Diego, de 22 años de edad y el segundo de cuatro hermanos, lleva casi un año trabajando como ayudante en una empresa de servicios, en Caracas. Por el tiempo, pronto podría gozar de vacaciones  e iniciar los cómputos de utilidades y prestaciones sociales, con el rigor de la ley laboral, pero eso no le importa. “Lo que yo necesito es un ingreso mensual en divisas que me ayude a mantener en algo a mi familia. Para qué voy a esperar el cobro de prestaciones con bolívares si eso se va a devaluar?”.  

En la actualidad, tiene un salario equivalente a 10 dólares diarios, es decir, a 200 dólares mensuales –1.200 bolívares, al cambio de 6 dólares promedio– sin bono extra pero sujeto a horario flexible. En su empleo  anterior, en  un autolavado en el municipio Libertador, devengaba 50 dólares al mes -300 bolívares en promedio-, pero eso ya no le alcanzaba. 

Aun así, está a la espera de una nueva oferta de trabajo para ganar un poco más. “Allí veré si me quedo o me sale una mejor oportunidad”, dice el joven, quien a los 16 años dejó de estudiar para poder ayudar a su mamá.  Aunque no descarta engrosar con sus hermanos la cifra de migrantes venezolanos, en un futuro, afirma que no se irá por los momentos. “Las chambas se están moviendo con tanta franquicia en la ciudad”.

Diego puede formar parte del 37 % de los 6,8 millones de jóvenes  venezolanos, entre 15 y 29 años de edad, que están condenados a la “doble exclusión”: no cursan estudios ni ingresan al mercado laboral formal, es decir, con reivindicaciones laborales, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Juventud 2021, realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en 2021.  

Los datos, basados en la percepción de más de 10.000 entrevistados pertenecientes a los hogares estudiados por la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), indican que el principal problema de ellos es tener acceso  a un empleo de calidad, pero como no lo obtienen,  buscan lo “más práctico”.

Qué esperan los jóvenes

En medio de un país marcado por las dificultades económicas y la desigualdad, los jóvenes se han vuelto “pragmáticos”. “Desean divisas sin importar la condición laboral”, afirma la abogada Andrea Mesa, coordinadora de Formación de la Encuesta de la UCAB.

El grupo de jóvenes consultados dice que no desea hacer estudios universitarios, sino más bien cursos o aprender oficios que le permitan conseguir rápidamente empleo. Y los problemas económicos encabezan la lista (47,1 %) de los que aquejan al país, con la inflación como el más importante.

Pero ahora es menor la premura de mirar hacia  afuera, señala Mesa. “En comparación con 2014, la propensión bajó. Más de 40 % de los jóvenes encuestados dijo que no se iría, frente al 28 % que dijo que sí, y el 24 % expresó no tener seguridad”.  

Y lo explica: “El grupo de entre 25 y 29 años de edad señala que ha encontrado oportunidades en el país, bien porque pudo terminar una carrera universitaria que le abre oportunidades laborales, o porque tiene acceso a cargos que nunca imaginó, o porque llegó al país con capitales y abrió sus propios negocios”.

Los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, por su parte, ven que los países más cercanos de la región, como Colombia, están copados, sin oportunidades laborales, y optan por quedarse en el país.

La alternativa, en consecuencia, es lanzarse a un mar de comercios, muchos de estos informales, resueltos a resistir la asfixia de los impuestos nacionales, regionales y municipales, en medio de un difuso y casi inexistente marco laboral.  

Los jóvenes no están ingresando en compañías o comercios para hacer carrera, sino que, por el contrario, buscan aprender y crecer en el oficio de manera individual, para luego independizarse; hay una rotación importante”, refiere una especialista en Recursos Humanos que trabaja en Captación y Remuneración de personal. 

Y resalta otra característica: “La situación económica del país los empuja a buscar un salario en divisas, por trabajo de 4 a 8 horas diarias. En una tienda pueden ganar entre 20 y 30 dólares mensuales”.

Un diluido marco laboral

Se desconoce la cantidad de jóvenes que ingresan al año en el sector comercio.  “Mientras no estén agremiados es difícil saber de porcentajes porque los sindicatos son los que nos nutren de esa información, y es difusa. Sobre todo porque tienen alta rotación”,  apunta el abogado laboralista José Henríquez.

Pero lo cierto es que la inserción de los jóvenes está ocasionando un cambio en la dinámica laboral, en medio de la falta de políticas públicas del primer empleo y de los contratos de formación, que están establecidos en el reglamento de la Ley del Trabajo de 1999.

Reinaldo Guilarte, abogado laborista y profesor de la UCAB, precisa que la crisis del país ha generado un duro entorno regulatorio  y la informalización del empleo. Un joven trabajador prefiere entonces escoger una actividad económica que le permita generar ingreso. Es verdad que existe el decreto ley de 2012  que establece una regulación del trabajo que establece las pasantías, pero es irreal. “Si  un joven no tiene una relación laboral pero está cumpliendo una jornada de trabajo y recibe instrucciones, no tiene sentido llenar una pasantía que no es paga. Es  más bien abuso de la figura y termina siendo en el fondo explotación”. 

Y esto ocurre  frente a un marco legal “que no existe”, afirma. “´Se puede tener una ley pero al no aplicarla es como si no existiera. Hablar de la legislación que existe cuando en el trasfondo lo que hay es informalización del empleo, del salario y un permanente fraude a la legislación estamos en un sálvese quien pueda”.

Adaptar el empleo nuevas exigencias

Los jóvenes prefieren preservar sus empleos no regulados. No disponen de estabilidad ni la buscan, pero sí una nueva oportunidad  “Eso es lo que está ocurriendo y es válido. No buscan la formalidad porque no les hace falta, y ganan menos. Entre ganar 60 dólares mensuales o 180 semanales, prefieren esta última sin un contrato formal ni beneficios laborales, aunque la otra opción ofrezca antigüedad”, explica Hernández. 

Esto además les da la oportunidad de trabajar en dos o tres sitios a la vez. “Es la fórmula del rebusque que en Venezuela predomina en los últimos años”.

Ni pensar en demandar cualquier incumplimiento ante un tribunal laboral. Los avances logrados a partir de la Ley Procesal del Trabajo “se han perdido”, coinciden litigantes experimentados.

Hace siete años, por el mes de agosto, llegaban 4.000 demandas laborales, pero hoy no llegan a 200. Eso es un indicativo de que hay pocas compañías, que los trabajadores están aguantados en las que hay. Los juzgados están abandonados, muchos sin luz ni insumos, y no dan acuse de recibo. De 12 taquillas para recepción de documentos solo funcionan dos. Algunos tribunales tardan hasta tres semanas para admitir una demanda que antes se decidía en dos días y otros están acéfalos”.  

La situación requiere que el mercado laboral se adapte a las nuevas exigencias. Debe decidirse si se mantiene el empleo como en el siglo XX o se establece otro modelo de relación, reflexiona Guilarte. 

“Por ejemplo, un muchacho o muchacha que trabaja en una organización pudiera prestar sus servicios de forma independiente para otra empresa. La pandemia dejó claro que los títulos no sirven porque lo primero que generó fue desempleo, y todo el que tenía un oficio sobrevivió. Y gana más y mejor que una persona con posgrado, o en una trasnacional. Es la realidad a la que se enfrentan los jóvenes hoy”.

.EL DIARIO