Oxímoron argentino: el cine independiente, dependiente del Estado
Ante la necesidad imperiosa de una mínima corrección fiscal, los cineastas “independientes” “luchan” en Buenos Aires para mantener sus privilegios
Las protestas de los cineastas independientes, y de la gente que se desempeña en el ámbito de las producciones audiovisuales, ya consiguieron esta tarde la renuncia del presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Pero no les alcanza con la cabeza de Luis Puenzo, quieren recuperar todos los subsidios que el Estado argentino empezó a retacear, en el marco de la necesidad de la corrección fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.
Curiosamente, se reivindican como productores “independientes”, pero a la vez reconocen que sus trabajos no podrían realizarse sin los subsidios estatales. Parece ser que la única independencia que quieren tener es la del mercado, para conseguir recursos para realizar producciones que la gente no quiere ni le interesa ver.
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Denominarse como “independiente” y a la vez depender de los fondos de un único aportante (que encima consigue los recursos mediante la coerción impositiva gubernamental) es una contradicción en términos. Esto no es una cuestión ideológica, es idiomática. No es “neoliberalismo”, es castellano. Si fueran independientes, conseguirían sus propios recursos para hacer sus producciones, sin depender ni económica ni artísticamente del peor mecenas que puede existir: el Estado.
Es lamentable que, en los últimos años, ante el avance de la influencia política de la mano de subsidios impúdicos, muchos artistas se hayan dedicado a producciones complacientes con el poder. Se trata de un círculo vicioso, de soborno bilateral, donde unos hacen que trabajan y los otros consiguen material para los canales de distribución estatales y paraestatales, como para justificar el relato gubernamental.
Atrás quedaron los días donde la música y el arte se utilizaban como una herramienta cultural contestataria, sobre todo ante los poderes establecidos. El Estado argentino ha cooptado desde el rock hasta la cumbia y consigue material audiovisual para sus fines comunicacionales en todos los géneros. Los artistas independientes que manifiestan abiertamente su descontento, no solamente sufren la quita de los privilegios de sus colegas, sino que también son víctimas de un empresariado temeroso, que no quiere problemas con el poder político.
Como señaló valientemente el diputado nacional José Luis Espert, “la cultura tiene que ser un negocio”. Más allá de la mala prensa que tengan las cuestiones comerciales, lo cierto es que hay dos caminos en este sentido: o los artistas responden al público, lo que producirá la diversificación y los matices que dio la cultura históricamente o lo hacen ante el Estado. Este camino no tiene ningún aspecto positivo, más allá de los privilegios de unos pocos. Las expresiones artísticas terminan siendo monocordes, diciendo lo mismo, atentando contra la diversidad y la discusión de ideas y, como si fuera poco, terminan financiándose de manera forzosa, mientras el Estado está absolutamente quebrado.
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