Las fuerzas de seguridad disparan más sobre los afrodescendientes
GINEBRA – En países con altos porcentajes de africanos y afrodescendientes en su población, las tasas de muertes de esas personas por parte de las fuerzas de seguridad es desproporcionadamente alta, indicó este viernes 30 un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
A pesar del “progreso gradual” en el abordaje del racismo sistémico contra los afrodescendientes, el informe encuentra denuncias continuas de trato discriminatorio, uso excesivo de la fuerza, y muertes de migrantes africanos por parte de las fuerzas del orden.
“Cuando están disponibles, los datos recientes muestran tasas desproporcionadas de muertes de afrodescendientes por parte de las fuerzas del orden en diferentes países”, dice el informe.
También se registra una mayor falta de rendición de cuentas en casos que involucran a afrodescendientes o africanos en encuentros con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
“Solo una fracción de los casos de muerte o lesiones de personas de ascendencia africana a manos de las fuerzas del orden fueron denunciados o atrajeron la atención del público o de los medios”, detalló el informe, y señaló que “se han informado casos de clasificación errónea y subnotificación en Brasil y Estados Unidos”.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, casi 80 % de las víctimas de operativos policiales en 2020 en Brasil eran de origen africano, y Acnudh y otras entidades de derechos humanos han expresado su preocupación por las muertes que se han producido durante las operaciones policiales a gran escala.
Por ejemplo, la la muerte de 23 personas en un solo incidente en mayo de 2022 en Vila Cruzeiro, un barrio marginado y predominantemente afrodescendiente en Río de Janeiro, Brasil, que, según se informa, estaba bajo investigación.
Además, el informe, divulgado en esta ciudad suiza sede de Acnudh, se centró en detalle en siete casos emblemáticos de violencia policial contra afrodescendientes.
Son los de George Floyd y Breonna Taylor en Estados Unidos; Adama Traoré en Francia; Luana Barbosa dos Reis Santos y João Pedro Matos Pinto en Brasil; Kevin Clarke en Reino Unido; y Janner (Hanner) García Palomino en Colombia.
García Palomino, por ejemplo, era una joven promesa futbolística a quien dio muerte un policía en Puerto Tejada, suroeste de Colombia, en junio de 2020. Clarke era un afrodescendiente de 35 años que sufría de trastornos mentales y murió bajo custodia policial en el suroeste de Londres en 2018.
Barbosa dos Reis fue una mujer brasileña, afrodescendiente y lesbiana, fallecida por violencia policial en un asalto de la Policía Militar en la ciudad de Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo.
Aún más conocido es el caso de Floyd, asfixiado por un policía que le tenía en el suelo sometido y cuya muerte, en mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos, desencadenó un vasto movimiento de protesta bajo la consigna “Black Lives Matter (Las vidas de los negros son importantes)”.
En cuanto a la respuesta a esta brutalidad policial, el informe señala que aunque se ha avanzado en la rendición de cuentas de algunos de estos casos icónicos, “lamentablemente ninguno de ellos ha concluido aún, con las familias buscando siempre la verdad, la justicia y las garantías” de no repetición.
Tampoco se ha completado “el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables”, y las familias afrodescendientes continuaron denunciando los inmensos obstáculos y los prolongados procesos que enfrentaron en su búsqueda de la verdad y la justicia por la muerte de sus seres queridos a manos de las fuerzas del orden.
Nada Al-Nashif, a cargo de la Acnudh, dijo que “Los Estados deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y la reparación cuando los africanos y las personas de ascendencia africana hayan muerto en el curso de la aplicación de la ley”.
En términos generales, el informe constata la persistencia de denuncias de trato discriminatorio, deportaciones ilegales, el impacto desproporcionado de la pena de muerte o políticas punitivas de drogas, así como sobrerreprsentación en arrestos y en las cárceles.
También de manera general, el activismo liderado por afrodescendientes, al que se unen muchas otras personas, ha llevado a un mayor reconocimiento del carácter sistémico del racismo y dado lugar a iniciativas concretas en algunos países.
En Canadá hay crecientes llamados para la despenalización de la simple posesión de drogas, incluso para abordar las disparidades raciales en la aplicación de la política criminal de drogas en ese país, y Suecia toma medidas para evaluar el uso de perfiles étnicos por parte de la policía.
Al-Nashif presentará el informe el 2 de octubre al pleno de 47 Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A-E/HM
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