCDA tres dirigentes sindicales de la empresa estatal les suspendieron el salario y a un grupo de 12 trabajadores los sometieron al escarnio público por haber protestado, tildándolos de «delincuentes terroristas» con imágenes que son de uso exclusivo de Sidor
Los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) José Saracual, Carlos Ramírez y Cruz Hernández son los rostros que aparecen en la valla con la que el gobierno de Nicolás Maduro, que se hace llamar «obrerista», advierte a la masa trabajadora sidorista lo que puede pasar si denuncian las violaciones de sus derechos laborales.
A ellos, que tienen más de tres décadas en la empresa, les quitaron sus salarios y no los dejan entrar a la empresa porque tienen sus fichas desactivadas. Están sin sueldo y viven de la solidaridad de cercanos y vendiendo cosas que adquirieron en el pasado.
En febrero a ninguno le depositaron los aproximadamente 13 millones de bolívares que cobraban cada quincena. Buscaron una explicación por distintos medios, pues pensaban que habían sido injustamente despedidos. Pero nadie les ha dado una respuesta, lo que les dejó claro que, aunque la empresa no lo reconozca, se trata de una retaliación política por haber dicho lo que ni Néstor Astudillo, presidente de Sidor, ni Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quieren que se sepa: los incumplimientos de contratos colectivos y las deplorables condiciones laborales que sufren los trabajadores de lo que era uno de los complejos más grandes y prestigiosos de este tipo en el mundo.
«Se debe a una retaliación política por los reclamos que hemos venido haciendo», dice Ramírez, uno de los dirigentes que ha participado en varias protestas por desmejoras salariales, suspensión del seguro HCM y desactivación de las fichas para ingresar a la empresa. «Hasta ahora (5 de marzo) no tengo ninguna información por parte de la empresa a pesar de que le envié mensajes a la directora laboral de Sidor, Noralis de la Rosa; al gerente de acería, Ramón Basanta; y a Luis Pérez, coordinador de acería, preguntando por qué no me habían pagado y si me botaron. No he tenido ningún tipo de información de ninguno de los tres, no sé cuál es la causa exactamente».
Ramírez ha estado en Sidor más de la mitad de su vida. De los 62 años de edad que tiene, 35 han sido de servicio a la empresa. Tenía un salario de quincenal de unos 13 millones de bolívares hasta que se lo suspendieron en febrero.
Los trabajadores de Sidor han visto desaparecer no solo la producción de acero sino también su salario y beneficios laborales. Hoy, casi 13 años después de que Hugo Chávez expropiara la acería a la internacional italo-argentina Techint, los sidoristas sienten que la «revolución» les «destruyó» su honor del que se sentían orgullosos: la empresa y las conquistas que habían alcanzado luego de años de lucha.
Sus exigencias se resumen en tres puntos: un plan para recuperar la producción de Sidor y de las demás empresas básicas de Guayana, permitir el regreso de más de 90% de los trabajadores a todas las empresas mandados a casa por la pandemia y cumplimiento del contrato colectivo y el cobro de un salario digno, como lo establecen el artículo 91 de la Constitución y el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo.
«En Guayana lo que hay es destrucción y hambre. Las empresas no están trabajando ni produciendo. Las destruyeron y quebraron», dice Ramírez.
La producción de la empresa cayó de 4.300.000 toneladas de acero líquido en 2007 a 17.000 en 2020.
Sidor tenía antes un movimiento sindical muy fuerte. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Siderúrgica (Sutiss) era una organización ejemplar no solo en la ciudad industrial de Guayana sino en todo el país. Incluso de él salió un dirigente que pasó a ser gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien trabajó en la fábrica de tubos de Sidor en 1973, donde fue elegido delegado departamental. En 1979 pasó a ser el presidente de la Sutiss luego de ganar un proceso judicial que inició en la Comisión Tripartita de Arbitraje, establecido en el convenio colectivo, por haber sido despedido por protestar. Fue en 1989 cuando se convirtió en el primer gobernador electo por voluntad popular en la entidad.
El sindicato sidorista peleaba por cualquier falla que hubiese en la empresa y esa lucha por conservar y mejorar sus beneficios y condiciones no se detuvo luego de que Hugo Chávez decretara la expropiación en 2008. Sin embargo, el expresidente, que prometió ponerse del lado del pueblo y de reivindicar a la clase trabajadora, respondió a los reclamos laborales con desmejoras de sus beneficios, una práctica que continuó y profundizó su sucesor.
