La universidad venezolana y su vía crucis, por Gioconda Cunto de San Blas
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Twitter: @daVinci1412
La noticia del fallecimiento del rector (USB) Enrique Planchart me sorprende mientras escribo estas líneas. Defensor incansable de la autonomía universitaria, durante sus últimos años y sin que lo doblegaran sus problemas de salud, mantuvo con firmeza su posición rectoral como testimonio de la institucionalidad debida al cargo y desafío a la pandilla que usurpó funciones académicas, en asalto a las normas constitucionales autonómicas.
Su firme actitud contra la barbarie antiuniversitaria se enmarca dentro de los cánones que reiteradamente en estos días se han hecho públicos a través de manifiestos como el de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales y los documentos de Scholars at Risk (SaR), todos los cuales expresan preocupación por la situación de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela.
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En un plan de destrucción por diseño, nada dejado al azar, el régimen avanza en contra de la universidad autónoma, libre, plural y democrática. Beneficios laborales eliminados, sueldos miserables, convenios colectivos firmados sin participación tripartita, estructuran un paquete de violaciones a acuerdos gremiales suscritos en el pasado. Y son razones, entre otras, para la erosión a la mitad de su planta profesoral, huidos del país en procura de horizontes más amables, dejando atrás salones de clase y laboratorios de investigación, que inactivos y abandonados, han comenzado a ser pasto de pillajes.
Más grave aún, las acciones dirigidas a destruir la universidad abierta a todas las corrientes del pensamiento universal buscan imponer un modelo educativo politizado y dirigido a adoctrinar más que a educar.
El régimen intenta controlar a la sociedad del conocimiento a través de leyes como la Ley de Educación Universitaria, proyecto en discusión actualmente en la Asamblea Nacional, en el marco de «construcción de una sociedad socialista», a través de un proceso de «hegemonía cultural para la superación de la sociedad capitalista».
No en balde, el Índice de Libertad Académica en Venezuela apenas alcanza a 0.20 sobre 1, muy por debajo de 0.77 exhibido por el promedio de países de América Latina y el Caribe. Razones sobran para esa baja valoración. Los documentos arriba mencionados las señalan: incumplimiento de leyes internacionales suscritas por Venezuela en favor de la libertad académica; limitaciones a la autonomía universitaria; señalamiento de profesores y estudiantes por expresar ideas libertarias académicas; y en casos más graves, detención arbitraria, arresto, violencia, entre muchas otras acciones antiuniversitarias.
Entonces, no es de extrañar que las instituciones reclamen exigencias a los efectos de garantizar el retorno a las libertades de pensamiento, expresión y cátedra, indispensables para la vida universitaria.
Son parte del menú de exigencias: suspender acciones encaminadas a arrestar, acusar, ejercer violencia contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la libertad académica; garantizar presupuestos adecuados para el ejercicio de la función académica; liberación de profesores y estudiantes presos por razones relacionadas con la libertad académica.
En su documento, la CIDH destaca el rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. A su vez, resalta la estrecha relación existente entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática. Tal como ha expresado la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, «sin libertad académica, las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, para la generación de conocimientos y para la búsqueda constante de mejoras en la vida de las personas y en las condiciones sociales».
Es lamentable que en este año 2021, cuando deberíamos estar celebrando con regocijo los 300 años de la Real Cédula de Felipe V que eleva el Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima a Real Universidad de Caracas, a cumplirse el próximo 22 de diciembre, tengamos más bien que estar luchando contra los atropellos de quienes tienen en la ignorancia una fórmula infalible para la sujeción social, receta ya denunciada por el Libertador en 1827, al transformar la colonial Universidad de Caracas en republicana Universidad Central de Venezuela: «El más preciado instrumento para la conservación y defensa de la libertad es una universidad capaz de formar hombres libres para dirigir la vida colectiva en búsqueda del beneficio común».
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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