viernes, 8 de octubre de 2021

Rodulfo González. LA CORRUPCIÓN EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


            Como Panama Papers (en español Papeles de Panamá) ​ designaron los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que «oculten la identidad de los propietarios”.

            Así lo registra Wikipedia, la enciclopedia libre, agregando que los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación (periódicoscanales de televisión y plataformas digitales) en 76 países.

            De igual modo reveló que el 9 de mayo de ese mismo año  el ICIJ, siglas en inglés del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, publicó la base de datos completa, que funciona bajo licencia Open Database License (ODbL, v1.0) y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA3.0).

     La fuente explicó además que en al menos 12 casos se menciona a ciudadanos de Venezuela, entre los cuales se cuentan los asociados a la denuncia que vincula a Cuba y Venezuela en la producción de documentos de identificación para dicho país.           -Los casos –advirtió- no se restringen a una única tendencia política. En opinión de los periodistas venezolanos que participaron en la investigación de los papeles de Panamá, el análisis de datos sobre entidades y ciudadanos venezolanos, que ya lleva casi un año, continúa, siendo probable que aparezcan más implicados. El Ministerio Público venezolano solicitó enjuiciar a Jannet Coromoto Almeida por haber trabajado como representante en Venezuela del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, empresa vinculada a los llamados «Panama Papers», el caso sobre lavado de dinero y evasión de impuestos. De acuerdo a un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana mediante estos documentos se conoció que la abogada captaba clientes para lavar dinero y evadir impuestos. En la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 4° (e), 51°, 73° y 74°, Keyla Solórzano, Marijosé Frutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, ratificaron la acusación contra la mujer por el delito de captación indebida. Un tribunal en Caracas admitió la acusación. ​

            Un día después de producirse la información que antecede, el diario El Impulso, de Barquisimeto, Estado Lara,  en el reportaje “¿Quiénes son los venezolanos que aparecen en los «Papeles de Panamá»?”, citó a tres exfuncionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez.

            -El venezolano –indicó- que ocupó el mayor cargo, entre los que figuran en el escándalo, es el capitán retirado, Adrián José Velásquez Figueroa, de 36 años de edad, quien fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores, durante un período de Hugo Chávez.

(Para la fecha del reportaje estaba residenciado en Punta Cana, República Dominicana, junto a su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y ex oficial de la Armada. En octubre de 2021 ambos estaban detenidos en Madrid a la espera de su extradición a Estados Unidos)

            El Impulso añadió:

            -El segundo nombre de la lista es Jesús Villanueva, ex director de Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), desde el año 2005, hasta el 2008.

            Villanueva inició en la compañía en el año 2002, con el cargo de auditor general hasta el 2005 donde pasó a ser director general, durante el gobierno de Chávez.

          En 2006, recibió una sentencia de la Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde señalaba que Villanueva, al ser vicepresidente del comité de auditoría y también experto financiero del mismo, no era “independiente”.

            Dejó la junta en 2008, cuando Chávez reemplazó a seis directores, pero continuó como auditor.

            En una nota confidencial de Pdvsa en 2009, Villanueva expuso un desfalco con una red de suministro de alimentos en todo el país creada por Chávez y la empresa petrolera. Una auditoría reveló que solo el 25% de los más de 2,2 millones de dólares que se pidieron para importar alimentos a mediados de 2008 había llegado a Venezuela seis meses después del pago.

            Por último, está Víctor Cruz Weffer, ex comandante de las Fuerzas Armadas venezolanas durante el año 2001, donde fue despedido tras ser acusado de malversación por su anterior gestión de un fondo de desarrollo social de 113 millones de dólares.

            Luego de una investigación iniciada en 2002 que le realizaron las autoridades venezolanas, en el 2007, fue acusado de enriquecimiento ilícito y de no revelar intereses financieros.

            También afirmaron los fiscales que Weffer habría enviado cientos de miles de dólares a cuentas bancarias en el extranjero, donde obtuvo acciones de la sociedad de Seychelles Univers Investments., sin embargo quedó absuelto de cargos en 2011.

            Sin embargo, La Tabla @latablablog informó el 21 de marzo de 2018:

            -El general Víctor Antonio Cruz Weffer, de 66 años, y su esposa Krsmar Dioxana Velasquez Fariñas, de 36, fueron capturados anoche en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar por delitos de corrupción y legitimación de capitales informó el Fiscal General Tarek W. Saab.