En 2019 Sidor eliminó el seguro de HCM (hospitalización, cirugía y maternidad) y no lo ha activado ni siquiera en estos tiempos de pandemia. Sindicalistas denuncian que en 2020 murieron sidoristas por covid-19 que no pudieron ser atendidos en clínicas sino en hospitales donde «no hay garantías de nada».
Tras la llegada del coronavirus en marzo de 2020 y el decreto de estado de alarma, la empresa mandó a sus casas a más de 90% de la nómina, que son alrededor de 15.000 trabajadores. La directiva de Sidor les prometió a los empleados que mandaron a sus casas que les iban a seguir pagando como si estuvieran trabajando.
Así fue durante los primeros tres meses, pero a partir del cuarto mes, julio de 2020, Sidor empezó a recortar el salario. Desde 2018 la empresa no entrega ningún listín de pago, el recibo que le dan, a los trabajadores. No saben qué están cobrando. Sencillamente les depositan un monto en sus cuentas bancarias con el concepto de «pago nómina», pero sin mayores detalles, violando de esta manera el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece que «el patrono otorgará un recibo de pago a los trabajadores y trabajadoras cada vez que pague las remuneraciones y beneficios indicando el monto del salario y, detalladamente, lo correspondiente a comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, bonificación de fin de año, sobresueldos, bono vacacional, recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo nocturno y demás conceptos salariales, así como las deducciones correspondientes».
La desmejora salarial viola la Ley del Trabajo, que garantiza la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales para que los trabajadores no sufran desmejoras. Según el artículo 74, «durante la suspensión, el patrono o patrona no podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa justificada».
La reducción del salario produjo un descontento en los trabajadores, quienes empezaron a hacer reclamos y a denunciar que no les estaban pagando lo que la empresa les prometió. El 15 de enero de 2021, Sidor pagó una quincena de entre 4 y 10 dólares que calificaron de «miseria» y eso hizo que estallase una protesta de los empleados que siguen dentro de la planta de acería de palanquillas de Sidor. En la calle también se reactivó la protesta, pues la empresa tuvo que haber pagado la diferencia de utilidades que los trabajadores reciben el 30 de enero, pero este año decidió pagársela única y exclusivamente a los sidoristas activos.
«Eso hizo exacerbar mucho más la molestia de los trabajadores y empezamos a hacer una serie de protestas. Fuimos unas tres o cuatro veces hasta la CVG para entregar un documento simplemente con la intención de decir que queremos conversar y que nos escuchen porque nos están quitando nuestros derechos laborales. Pero en ningún momento, los señores Pedro Maldonado (presidente de CVG) y Néstor Astudillo (presidente de Sidor) nos han escuchado», asegura Carlos Ramírez.
Cruz Hernández, de 55 años de edad y 32 de servicio en la estatal como verificador de despacho, asegura que al gobierno «le estorba la dirigencia sindical, que se impone a una política netamente antiobrera que se instauró dentro de Sidor».
«Dentro de Sidor y también de la CVG hay un laboratorio para perseguir y hostigar a todo aquel que se oponga, un laboratorio que viola los derechos humanos y las libertades sindicales. Recibimos llamadas de extorsión. La respuesta hasta ahora ha sido de intimidación, persecución y suspensión de salarios. Incluso corrieron varias fotos de nosotros para incriminarnos como incitando al odio para que a los trabajadores los encarcelen o metan preso. A la CVG, al presidente de Sidor y al gobierno nacional: no somos ningunos delincuentes ni terroristas. Somos trabajadores, padres, que amamos a la empresa».
El 15 de febrero, estando muy enfermo de covid-19, Sidor, que estaba al tanto de su situación, le suspendió a Hernández el salario como «castigo por haber dado unas declaraciones a la prensa en las que exigía mejoras salariales, cumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo, beneficios y denunciaba la precariedad en la que se encuentran las plantas de Sidor y la baja producción». «Nos incriminan, nos quitan el salario o nos meten preso, una política de querer aniquilar a la dirigencia sindical y todo aquel que se oponga».
