sábado, 1 de octubre de 2022

Dos grandes incógnitas en las elecciones presidenciales de Brasil

 

Dos grandes incógnitas en las elecciones presidenciales de Brasil

Casi un centenar de observadores internacionales recibieron el jueves 29 detalles sobre el proceso comicial en el Tribunal Superior Electoral. Acompañarán las elecciones brasileñas del 2 de octubre, sus pruebas de seguridad, la votación y el escrutinio y su inusual elevada cantidad busca neutralizar amenazas del presidente Jair Bolsonaro y los militares contra el sistema electoral electrónico. Foto: Rosinei Coutinho / SCO-STF-Fotos Públicas

RÍO DE JANEIRO – Brasil llega a las elecciones de este domingo 2 de octubre con dos grandes incertidumbres: si el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva triunfa ya en esa primera vuelta y si habrá una reacción violenta de los seguidores del presidente Jair Bolsonaro ante su probable derrota.

La última encuesta del Instituto Datafolha, divulgada el 29 de septiembre, apunta a que Lula cuenta con 48 % de la intención de voto. Eso representaría 50 % de los votos válidos, pero como el margen de error es de dos puntos, deja incierto un desenlace en la primera vuelta que exige más de mitad de los votos válidos.

Otra encuesta, divulgada tres días antes por otro instituto, el Inteligencia en Encuestas y Consultas Estratégicas, Lula obtuvo 52 % de lo que serían votos válidos, también una proyección insuficiente para que se pueda adelantar que no habrá segunda vuelta el 30 de octubre.

Tres horas y 15 minutos de broncas intervenciones entre los siete candidatos a la presidencia más representativos, en el gran debate de la noche del jueves 29, no dirimieron la duda. Ninguno de los dos candidatos principales tuvo un desempeño descollante o capaz de definir el juego.

Lula y sus partidarios, que componen para estos comicios un frente amplio informal en defensa de la democracia, esperan liquidar la disputa este 2 de octubre. Arguyen que eso restaría condiciones para que los bolsonaristas cuestionen el resultado electoral, incluso con actos violentos.

La primera vuelta de los comicios presidenciales coincide con la elección de 27 gobernadores de estado, 27 senadores (un tercio del total), los 513 diputados nacionales y los 1059 diputados de los estados. En ese caso denunciar fraudes en la elección del presidente pondría en tela de juicio los resultados de todos.

En la segunda vuelta estarán en la disputa solo los dos candidatos más votados para presidir el país y gobernar los estados, donde no hubo mayoría absoluta el 2 de octubre.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de sus últimos actos electorales, en un barrio pobre de la zona sur de São Paulo, en un esfuerzo por triunfar ya en la primera vuelta de los comicios el domingo 2 de octubre. Foto: Ricardo Stuckert / Fotos Públicas

Amenazas de violencia armada

El presidente de extrema derecha insiste que el sistema brasileño de urnas electrónicas es vulnerable a los fraudes. Y asegura que fue víctima de una estafa que impidió su triunfo en la primera vuelta en octubre de 2018.

Amenazas de rebelión contra resultados electorales adversos acompañan sus sospechas. El Tribunal Superior Electoral (TSE), responsable de los comicios en Brasil, amplió la cantidad de instituciones nacionales e internacionales que observarán la votación y el escrutinio, para despejar dudas sobre la seguridad de las elecciones.

Pese a esas medidas de transparencia y el gran favoritismo de Lula apuntado por todas las encuestas, Bolsonaro sigue afirmando que solo se evitará su triunfo el domingo 2, con más de 60 % de los votos, si “pasa algo anormal en el TSE”.

Un aviso de que no aceptará los resultados, que refrenda que durante el debate evitará confirmar que aceptará los resultados de las urnas del domingo.

Sus declaraciones alimentan el temor de que intentará un golpe de Estado, con posible respaldo de los militares, o que por lo menos impulsará los actos de violencia de sus seguidores más radicales.

Durante su gobierno, iniciado el primer día de 2019, el presidente adoptó medidas que triplicaron la cantidad de armas en manos de los coleccionadores, tiradores deportivos y cazadores, tres categorías de civiles que pueden poseer y portar armas de fuego. Esos grupos adquirieron más de un millón de armas en ese período de tres años y medio.