            En otro tuit explicó:

                -Cruz Weffer fue comandante del Ejército,  jefe del Plan Bolívar 2000 y presidente de Fondur y sus compañías  offshore aparecen mencionadas en #PanamaPapers por lo que el MP solicitó su aprehensión.

            El 22 de abril de 2017 María Laura Chang reportó en Esfera Cultura la aparición del libro Panama Papers caso Venezuela: de cómo los enchufados sacaron ventajas del control de cambio,  publicado por  Editorial Dahbar y el portal Armando.Info, producto de la investigación llevada a efecto por  400 periodistas, entre ellos 14 venezolanos, que se hizo acreedor al prestigioso Premio Pulitzer.

            La investigación acumuló millones de documentos y correos electrónicos de clientes del bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca, reconocido como una de las principales firmas proveedoras de servicios de empresas offshore, que se filtró  por intermedio diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que  decidió compartir la data con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que a su vez replicó la información a medios en todo el mundo para lograr abarcar la mayor cantidad de historias.

            -El 3 de abril de 2016, -explicó la periodista-  109 medios de comunicación publicaron en simultáneo reportajes que revelaban cómo jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte, contrataron los servicios del bufete para el ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión de impuestos. Lo hacían a través de la creación de compañías en  los paraísos fiscales y Venezuela no fue ajena a este escándalo. De 241 mil archivos que tenían la palabra Venezuela, el equipo de investigación consiguió armar 23 historias en las que se evidencian casos de corrupción y lavado de dinero.

(El capítulo venezolano de  Panama Papers fue coordinado por  Joseph Poliszuk. Los otros periodistas de Venezuela que participaron en la investigación fueron:Ahiana Figueroa, Alfredo Meza, César Batiz, Ewald Scharfenberg, Fabiola Zerpa, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon, Roberto Deniz, Ronna Rísquez, Maolis Castro, Alicia Hernández y Hugo Prieto)

            El 5 de abril de 2016 Alfredo Meza, del diario El País, España, reportó que en Papeles de Panamá Venezuela aparece citada 241 mil veces, agregando que uno de los señalados, Adrián José Velásquez Figueroa, quien fuera de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas en 2007, en tiempos del teniente coronel ® Hugo Chávez abrió una cuenta en la República de Seychelles cuatro días después de la victoria de Nicolás Maduro.

            Tanto él como su esposa, esposa Claudia Díaz Guillén, quien ocupara el cargo de tesorera nacional de la República y enfermera del extinto dictador, se encontraban detenidos en una cárcel española a la espera de ser  extraditados a Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos, en octubre de 2021.

            Luego de su baja del ejército como capitán con una pensión de 200 dólares, se convirtió en empresario.

            -Los números –explicó el periodista- son elocuentes: la palabra “Venezuela” aparece en un poco más de 241.000 documentos contenidos en la base de datos que el ICIJ convirtió en la más grande filtración sobre empresas en paraísos fiscales jamás registrada. De todas las historias quizá la de Velásquez Figueroa y su esposa sea la más escandalosa por la cercanía con el líder bolivariano y por la certeza de que jamás como asalariados podrían haber llegado a acumular una fortuna.

            La investigación, que comenzó en junio de 2011 e incluye otra serie de historias de funcionarios venezolanos, ha permitido comprobar que Velásquez Figueroa es un contratista del Estado, que tiene cuentas bancarias en Suiza y en República Dominicana, que hasta junio de 2015 tenía una residencia temporal en ese país y una propiedad valorada entre 400.000 y 1,6 millones de dólares, y que todos esos bienes, según declaró el propio excapitán del ejército… cuando el bufete panameño pidió explicaciones, son haberes personales.

            Meza añadió:

            -Los documentos de Mossack Fonseca ofrecen ejemplos notables sobre lo que ocurrió en Venezuela durante los últimos 15 años con el destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el Estado manejó en el marco de una política de importaciones masivas y el mantenimiento de un subsidio a la tasa del dólar. También se evidencian las estructuras corporativas a la medida que la compañía panameña armó para algunos clientes venezolanos que querían o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con directores de la propia MF, o generar deuda externa a través de transacciones con cascarones vacíos –con frecuencia, empresas propias– que luego se podían presentar al organismo administrador en la Venezuela del régimen de control cambiario.

            Aunque no es un delito registrar una empresa en un paraíso fiscal, los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no estén envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales.

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