«No informan por qué nos suspendieron el salario, pero sabemos que es una retaliación. Nos amenazan y extorsionan por teléfono, nos suspenden el salario, nos incriminan y califican de terroristas, nos desactivan nuestras fichas de entrada, a nosotros, que amamos nuestra empresa, que le hemos entregado nuestras vidas a Sidor, nos golpean severamente el bolsillo. Tengo testimonios de mucha gente que está pasando hambre. Hemos exhortado que hagan visitas a las casas de los trabajadores para que vean el nivel de desnutrición de sus hijos. La lucha que hemos dado no es partidista. Estamos sufriendo en carne propia el hambre. Hemos exhortado al gobierno por cualquier medio, por la vía de la protesta pacífica, por prensa y estableciendo puentes para que se sienten con el trabajador. Es imposible que un trabajador pueda vivir con un salario de cinco dólares».
Sin sueldo, se ha medio mantenido «vendiendo cuantas cosas adquirió en mis buenos tiempos». «Estoy prácticamente en la ruina, terminé vendiendo un carro por piezas porque no pude repararlo, muebles y algunos enseres».
«Quiero preguntarles a Jorge Rodríguez, a Tareck El Aissami, al fiscal general de la República (Tarek William Saab) y al defensor del pueblo (Alfredo Ruiz Angulo), ¿no es una violación a los derechos humanos suspender el salario de los trabajadores y perseguirlos, hostigarlos y meterlos preso solamente porque reclaman lo que les corresponde, las conquistas que están establecidas en la Constitución y en el contrato colectivo, que es lo más sagrado. Estamos indefensos ante un gobierno cuyos funcionarios no hacen ningún pronunciamiento a la clase trabajadora que la están aniquilando y golpeando severamente».
Sidor también había suspendido el salario del trabajador César Soto, con 26 años de servicio, pero poco después se lo volvieron a reactivar.
«Terroristas»
Los trabajadores y sindicales también han realizado asambleas en el Portón 3 de Sidor y varias manifestaciones pacificas en la Avenida Guayana, una importante arteria vial que comunica Puerto Ordaz con Ciudad Guayana.
Luego de una de las protestas a mediados de febrero, circuló por las redes sociales una imagen con fotografías de una docena de trabajadores en la que se les acusa de «delincuentes terroristas» porque supuestamente «trancaron la avenida impidiendo el paso de ambulancias que trasladaban pacientes con condiciones médicas de gravedad, atentando contra la salud de los mismos».
*Lea también: Denuncian que presidente de Sidor autoriza calumnia contra 12 trabajadores
Uno de los 12 rostros sidoristas que aparecen en la imagen es José Saracual, delegado sindical de 62 años de edad con 38 años en Sidor, desde 1983, como técnico en mantenimiento mecánico hidráulico en la fábrica de tubos sin costuras de Sidor, a quien primero le bajaron su sueldo de 15 millones a 7 millones de bolívares y luego, en febrero, le dejaron de pagar.
«Me da mucha tristeza que me traten así, se me quiebra la voz cuando digo eso», dijo el trabajador. «Es duro pasar por esto. Sidor ha sido como una segunda casa, he vivido más en Sidor que en mi propia casa. Yo no esperaba eso a estas alturas de la vida, me da mucho sufrimiento ser tratado así. No se dice fácil, pero son 38 años trabajando, eso es duro. He gastado 39 pares de botas en esos 38 años, eso no las gasté paseando sino trabajando, haciendo mis labores. Hay que verle la cara a eso, sin meterle camisa, pantalón y el desgaste físico. Me han ayudado con transferencias de dinero para comprar algunas cosas y bolsas de comida que me regalan. A uno nunca le falta Dios. Así es que he hecho».
Saracual, quien ha participado en las actividades de protestas del sindicato, asegura que la foto que aparece en la imagen donde lo incriminan pertenece al archivo privado de la empresa que toman cuando dan la ficha para ingresar. «Por eso presumimos que quien facilitó eso fue la empresa. Es un documento que no está al alcance de nadie, nadie tiene acceso a esas fotos, solamente personal de Sidor en parte de seguridad y archivo de Sidor».
