La falta de atención médica se acentúa para los presos políticos
La desnutrición y muertes por enfermedades han desplazado a las riñas como las principales causas de fallecimiento en las cárceles de Venezuela. Dos presos por razones políticas fallecieron este año por enfermedades no atendidas. Al menos otros 40, según el Foro Penal Venezolano, se encuentran gravemente enfermos. El Observatorio de Derechos Humanos tiene identificados al menos a 170 con condiciones de salud que deben ser atendidas
El 3 de enero de este año, el pemón Salvador Franco murió dentro de la cárcel de El Rodeo II (estado Miranda), producto de un cuadro de desnutrición y tuberculosis que no fue atendido. El pasado 29 de agosto, Gabriel Medina Díaz falleció en el hospital Manuel Núñez y Tovar, tras ser trasladado de la cárcel de La Pica (Monagas), debido a una insuficiencia respiratoria.
Franco y Medina fueron presos por razones políticas. El pemón fue acusado de estar involucrado en el asalto a dos cuarteles militares al sur de Bolívar a finales de 2019, mientras que Medina fue detenido por presuntamente planear el secuestro del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. A ambos les fue denegada la asistencia médica, pese a las órdenes de tribunales, lo que en el derecho penal internacional es considerado como una forma de trato cruel e inhumano.
La Constitución venezolana contempla, en su artículo 43, la responsabilidad del Estado en garantizar la vida de aquellas personas privadas de libertad. Además, existe una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos crueles, inhumanos y degradantes que establece medidas de protección y reparación para las víctimas y sus familiares, al igual que estipula penas de 13 a 23 años de prisión contra aquellos que cometan este tipo de delitos.
Según el Foro Penal Venezolano, hasta el 4 de octubre se registraron 259 presos políticos en todo el país. 126 son civiles y 133 militares. Alfredo Romero, presidente de la ONG, comenta que tienen registros de más de 40 personas detenidas por razones políticas y que se encuentran gravemente enfermas.
Tal es el caso de Emirlendris Benítez Rosales, una comerciante y ama de hogar que está siendo defendida por el Foro Penal. La mujer estaba haciendo una carrera el 5 de agosto de 2018, pasó por una alcabala donde le pidieron sus papeles, los entregó y, acto seguido, fue detenida sin que le explicaran los motivos.
Para su sorpresa y la de sus familiares, a Benítez se le involucró en el atentado contra Nicolás Maduro con drones de ese año. Marianny Leal, hermana de la detenida, asegura que «está pagando algo que ella no hizo. Es una persona sencilla, humilde, buena madre, amiga e hija. Las muchachas que están presas con ella dicen que es muy humanitaria».
Mientras estuvo detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Emirlendris Benítez fue víctima de tortura y tratos crueles. Según relatan sus familiares, fue golpeada por funcionarios, vapuleada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas plásticas. Esto le hizo abortar al bebé que estaba gestando en ese momento. Además, contribuyó a un encapsulamiento en mama de una de sus prótesis y la migración de biopolímeros desde sus glúteos hasta sus piernas y columna vertebral.
Benítez está recluida actualmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques. Su hermana asegura que no puede caminar, pues dice que cada vez que afinca los pies «es un dolor insoportable que no aguanta. No saben qué problema tiene porque no la ha visto un especialista. Se queja de muchos dolores de espalda».
Creo que lo que ella está pasando no lo toman en cuenta, insiste Marianny Leal, «porque aparte de lo que tiene, la ponen a cargar agua, a hacer flexiones (…) Cada día está peor, llora por los dolores. Le mandan a hacer los exámenes, la trasladan y no le hacen nada. En el Hospitalito no se lo realizaron porque dicen que no hay especialistas».
La denegación recurrente de atención médica que sufre Benítez no es exclusiva de las autoridades del INOF o el tribunal que lleva su causa. Situación similar padece el capitán de navío Luis de la Sotta, quien se encuentra preso en Fuerte Tiuna acusado de estar presuntamente involucrado en la llamada Operación Gedeón.
Al igual que Benítez, el militar también ha sido víctima de torturas y tratos crueles. Sus condiciones de encarcelamiento han contribuido al deterioro de su salud. En abril de este año, De la Sotta sufrió graves problemas renales, aunque sí pudo ser evaluado por un especialista y lograron realizarle algunos exámenes médicos.
Molly de la Sotta, hermana del capitán, explica que esa dolencia logró atenderse gracias a que los pocos exámenes fueron revisados por un médico privado, que le administró tratamiento. Pero su problema cardíaco, que es su enfermedad de base, así como los vértigos que sufre desde junio no han sido atendidos.
«Lo trasladaron al hospital militar esposado para que lo viera el neurólogo. Le mandaron a hacerse una tomografía pero ningún tipo de tratamiento. Lo regresaron a Fuerte Tiuna y no le hicieron la tomografía porque, según ellos, no tienen cómo hacérsela», dice De la Sotta.
Por ello han pedido al juez militar Leonard Pernía, del Tribunal 1º de Control, su traslado a la Clínica El Ávila para poder realizar el estudio. «Pero el juez Pernía dice que él lo vio bien en la audiencia preliminar (agosto), y como él lo ve bien no ordena el traslado».
Otro de los civiles con graves problemas de salud es Frank Cabaña, acusado de presunta conspiración por el caso de Óscar Pérez. El joven fue trasladado desde la sede del Cicpc en Los Rosales a una cárcel común, tras el decreto presidencial 4.610 que ordena el traslado de los detenidos en las sedes de organismos de inteligencia a centros de reclusión adecuados.
Cabaña tiene una lesión en el pulmón izquierdo, así como en el hombro, además de dificultad para respirar y pulpitis irreversible, un problema que afecta la pulpa dental y le produce dolores.
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