Además Bolsonaro cuenta con una fuerte adhesión entre los cuerpos policiales militarizados de los 27 estados brasileños, que cuentan con más efectivos y están menos sujetos a la disciplina de las Fuerzas Armadas.

El presidente Jair Bolsonaro movilizó su mujer, Michelle Bolsonaro, en la parte final de la campaña, en un esfuerzo por ganar votos femeninos y reducir su elevado rechazo entre las mujeres. La primera dama, una evangélica radical, también contribuye a ampliar la adhesión del abultado segmento de los fieles de esa confesión a la campaña por la reelección del presidente. Foto: Isac Nóbrega / PR-Fotos Públicas

La resistencia

Las amenazas bolsonaristas contra el proceso electoral y sus ataques a la Justicia Electoral y al Supremo Tribunal Federal (STF) provocaron una reacción concertada contra esas intimidaciones de distintos sectores de la élite empresarial, jurídica, intelectual y artística desde julio, con varios manifiestos firmados por miles de personas.

La defensa del “estado democrático de derecho” es la consigna que se diseminó por el país.

A la vez se compuso un amplio frente de respaldo a Lula, incluso con llamados al “voto útil” para asegurar su triunfo en la primera vuelta. Viejos adversarios políticos y jueces jubilados del STF que condenaron o criticaron Lula por los escándalos de corrupción en que se involucró su gobierno (2003-2010) adhirieron al movimiento.

Esa resistencia y el debilitamiento político de Bolsonaro socavaron las condiciones para una sublevación. Pero aún se teme actos de violencia por hordas bolsonaristas armadas, durante o después de los comicios.

La violencia sería, por ejemplo, un arma para aumentar las abstenciones del electorado pobre de las periferias urbanas. Como Lula disfruta de apoyo mayoritario en las capas más pobres, la abstención le restaría los votos necesarios para un triunfo en la primera vuelta.

Aplazar el desenlace le proporcionaría a Bolsonaro cuatro semanas más para intentar un vuelco en las urnas, aunque todos los sondeos coinciden en que es prácticamente imposible su reelección.


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Nunca se realizaron tantas encuestas electorales en Brasil. Más de una docena de institutos las efectúan este año, algunas semanalmente desde agosto. Sus resultados varían, pero casi todas apuntan una estabilidad inusual en las preferencias por los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil.

Lula se mantiene entre 44 % y 48 % de la intención de voto entre los entrevistados, con Bolsonaro entre 10 y 15 puntos porcentuales por debajo. Los demás nunca alcanzaron 10 % y aparecen con menos de 7 % en las últimas encuestas.

Los grupos más numerosos a favor de Lula son las mujeres, que representan 53 % del electorado de 156 millones de brasileños, y los más pobres, que declaran en gran mayoría su voto por este candidato. El expresidente tiene también ventaja en las regiones más pobladas de Brasil: las de Sudeste y el Nordeste.

En el Sudeste, compuesto de los tres estados más poblados del país, São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, Lula consolidó una mayoría de intención de voto, en un vuelco en relación a 2018, cuando su Partido de los Trabajadores (PT), entonces representado por Fernando Haddad, perdió contra Bolsonaro por una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a nivel nacional.

Vocación minoritaria

Esta vez Bolsonaro mantiene la mayoría solo en la región de Centro-oeste, cuya economía es dominada por la agricultura de monocultivos de exportación, como la soja, el maíz y el algodón. Tiene la menor población regional de Brasil, con 16,7 millones de habitantes en 2021.

El Sudeste, con 89,6 millones, y el Nordeste, con 67,6 millones, suman 73,6 % de la población nacional que era de 213,3 millones el año pasado.

Bolsonaro mantiene una consolidada adhesión de cerca de un tercio del electorado, pese a la gestión considerada como “pésima” por casi mitad de la población.

El respaldo de la mayoría de los fieles de iglesias evangélicas y de las áreas bajo influencia del llamado agronegocio le aseguran ese capital político que tiende a mantener después de dejar el gobierno.

Pero su índice de rechazo sobrepasa la mitad de los entrevistados en las encuestas, un nivel que le quita cualquier posibilidad de triunfo electoral, según coinciden los analistas locales.

Como extremista de la derecha, se eligió en 2018 debido a una coyuntura excepcional de deterioro político, económico y moral por la corrupción, una situación difícil de repetirse.

ED: EG

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