El 22 de febrero, los trabajadores fueron a la fiscalía a denunciar la calumnia por miedo a que la exposición de sus rostros pusiera en peligro a ellos y a sus familias. Aseguraron que en ningún momento trancaron la vía y mucho menos impidieron el paso de ambulancias. Introdujeron un recurso de amparo en la fiscalía para resguardar su identidad física si sucede algo en la calle. También fueron a la Inspectoría del Trabajo, donde los atendieron el 4 de marzo luego de tres días yendo sin recibir respuesta. Pusieron formalmente la denuncia de que les suspendieron el salario.
Las acciones de Sidor contra los tres sindicalistas violan también el artículo 355 de la Ley del Trabajo, que establece los derechos individuales de la libertad sindical, entre ellos «organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de trabajo», «participar democráticamente en la toma de decisiones de la organización sindical a que este afiliado o afiliada» y » «ejercer libremente la actividad sindical». También violentan el artículo 418 relativo al fuero sindical o inamovilidad laboral, según el cual los trabajadores que gocen de este derecho «no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo».
Miedo a alzar la voz
Los sindicalistas sostienen que los sidoristas que siguen activos en la empresa están trabajando en condiciones «muy malas y precarias». Entre otras cosas, no les han dotado de mascarillas ni uniformes de seguridad y protección. Tampoco dejan entrar a los delegados sindicales para que vigilen la situación y recojan los reclamos. Sin embargo, «el trabajador que está dentro tiene miedo de decir cosas porque saben que lo desactivarían», asegura Saracual.
«Hay una persecución contra los trabajadores que reclaman sus derechos. En Sidor hay miedo de reclamar y por eso no logramos conformar un reclamo. Los trabajadores que siguen dentro, alrededor de 3.500 personas, puede que estén pensando más con el estomago que con la mente. A ellos no solo les pagan el salario sino también bonos y bolsas de comida.Prefiere sostenerse y no acciona en otras cosas. El estómago le está ganando la partida, prefiere perder sus derechos con tal de comer y mantener a una familia. Esto lo ha llevado a quedarse callado y no reclamar ni apoyar a los que estamos en una lucha reclamando otras cosas que también le afectan a él».
No obstante, Saracual asegura que no los tildan de enemigos.
No renunciarán a la lucha
Según Ramírez, los trabajadores de Sidor no abandonarán la calle hasta que sean escuchados y cumplan con sus exigencias. «No queremos irnos a los extremos, nuestra protesta es pacífica, pero por esta situación de que nadie nos escucha va a pasar lo que no queremos que pase. Estamos preparando junto con trabajadores de Alcasa y Venalum una gran protesta en Guayana que puede conllevar a tomar medidas drásticas porque tienen que escucharnos. No estamos haciendo nada malo ni vamos a tumbar gobierno, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que nos oigan y nos paguen lo que nos deben. Queremos que las empresas empiecen a producir».
Las violaciones a los derechos laborales y libertades sindicales por parte del gobierno de Maduro llegaron a tal punto que la OIT vio la necesidad de crear la decimotercera Comisión de Encuesta de los casi 101 años que tiene la organización para investigar violaciones de los convenios laborales cometidas en Venezuela. Luego de su visita, en julio de 2019, la instancia emitió un informe en el que, entre otras cosas, constata la existencia en el país de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales.
La Comisión de Encuesta denuncia que en el país “tuvieron y tienen lugar una serie de actos de violencia contra empleadores y contra sindicalistas que son violatorios de las libertades civiles básicas”, en particular la seguridad e integridad física de la persona. Asegura que la gran mayoría de estos actos quedan impunes ya sea porque no se investigan, porque se investigan insuficientemente, o porque su investigación es tan lenta que los procesos se perpetúan.
El gobierno también ha respondido a los reclamos laborales con el encarcelamiento de los principales dirigentes sindicales del país, entre ellos el sindicalista de Ferrominera Rubén González, quien en agosto de 2019 fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 9 meses de cárcel y liberado en septiembre de 2020, como parte de 110 «indultados» por el gobierno de Maduro, luego de permanecer 21 meses injustamente encarcelado y juzgado ilegalmente en tribunales militares.
Además, el número de trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) detenidos durante la administración de Maduro ha aumentado desde 2017. De acuerdo con cifras presentadas por la organización no gubernamental Foro Penal y las recabadas por TalCual, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG, 17 de ellos están calificados como presos políticos.
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