martes, 15 de junio de 2021

Fatou Bensouda deja la Fiscalía de la CPI sin un pronunciamiento final sobre Venezuela

 

Fatou Bensouda deja la Fiscalía de la CPI sin un pronunciamiento final sobre Venezuela

EEUU sanciona a fiscal general de la Corte Penal Internacional CPI
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La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano


La abogada gambiana Fatou Bensouda deja este martes 15 de junio su cargo como fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), tras nueves años donde ha sido criticada o exaltada por sdu actuaciones, y sin un pronunciamiento final sobre uno de los exámenes preliminares sobre Venezuela.

La semana pasada, la fiscal dijo que el examen preliminar conocido como Venezuela I, donde se investigan supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el contexto de manifestaciones antigubernamentales por lo menos desde 2017, “ha avanzado significativamente” y esperaba anunciar “en cuestión de días” si abre una investigación formal o clausura el informe.

La decisión de la Fiscalía de la CPI, que asumirá a partir del 16 de junio el británico Karim Khan, se hará pública cuando la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por el Ministerio Público venezolano, pues se quejaron de recibir un trato “discriminatorio” y “desigual”.

Será entonces Karim Khan quien informe la decisión final sobre el examen preliminar Venezuela I. El británico habría expresado en privado su intención de participar activamente en este proceso, más allá de recibir un mandato de la fiscal anterior.

Karim Khan y Bensouda ya han sostenido encuentros virtuales y presenciales para organizar la transición. Antes de marcharse, la jurista gambiana dejó a su colega una recomendación: “Habrá intentos de interferir con su imparcialidad. Debería hacer todo lo posible para resistirlos”.

*Lea también: Michelle Reyes: “En caso de Venezuela, Fiscalía de la CPI ha hecho un trabajo imparcial”

En todo caso, en su informe de actuaciones de 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.

Desde entonces, como explica la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el examen preliminar también se ha basado en la existencia y autenticidad de los procedimientos nacionales como parte de la evaluación de la admisibilidad.

Fiscal cuestionada

Fatou Bensouda consiguió las primeras condenas por crímenes sexuales y destrucción de patrimonio protegido, pero se va con el lastre de las absoluciones de altos cargos africanos sospechosos de crímenes de lesa humanidad.

La jurista gambiana tomó posesión en junio de 2012 de una posición que conocía de cerca. Fue la fiscal adjunta de Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de un tribunal internacional criticado por centrarse demasiado en África.

Durante el mandato de Bensouda, las miras de la Fiscalía se extendieron. Abrió investigaciones en Afganistán, con acusaciones contra tropas de Estados Unidos; en Georgia, donde se exploran supuestos delitos del Ejército ruso; y en Palestina, debido a crímenes cometidos presuntamente por Israel y por el movimiento islamista Hamás.

La jurista gambiana también consiguió que la Corte Penal Internacional considerara por primera vez el derribo de edificios históricos y religiosos protegidos como un crimen de guerra.

Ocurrió en el caso del yihadista Ahmad Al Mahdi, condenado a nueve años de cárcel por ordenar la demolición de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú, Mali, que eran lugar de peregrinación para la población local.

Bensouda mantiene abierto el examen preliminar de Colombia, hecho público en 2004 por el conflicto armado entre el Ejército, la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. La Fiscalía de La Haya vigila de cerca la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional para procesar delitos graves cometidos en el marco de conflicto armado.

O, como dijo recientemente la jurista gambiana a Efe, “un desarrollo muy interesante” porque “va en la dirección de intentar traer justicia”. El asesinato de líderes sociales en Colombia también recibe el escrutinio de su oficina.

Con información de EFE

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